Las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la humanidad y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, el complejo militaro-industrial implementa cada vez más guerras para seguir su crecimiento perverso. En este contexto aparece como un imperativo ético y político el análisis medular de las guerras: no podemos ya contentarnos con las explicaciones postizas y seudo antropológicas de “guerras tribales” o de “no hay cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya naturaleza distila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios e instituciones que difunden, algunos más sutilmente que otros, esas premisas cosméticas. Aquellos que tienen un altísimo interés en impedir la comprensión de la realidad, y por consiguiente la posibilidad concreta de transformación de la misma, financian estos tanques de pensamiento.
1. ‘CULTURA DE ACEPTACIÓN DEL SAQUEO’ DISFRAZADA DE ‘CULTURA DE PAZ’
Sería digna de aguaceros de risas en una representación de teatro grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente”, financiados por la industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz”, cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EE.UU., en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en “enseñarles” a becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc., la manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los conflictos desde la civilidad” y de “desarrollar una cultura de paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de Cultura. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la Cultura de Paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos, son adiestrados en la retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas.
Los apelativos “guerras tribales”, y demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el statu quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos ‘Señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global capitalista como ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día con más recursos planetarios.
El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: es una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema capitalista. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es indispensable.
2. ACUMULACIÓN CAPITALISTA Y TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA
En la realidad colombiana se plasma el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. En Colombia son acicateadas las estrategias del Terror correlativas al saqueo capitalista. Estas son también exportadas como método de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación y contrainsurgencia a países de la región (México, Honduras, Venezuela, etc.).
Las cifras del Terrorismo de Estado en Colombia son elocuentes: según un reciente informe, un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de 2015, y otros 276 fueron agredidos1. Otro informe documenta que Colombia es el segundo país líder en el asesinato de ambientalistas en el mundo, con 25 asesinados en el 20142. El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética3.
La planificación de la acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 6,3 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria4. El despojo se acelera: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por multinacionales5.
El Terrorismo de Estado se expresa también en: 9.500 presos políticos6; la eliminación física de un partido político, la Unión Patriótica (5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado)7; el exterminio contra la oposición política es tal que “en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano”, según denuncia la CUT8. El Tribunal Sindical Mundial condenó al Estado colombiano “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados (…)”9.
El genocidio se plasma en los niveles de desaparición forzada: la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia10. Un informe de la Fiscalía documenta 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de solo 5 años11. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en el cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales, cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años12. La Coordinación Colombia-Europa-EE.UU. expresó que hay “un continuo aumento de los casos. (…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad. (…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país”13. Hay mecanismos para la impunidad: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades. (…) Muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos (…)” [Ibíd.]. Se suman las leyes que excluyen a gran parte de las víctimas de desaparición forzada de los registros, las leyes que amplían el accionar represivo de la policía y las leyes que intentan cobijar de impunidad a los responsables: “El Gobierno del presidente Santos está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas”14.
La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que tiene estrecha ‘asesoría’ estadounidense15.
3. PLANIFICACIÓN DE LOS CRÍMENES DE ESTADO EN EL MARCO DE LA LÓGICA DE “DISUADIR LA REIVINDICACIÓN MEDIANTE EL TERROR”
Hay una lógica en el Terrorismo de Estado: a mayor tortura y degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje disuasivo” en las comunidades. La estrategia de la disuasión mediante el terror está teorizada en los manuales del ejército: se concibe a la población como “el enemigo interno” y se preconiza claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las masacres y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia desde la misión estadounidense Yarborough16, y reiteradamente apuntalado hasta nuestros días. La herramienta paramilitar es adiestrada para torturar y entrenada por (de)formadores de EE.UU. e Israel, como el mercenario Yair Klein17. Se trata de perpetrar Crímenes de Estado como el crimen contra la niña Alida Teresa Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para torturar a su padre (preso político), a la par que inyectar miedo en la oposición política18; o como la masacre de la familia del militante comunista y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y castrado19.
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| Unas de las 60 víctimas de la masacre de Mapiripán, julio de 1997 |
Se trata, en el marco de esta planificación del Terror Estatal, de perpetrar masacres como la masacre de Mapiripán. Los paramilitares fueron trasladados en aviones del ejército del norte al sur de Colombia, y llevados por el ejército al sitio de la masacre20. Estuvieron amputando y violando durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie: debido al cerco del ejército, nadie pudo darle auxilio a la población. Unas 60 personas fueron asesinadas; sometidas a toda clase de torturas. Hasta hoy hay dificultad para identificar a las víctimas dada la barbarie con que la herramienta paramilitar procedió a descuartizarlas y lanzarlas al río. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿Sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de seguridad para que salieran los paramilitares. El ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” [Ibíd.]. Mientras los paramilitares torturaban, el ejército garantizaba las atrocidades combatiendo a las FARC, que intentaron romper el cerco militar para auxiliar a la población. El ejército garantizó que la masacre comprendiera las torturas más aberrantes: no era “una bala perdida”, era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en los Llanos Orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió: “Pasaron camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados (…) otro grupo de paramilitares también se desplazó pero por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río” [Ibíd.].
Otro crimen de Estado, que evidencia de manera flagrante esta planificación del terror, es aquel cometido por militares y paramilitares contra la comunidad del Cacarica, cuando “jugaron fútbol con la cabeza” del líder campesino afrodescendiente Marino López. La Operación Militar ‘Génesis’ consistió en aterrorizar a la comunidad para forzarla a un masivo desplazamiento poblacional: “Los paramiltares y también militares rodearon todo el caserío. Nos juntaron a todos. (…) Dos de los doce militares tomaron a Marino. (…) Lo insultan, lo golpean. Uno de los criminales coge un machete y lo corta en el cuerpo, Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas… Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos. Todo fue terror”21. Los habitantes denunciaron el accionar de la Brigada XVII. Varios paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón, alias “El Alemán”, señalan al General Rito Alejo del Río como uno de los máximos responsables: “Se trató de una operación conjunta”, relataron ante el Fiscal de Justicia y Paz22.
La lista de crímenes de Lesa Humanidad perpetrados de manera sistemática por el Estado colombiano contra la población, en el marco de una planificada estrategia del terror y desposesión, sería interminable. El Estado colombiano y su mentor estadounidense pretenden continuar viabilizando el saqueo de los recursos aterrorizando a la población, cuya reivindicación entra en conflicto con la depredación capitalista. Se pretende eliminar toda oposición, sea esta armada o no.
El testimonio de Marinelly Hernández, presa política, es ilustrativo de las aberrantes torturas que el Estado colombiano comete contra los familiares de los opositores políticos, máxime si estos son insurgentes, una realidad silenciada: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo. Mi papá tenía 70 años, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?”23. Aquí la tortura aberrante claramente tiene por objetivo enviar un mensaje de terror a los que piensen ingresar en la insurgencia. Estas prácticas genocidas son recurrentes.
Marinelly expresa la correlación entre el saqueo de los recursos y las masacres perpetradas por el ejército y la herramienta paramilitar contra la población de las zonas codiciadas por el gran capital. Aquí se refiere a la masacre del Río Nare: “El Capitán Martínez con sus tropas ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el mineral: un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al otro día entraron con motosierras y hachas: amarraron a los trabajadores en cadena… los iban soltando de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola pierna, hacían un montón y lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas y otros los dejaban para que las aves se los comieran” [Ibíd.]. Marinelly, de una familia campesina, vivió en carne propia las agresiones del ejército colombiano contra el campesinado; fue testigo de múltiples asesinatos de amigos y familiares, cuyos cuerpos fueron abandonados torturados y desmembrados: “Parte de la guerra sucia y psicológica que implementan para asustar a los luchadores populares”. La presa política explica que las violaciones del Estado colombiano la empujaron a la insurgencia, como “su única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades” [Ibíd.].
La combinación del saqueo de los recursos y el Terror de Estado ejercido contra quiénes se oponen al saqueo, explica la existencia de las insurgencias colombianas como única salida que encuentra una población sometida al despojo y a la represión más descarnada frente a sus reivindicaciones. Esta es una comprensión indispensable para quiénes deseamos la paz en Colombia. La paz significa justicia social, cese de la entrega del país en concesiones a multinacionales, reforma agraria, soberanía alimentaria, y cese del Terror de Estado que hoy facilita la acumulación capitalista en desmedro de las mayorías empobrecidas. Los problemas deben ser resueltos desde sus causas, no desde sus consecuencias.
4. ¿DENUNCIAREMOS LOS CRÍMENES RESULTADO DE UNA PLANIFICACIÓN ESTATAL, O VAMOS A SEGUIR PROMOVIENDO LA CONFUSIÓN?
Estos crímenes de Estado envían un mensaje del terror contra la población: ‘Esto les puede pasar, a ustedes o a sus familiares, si persisten en su reivindicación’. Hay un claro intento de paralizar la acción reivindicativa de las comunidades, y ese terror se ejerce desde el mismo Estado, en un accionar que obedece a unos intereses económicos claros: es inaceptable por lo tanto que se intente endilgar los crímenes a “la violencia” en abstracto, como reiteradamente lo hacen los mass-media con los crímenes del Terrorismo de Estado. El mensaje es enviado por los verdugos a través de sus ejecutantes paramilitares, y no es aceptable que los maquilladores mediáticos vengan a garantizar la impunidad total a quienes son los verdaderos comanditarios de estos crímenes: los que se sirven del terror para sojuzgar a un pueblo y para garantizar la acumulación de capital en pocas manos, en desmedro del medio ambiente y de las mayorías. El intentar, mediante el aparato mediático, transformar los reiterados asesinatos políticos en “víctimas de los violentos” (así, “los violentos”, en abstracto), busca diluir responsabilidades, busca ocultar la planificación de un Terror que de manera sistemática es ejercido desde el propio Estado contra la oposición política. Esa impostura mediática no cala en los sectores más conscientes del campo popular, sin embargo en parte de la opinión pública sí hace mella.
5. OFENSIVA CONTRA LA COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD: ESTRATEGIA DE LA CONFUSIÓN
La Estrategia de la Confusión es implementada hasta la saciedad por el aparato mediático: por ejemplo el redactar notas sobre crímenes en los que se conoce perfectamente que la autoría es paramilitar, pero poner “asesinado por grupos armados”: esto con la clara intención de exculpar a la herramienta paramilitar que le sirve al poder económico, y de buscar endilgarle a la resistencia popular parte de los crímenes perpetrados por la estrategia paramilitar.
El léxico “grupos armados” o “actores armados” es un léxico de la confusión, dado que grupos armados son tanto los paramilitares, como el ejército, como las insurgencias; por lo tanto no hay nada más aberrante que conocer que los victimarios son parte de una Estrategia represiva Estatal y paraestatal, articulada al poder multinacional, y optar por tejer el discurso de la confusión. Esta mediatización es indignante, y constituye una doble victimización de las comunidades que denuncian a los responsables y que sin embargo ven ignoradas sus voces en las notas mediáticas, de manera a que la herramienta paramilitar-militar del terror no solamente haya cometido las atrocidades, sino que los medios no señalen su responsabilidad, amparándola así de la impunidad que la perpetúa.
Parte de la Estrategia de la Confusión es el empleo de la falsa dicotomía “grupos armados legales” versus “grupos armados ilegales”: siendo legales las fuerzas represivas del Estado, mientras que en la ilegalidad se hallan tanto las fuerzas represivas paramilitares –que sin embargo se articulan al mismo Estado, recibiendo logística, armamento e impunidad–, y las guerrillas –éstas últimas de naturaleza opuesta al paramilitarismo–. Esta perfidia mediática busca instaurar un campo conceptual que ignora la realidad del paramilitarismo como estrategia preconizada en manuales militares. También busca instalar un campo conceptual que excluye el carácter político y social del conflicto colombiano, al intentar presentar a las insurgencias en un mismo paquete con el paramilitarismo; intentando quitarle a la guerrilla su carácter político, inherente a su misma génesis y composición, de ser una expresión del campo popular colombiano que se alza en protesta política contra el saqueo, protesta política que deviene armada debido a la imposibilidad democrática instaurada desde el Estado mediante la sistemática represión al opositor político.
El paramilitarismo es una herramienta al servicio del Gran capital que actúa con la plena coordinación del ejército colombiano; pero los medios trabajan para ocultar la vinculación de esta herramienta con los que la crean y emplean. Lamentablemente este trabajo sistemático de los medios logra colonizar a parte importante de la población, dejando incluso huellas residuales que sorprende encontrar en las mentes de las mismas víctimas. El bombardeo mediático es una ofensiva sin tregua contra la capacidad de comprensión de la realidad, y por lo tanto, contra la posibilidad de acción efectiva sobre la misma.
Por ello es importante desenmascarar esa planificada manipulación semántica diseñada por los tanques de pensamiento. Esa manipulación es también inyectada en el discurso de las ONG a través del condicionamiento que imponen los financistas, logrando paulatinamente que en el campo popular se introduzca un entramado semántico que obstaculiza la capacidad de comprensión de la realidad. Hay una planificación del terror para facilitar la acumulación capitalista en manos de multinacionales y latifundio; frente al genocidio no cabe más caer en el borroneo de las causas del drama colombiano, ni jugar a la confusión, ni adoptar el léxico impuesto por los tanques de pensamiento de la USAID.
Publicado originariamente en el sitio web www.azalearobles.blogspot.it, 7 de mayo de 2015.
1 “Agresiones contra Defensores(as) de Derechos Humanos en Colombia. Enero – Marzo 2015”, somosdefensores.org, abril de 2015:
“Dentro de los presuntos responsables de las 295 agresiones contabilizadas por el SIADDHH en el primer trimestre del año, señalamos que los paramilitares aparecen con responsabilidad supuesta en 230 casos (78%), la Fuerza Pública en 13 casos (5%), las guerrillas en 1 caso (0.5%) y actores desconocidos en 51 casos (17%)”.
2 Alice Harrison, “The deadly environment for human rights defenders”, ishr.ch, 28-04-2014.
3 Boletín Informativo N° 18 de PBI Colombia, noviembre de 2011.
4 Camila Espitia, “Área de Refugiados y Migraciones Forzadas”, codhes.org, Boletín # 16, 22-02-2015; “El conflicto armado en Colombia suma 6,8 millones de víctimas”, teleSURtv.net, 29-12-2014; Juan Alberto Sánchez Marín, “Colombia es el país con más desplazados y refugiados internos”, actualidad.rt.com, 31-05-2011; Codhes, “¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010”, rebelion.org, 15-02-2011; “Informe Global 2014: desplazados internos por los conflictos y la violencia”, acnur.org, 14-05-2014.
5 Darío Arenas, “Las venas abiertas de Colombia”, rebelion.org, 19-04-2011.
6 Azalea Robles, “‘Delito de rebelión’ por oponerse al monopolio capitalista: Presos Políticos, entre torturas e invisibilización”, azalearobles.blogspot.com.es, 22-05-2012.
7 “El Baile Rojo – Memoria de los silenciados” (2003), youtube.com.
8 Luis Alberto Vanegas, “En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, por una violencia sistemática del Estado colombiano”, rebelion.org, 23-01-2011; “Informe de CUT Colombia a la OIT”, cut.org.co, 29-05-2014; Jorge Olmos, “Colombia: Continúa el exterminio de dirigentes populares”, teleSURtv.net, 29-01-2015; Renán Vega Cantor, “La “contrainsurgencia laboral” en Colombia”, rebelion.org, 13-04-2015; Domingo Tovar Arrieta, “¡La violencia antisindical de Colombia persiste! Radiografía de la crisis humanitaria del sindicalismo”, cut.org.co, 04-11-2014; “ONG denuncia en EE.UU. el asesinato de 105 sindicalistas en Colombia”, El Espectador, 20-04-2015; James Petras, “Conversaciones de paz en La Habana y asesinatos en Colombia”, rebelion.org, 10-11-2014; Pedro Nolasco Présiga, “Líderes de la CUT y de Fensuagro intervinieron en Bruselas”, semanariovoz.com, 23-01-2015; Sinaltrainal, “Sindicalistas y defensores de derechos humanos sin protección”, colectivodeabogados.org, 22-10-2014; Renán Vega Cantor, “¡Sindicalicidio! Un cuento (poco imaginativo) de Terrorismo Laboral”, rebelion.org, 25-02-2012; “Actions speak louder than words. President Santos - The first 10 months”, justiceforcolombia.org, 2011; “Workers Uniting rechaza asesinatos a sindicalistas colombianos”, cut.org.co, 03-02-2012.
9 Tribunal Mundial de Libertad Sindical, “Sentencia. Condena al Estado por violación de libertad sindical” y Luis Alfonso Mena S., “La libertad sindical en Colombia, una farsa”, parentesiscali.blogspot.com.es, 30-05-2012.
10 “Escalofriante cifra de desaparecidos en Colombia”, argenpress.info, 24-05-2011.
11 Fiscalía General de la Nación, “Unidad de Justicia y Paz ha imputado más de 25 mil hechos criminales”, fiscalia.gov.co, 22-02-2011; Kaosenlared, “Cifras alarmantes de crímenes cometidos por la herramienta paramilitar de Estado y multinacionales”, rebelion.org, 16-01-2011.
12 “Piedad Córdoba denuncia la pasividad internacional y pide que se condicione el TLC con Europa al intercambio humanitario”, rebelion.org, 22-04-2010; Piedad Córdoba, “Hay 250.000 desaparecidos en Colombia en los últimos años”, rebelion.org, 22-05-2010.
Más sobre DESAPARICIÓN FORZADA en Colombia: Varios autores, “Colombia: 50.000 desaparecidos en los últimos veinte años”, justiciaypazcolombia.com, 15-12-2009; “Semana internacional de la desaparición forzada”, centromemoria.gov.co, 14-05-2014; “Desaparición forzada - Tomo I: Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”, centrodememoriahistorica.gov.co, febrero de 2014; “Veredicto Tribunal de Opinión sobre Desaparición Forzada en Colombia”, dhcolombia.info, 28-04-2008; Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia, “Rompiendo el Silencio: en la búsqueda de los desaparecidos de Colombia”, lawg.org, diciembre de 2010; Caracol Radio, “Familiares de los desaparecidos ya no necesitarán dos años para adelantar trámites legales”, caracol.com.co, 25-05-2012; Carlos Miguel Ortiz, “Desaparecidos: el Estado el gran responsable”, semana.com, 26-05-2014.
13 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, “Desapariciones forzadas en Colombia. En búsqueda de la justicia”, rebelion.org, mayo de 2012:
“Presenta la situación actual de la desaparición forzada en Colombia, mostrando el continuo aumento de los casos en el país, así como la persistencia de los patrones de persecución política y control social que han motivado históricamente las desapariciones forzadas en el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. Las desapariciones se cometen con el doble objetivo de acallar una voz disidente y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro y aleccionador al resto de la población para que se abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de oposición o de cuestionar el orden político existente.
El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos casos no se denuncian por múltiples razones, entre ellas, la mala administración de justicia, la ineficacia de los canales y mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones. (…)
Esas fallas se hicieron aún más evidentes en mayo de 2011, cuando el Ministro del Interior dio a conocer los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil y ese Ministerio, con el fin de cruzar las huellas dactilares tomadas a cadáveres de personas no identificadas, con las huellas de los documentos de identidad del registro nacional del estado civil. Los resultados son tan impresionantes como tristes. En total, se procesaron 22.689 necrodactilias (huellas de cadáveres) y se lograron identificar 9.968 personas, que estarían actualmente inhumadas como personas sin nombre en cementerios de distintas regiones. De ese total, tan sólo 440 personas figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos. Los resultados fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, que se encargó de hacer cotejos dactiloscópicos, depurar los listados y oficiar a las autoridades judiciales con el fin de ubicar expedientes y los lugares de inhumación de las personas identificadas (…) en los registros de Medicina Legal sólo pudieron encontrarse 3.779 personas pues, en un número muy importante de casos, la información es confusa o inexistente, y hay fallas estructurales en la organización de los cementerios que impiden ubicar los restos de las personas enterradas sin nombre. En total, de las 9.968 personas identificadas mediante el cruce de huellas, sólo fue posible ubicar y entregar los restos de 49 personas enterradas en distintos cementerios del país”.
14 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, “Desapariciones forzadas en Colombia. En búsqueda de la justicia”, rebelion.org, mayo de 2012:
“La ley 1448 de 10 de junio de 2011, conocida como ley de víctimas, excluyó expresamente de la definición de víctima a los “miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Eso significa que, por ejemplo, los miembros de las guerrillas (reales o supuestos) que hayan sido víctimas de desaparición forzada, no serían considerados como tales y sus familias estarían privadas de los derechos a la reparación y la verdad. (…) La ley 1453 de 2011, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, establece una serie de previsiones que debilitan los controles sobre la acción de la Fuerza Pública y que, en la práctica, podrían facilitar la comisión de desapariciones forzadas. (…)
El Gobierno colombiano se rehúsa a reconocer su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se cometen diariamente en el país. Al contrario, mantiene una posición de injerencia indebida en las decisiones judiciales, particularmente cuando afectan la responsabilidad de altos mandos militares o de altos funcionarios gubernamentales. (…)
Preocupan las iniciativas legislativas del Gobierno que pretenden sustraer de la justicia a los más altos responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, de un lado, mediante la persistente propuesta gubernamental de reforma a la justicia penal militar y, de otro lado, mediante el llamado Marco Jurídico para la Paz. (…) Los fuertes cuestionamientos realizados desde distintas instancias internacionales en relación con la propuesta [de Fuero Militar], motivaron que el Gobierno decidiera retirarla a cambio de una nueva. La actual es aún peor pues, ya no sólo reforma el fuero militar sino todo el sistema de justicia penal militar: crea una defensoría técnica militar adscrita al Ministerio de Defensa, incluyendo un fuero carcelario y la ampliación del fuero militar para instalar un fuero policial”.
15 Azalea Robles, “Destapan la mayor fosa común del continente: Colombia, en el paroxismo del horror, clama solidaridad”, rebelion.org, 31-01-2010; Id., “Los Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado colombiano busca alterarla”, rebelion.org, 21-02-2010; Agencia Pensamiento Crítico, “Nuevo hallazgo de fosas comunes: al menos 1.500 cadáveres de “falsos positivos” y desaparecidos”, rebelion.org, 27-12-2010.
16 A raíz de la visita de la Misión Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices que dejó consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia que forman parte de la Biblioteca del Ejército y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
Javier Giraldo M., “Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado”, javiergiraldo.org, 20-08-2004; “Los gobiernos de los Estados Unidos y el paramilitarismo colombiano”, nocheyniebla.org, s.d.; “The Heart of Doctrine”, en Michael McClintock, Instruments of Statecraft: U.S. Guerilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990, Pantheon Books, 1992; Renán Vega Cantor, “La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de estado”, corteidh.or.cr, 2015.
17 ““El hacendado que se convirtió en presidente pagó por mis servicios”: Klein” y ““Ejército suministró armas para entrenamiento de paramilitares”: Yair Klein”, elespectador.com, 13-11-2012; “Yair Klein: el instructor de la muerte”, elturbion.com, 01-09-2011.
18 Equipo Jurídico Pueblos, “Ordenan Libertad a Jefe Paramilitar señalado de desaparición forzada, tortura y homicidio de la niña Alida Teresa en echos ocurrido en junio de 2005 en Zapatoca – Santander”, derechodelpueblo.blogspot.com.es, 02-03-2012.
19 Organización de los Estados Americanos, “Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, cidh.org, 14-10-1993.
Roberto Romero Ospina, Unión Patriótica: expedientes contra el olvido, Alcaldía Mayor de Bogotá y Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá 2011; “El Baile Rojo – Memoria de los silenciados” (2003), youtube.com.
20 Notimundo, “Un video prueba el accionar conjunto entre paramilitares, ejército colombiano y marines”, rebelion.org, 31-10-2011; José Antonio Gutiérrez D., “El debate sobre la Masacre de Mapiripán y los negacionistas colombianos”, rebelion.org, 02-11-2011; CCAJAR, “Comunicado a la opinión pública sobre la Masacre de Mapiripán”, colectivodeabogados.org, 01-11-2011; Noticias Uno de Colombia, “Juez testigo de masacre de Mapiripán dice que quieren ocultar la verdad”, youtube.com, 11-12-2011.
21 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a la Corte el caso de la Operación Génesis”, rebelion.org, 31-07-2011.
22 Mauricio Builes, “El caso Marino López”, Revista Semana, 04-09-2008; Fernando Garavito, “Paramilitar para paramilitares”, derechos.org, 04-04-2004. Las denuncias siempre fueron rechazadas por el gobierno. Sólo diez años después fueron exhumados científicamente los restos de Marino López por la Fiscalía. Cuatro paramilitares y Freddy Rendón, han confirmado la horrorosa muerte del líder chocoano y la complicidad del general Rito Alejo del Río.
23 “Marinelly Hernández Orozco, presa política y de guerra, se declara en ruptura ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdo”, traspasalosmuros.net, abril de 2011.
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