NICARAGUA ENTRE SÍMBOLOS Y REALIDADES, por Pagayo Matacuras

IN DUE LINGUE (Spagnolo, Italiano)
EN DOS IDIOMAS (Español, Italiano)

© Inti Ocon

Verdadera semana de Pasión, la tercera de abril, para la pareja presidencial de Nicaragua. Y verdadera semana di sangre y luto para un pueblo cansado y rebelde por naturaleza: “que restaña con alegría, todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita…”. Es un pueblo que aguanta, aguanta, aguanta… pero no sin límite.

El mayor símbolo que el pueblo de Nicaragua apreció en los últimos años está en el barrio Bolonia de la capital Managua: el parque El Carmen. En los años de la guerra, cuando la Contra ya estaba adentro del país y se seguía con el lema “No pasarán”, se podía pasar tranquilos frente la casa de los Ortega. Desde tiempo hay retenes que impiden a cualquiera, aunque sea un caminante, acercarse a menos de dos kilómetros. No pasarán…

El sábado 21 de abril, los nicas vimos en la tele el rico almuerzo que Daniel y Chayo [Rosario Murillo, su esposa (n.d.r.)] ofrecieron a los empresarios (taiwaneses, coreanos, gringos…) de las zonas francas –maquilas–, con una gran mesa fuliada de flores y bien rica en trastes de cerámica y vasos de cristal. Y presuntamente no comieron gallo pinto con queso ni tortillas sin sal. Mientras en las calles del país y especialmente de Managua seguía la runga de los estudiantes en contra de la reforma del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), o sea la de las pensiones. Con muertos, heridos y presos por parte de la Policía y los antimotines.

Un verdadero choque de imágenes: el lujo descarado de una rica mesa y el polvo, las balas y la sangre vertida en las calles. En este choque simbólico, más que en la marcha del domingo 22, está el final del orteguismo en la mente de los pinoleros (los nicas). Esta marcha sólo fue el empuje para la irreversible caída de un régimen de familia que aportó cierto desarrollo al país, pero sin mirar a las realidades de hambre y miseria todavía impactantes. El mega proyecto “Hambre cero” ya se pasó la raya aún antes de comenzar sus primeros pasos… sólo sirvió para propaganda electoral.

Ya antes de que comenzara el almuerzo del sábado, se sabía que Daniel hubiera lanzado un mensaje al país con respecto a los acontecimientos de los días anteriores. Y el mensaje llegó: el INSS decidió con su decreto suspender la vigencia de la reforma. “O sea, se apartó… se puso de un lado…”, según las palabras de Ortega.

Pero ni habló de los estudiantes, ni de los muertos, heridos y presos. Ni de la censura a varios canales de la tele, con el cierre completo las veinticuatro horas; sólo hizo referencia a los saqueos de los mercados y supermercados… acciones para las que no es cierto puedan culparse los estudiantes. Tampoco dijo palabra con referencia a los dos policías muertos, ni al periodista del oficial Canal 6 asesinado en Bluefields (Costa Atlántica). Para el mandatario sólo existían las pandillas, los saqueadores, los destructores… pagados no se sabe bien por quién.

De sus labios ni salió una palabra acerca de las llamadas “turbas” sandinistas: oficinistas del Estado que provocaron enfrentamientos y desastres a lo largo de la ciudad. Algo muy semejante a las “turbas” somocistas jefeadas por Nicolasa Sevilla, apodada “la Colacha”. Uno puede comprender que haya partidarios danielistas que se enfrenten a los “reaccionarios” de manera voluntaria y espontánea, pero cuando toditititos salen a la luz con la misma camiseta del Frente, todo mundo entiende que es algo bien organizado desde arriba.

Dicen que al comienzo de las protestas Daniel no estaba en el país, encontrándose en Cuba para reponer su sangre. Pero cuando regresó no paró la represión ni las “turbas”, por supuesto lanzadas bajo órdenes de la Chayo. Más bien, siguió en esa actitud suicida. Y en cinco días hubieron más muertos de los que cayeron en los dieciséis años de los gobiernos “liberales” de “la Inútil” (Violeta Barrios de Chamorro), de “el Gordo” (Arnoldo Alemán) y de “el Churuco” (Enrique Bolaños).

Esa arrogante postura en el almuerzo del sábado, dando muestras de vivir en un mundo ajeno por completo de la realidad, convenció a miles y miles de nicas en sumarse a la marcha del domingo 22 organizada por los gremios empresariales, con el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) a la cabeza y la bendición de la Conferencia Episcopal. En ningún lado del planeta ocurrió hasta ahorita que los capitalistas llamaran a los trabajadores en una manifestación para defender sus propios derechos (y los derechos establecidos por Constitución). Esa es la Nicaragua socialista y solidaria de los Ortega, donde los empresarios son los que manejan por completo la economía y los obispos las conciencias.

Es cierto que unos grupos de estudiantes, después de los primeros muertos, actuaron de manera violenta, derribando a unos “árboles de la vida”, chochadas gigantes de hierro pintadas en colores brillantes y puestas en varios lugares de la capital (y en otras ciudades) para embellecerla. Todo mundo sabe que es una idea de Rosario Murillo, vicepresidenta del país desde hace algunos años. Y derribarlos fue como derribar simbólicamente a la Chayo (y al hijo de ella Rafael, dueño de la compañía de vigilancia privada “El Goliat” –pagada con el dinero del Estado–, que se ocupa de proteger a las bujías en la noche, para que alguien no se las lleve).

Por lo que se refiere a la reforma, en ella se establece:

1. 15 años de cotización (o sea, 750 semanas);

2. 60 años de edad;

3. aumento de la cotización por parte de los empresarios del 19 al 22.25%;

4. aumento para los trabajadores del 6.25 al 7% (con una pensión al final más baja de la actual);

5. un corte del 5% para las pensiones en vigencia.

Está claro que las cajas del INSS están en quiebra. A lo largo de los decenios hubieron despilfarros y robos, a comenzar del préstamo que en 1994 Violeta Barrios pidió para la construcción de viviendas: 14 millones de dólares que nunca regresaron. Y el mal manejo junto a la corrupción le dio el golpe de gracia.

Pero no puede ser que los trabajadores y los jubilados sean los que tienen que resolver ese clavo… que ya volvió a ser perno.

A ver lo que va a suceder en la mesa de diálogo que tiene que abrirse en estos días. El “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional” ya se murió y tal vez se sepultará en el Cementerio Oriental, frente la casa de seguridad del Frente donde Leonel Rugama lanzó su “¡qué se rinda tu madre!”. Nadie puede saber lo que va a suceder, pero Daniel tiene una opción solamente: acatar la voluntad expresada en la marcha del domingo 22, puesto que ya no tiene el timón del carro. Y sabe que entre los 700 mil que marcharon en Managua (a sumar los de otras ciudades) la mayoría fueron sus electores, que repitieron junto a Sandino: los derechos de un pueblo no se discuten, se defienden con las armas en la mano.

Por cierto en esa mesa no sólo habrá la cuestión de la reforma del INSS, sino la necesidad de cambios verdaderos en el manejo de todas las instituciones del Estado, adonde el partido manda (o sea, mandan Ortega y la Chayo, puesto que los dos son el partito). De otra manera, el pedido podría ser lo que pidieron los que marcharon: borrón y cuenta nueva.

GONZALO GÓMEZ: “EN VENEZUELA VIVIMOS UN SISTEMA AUTORITARIO QUE HA USURPADO EL LUGAR DEL PODER POPULAR”, por Lucha Indígena (Perú)

Publicamos para nuestros lectores una entrevista a Gonzalo Gómez Freire realizada por el periodista Pepe Mejía y aparecida originalmente –el pasado 5 de febrero– en el sitio web de la revista Poder Popular: le damos las gracias por concedernos el permiso para reproducirla. [la Redacción de Lucha Indígena]

Retrato de Gonzalo Gómez Freire © Poder Popular

Gonzalo Gómez Freire es psicólogo y comunicador popular, co-fundador de Aporrea, miembro de la Coordinación Nacional de Marea Socialista y de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana en Venezuela.

Gómez no tiene pelos en la lengua. En esta entrevista denuncia las violentas acciones de las guarimbas, la política extractivista de Estados Unidos, las disputas interburocráticas, la utilización de armas españolas en la represión y la injerencia del gobierno de Mariano Rajoy, el aumento de jóvenes profesionales que salen de Venezuela y la necesidad de levantar una nueva referencia política alternativa antiautoritaria, antiburocrática y anticapitalista.

¿Cuál es la actual situación en Venezuela?

Estamos en una situación de cambio de etapa en tránsito hacia una deriva autoritaria y una desestructuración institucional, aderezado con un colapso económico y social. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue convocada contraviniendo la Constitución de la República Bolivariana del 1999 de Chávez. No se podía convocar e instalar sin consultar en referendum al pueblo venezolano. En la actual composición de la ANC la burocracia en fundamental ha usurpado el poder constituyente. No es el soberano representado, sino miembros del aparato del Estado instalados en la Constituyente. Concentran todos los poderes, subordinados a la Constituyente. Van modificando la Constitución sobre la marcha. No sabemos si la Constitución del 1999 sigue vigente o no. Han aprobado cosas que no parecen profundizar la revolución. Por ejemplo: proyectos extractivistas, leyes de protección de inversiones extranjeras, zonas económicas especiales, el arco minero del Orinoco. En realidad, la ANC es la tapadera de un sistema autoritario que ha usurpado el lugar del poder popular. De alguna manera tenemos una contrarrevolución en curso ejecutada desde el propio Gobierno en nombre de la revolución bolivariana.

¿Cuál es la situación de los movimientos sociales y las movilizaciones?

Entre abril y julio del pasado año hubo protestas masivas multitudinarias lideradas por la derecha que expresaban demandas democráticas y en muchos casos legítimas. Estas movilizaciones derivaron en las guarimbas (acciones violentas vanguardistas localizadas en puntos determinados de confrontación), que fueron obviamente reprimidas por el Estado y derrotadas físicamente porque hubo fuertes enfrentamientos y detenciones. Antes de su fragmentación y crisis política, la derecha fue derrotada en las calles. Los movimientos sociales, en lugar de avanzar hacia la autoorganización y la autonomía genuina de poder popular, han sido cooptados, clientelizados y pervertidos por el Gobierno y el aparato del Estado. No son organizaciones que luchan por las necesidades reales del pueblo y la clase trabajadora, sino por intereses gubernamentales de la burocracia. Lo que sí hay es el incremento de tumultos frente a los establecimientos de comida, saqueos, asaltos colectivos a transportes de alimentos en las carreteras.

¿Existe monolitismo dentro del Gobierno? ¿O podemos hablar de disensiones al interior?

Existen disputas interburocráticas. Por ejemplo: Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha sido recientemente acusado de desfalco. Desvió miles de millones de dólares a Andorra. Pero este caso es fruto de una lucha intestina, porque se ha reducido la renta y no alcanza para mantener ese aparato burocrático. Necesitan chivos expiatorios que pague los platos rotos. No hay una auditoría ciudadana. Utilizan esas investigaciones para acusar a otros sectores de la burocracia y poder tapar otros delitos. Además de esto existen disensos dentro del partido en el Gobierno y dentro de la misma Asamblea. En las pasadas elecciones municipales, en Simón Planas, ganó un militante independiente del PSUV, el dirigente campesino y comunero Ángel Prado de la Comuna El Maizal. A pesar de haber ganado, el Gobierno desconoció el triunfo porque la ANC no había autorizado la candidatura.

¿Cómo están las relaciones con Estados Unidos?

En el plano de la geopolítica y la retórica, son conflictivas. Primero, porque están todos los antecedentes de la política antimperialista que tenía Chávez. Y eso deja mucha huella. Segundo, porque Estados Unidos no se resigna a que Venezuela sea administrada por bolivarianos y no confía en esa dirección. Quieren tener al frente del Estado venezolano a los partidos y a los dirigentes que han tenido vínculos históricos con ellos. Por otro lado, mantiene sanciones sobre Venezuela y sobre funcionarios del Gobierno e incluso esbozan amenazas intervencionistas. Pero el Gobierno, más allá de la retórica, ha venido defendiendo el pago puntual de la deuda externa y mantiene relaciones que privilegian a los tenedores de bonos, a Goldman Sachs, a pesar de que últimamente Venezuela ha venido cayendo en un impago parcial. En tercer lugar, está la política extractivista: el nuevo rentismo mega minero se abre como nunca al capital transnacional aunque ya no sólo se trata de Estados Unidos y Canadá, sino también a empresas de capitales europeos y de los imperialismos emergentes, como China y Rusia. Esto genera un campo de competencia interimperialista. Nosotros rechazamos la injerencia intervencionista imperialista sobre Venezuela.

¿Cómo están las relaciones con España, más allá de la expulsión de los respectivos embajadores?

Existen motivos de sobra para que haya descontento social y político e incomodidad por la violación de los derechos humanos; pero, obviamente, hay quienes desean aprovechar la confrontación con el Gobierno de Maduro para acabar con la revolución bolivariana. Hoy existen dos amenazas en Venezuela: la que proviene de la vieja burguesía imperialista y la amenaza destructiva de la propia burocracia gubernamental, que administra y vive del capitalismo venezolano como sistema. Administra con criterios mafiosos. Se ha formado una casta depredadora que ha acumulado capital a expensas de los recursos del Estado, en lugar de ir en transición al socialismo. Lo que tenemos en Venezuela es una especie de lumpen-capitalismo. El gobierno español está alineado con los sectores que desde siempre han tenido prácticas injerencistas, desde los tiempos de Aznar en que fue el golpe contra Chávez, pero no hay que desconocer que existen reclamos legítimos que buscan la solidaridad internacional.

¿Existe algún contencioso de relevancia en las relaciones comerciales con España?

La oposición denunció que las armas con las que se reprimía eran equipos importados y vendidos desde España: mientras el gobierno español estaba en la conspiración injerencista contra el Gobierno de Nicolás Maduro, mantenía negocios suministrando armamentos.

¿Cómo están las relaciones con Europa?

Los gobiernos europeos –con sus diferencias– han sido, al menos aparentemente, más proclives al diálogo y a las soluciones pacíficas. Estados Unidos ha practicado y practica una política más ruda hacia Venezuela: cuestiones de estilo. EE.UU. aplicó sanciones, y Europa también. Hay que distinguir una cosa. Las sanciones hacia Venezuela pueden tener un impacto negativo sobre la población en lugar de aliviar sus calamidades. Otro tema es que pueda haber funcionarios venezolanos involucrados en fuga de capitales, negocios turbios, corrupción, y que mantengan capitales en otros países. Nadie puede oponerse a investigar operaciones ilícitas a costa del dinero de Venezuela. Necesitamos recuperar esos recursos para afrontar la crisis. Estoy en contra de medidas injerencistas que perjudiquen al pueblo venezolano. Pero no se puede encubrir, como defensa de la soberanía, la acciones delictivas de funcionarios del Estado venezolano que se han llevado recursos a fuera del país y se han involucrado en operaciones irregulares y fraudulentas. Deben ser investigados y sancionados. No se debe utilizar como arma para la conspiración política o la injerencia externa.

LA “REVOLUCIÓN” ESTÁ PERDIDA: ENTREVISTA A DOUGLAS BRAVO, por Edgardo Agüero Sánchez

Douglas Bravo en 2016

Douglas Bravo Mora (Cabudare, Falcón, 1932), legendario comandante de la guerrilla venezolana en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, siempre ha mantenido una posición crítica frente a la llamada “revolución bolivariana” iniciada a partir del año 1999, muy a pesar de que Hugo Chávez Frías y muchos de sus colaboradores militaron durante varios años en el Partido de la Revolución Venezolana (PRV-Ruptura), la organización encabezada por Bravo.

¿Cómo analiza usted la crisis venezolana?

Para comprender la crisis por la que atraviesa Venezuela tendríamos que pensar que en doscientos años ni la Guerra de Independencia, ni la Guerra Federal, ni la llegada de Gómez traicionando a Castro, ni AD y COPEI destruyeron tanto a Venezuela como el Gobierno de Chávez y su corolario que se llama Nicolás Maduro. Pero eso es historia conocida. En los actuales momentos el gobierno está en crisis. Este Gobierno dice que respeta los derechos humanos y los derechos democráticos, pero eso es mentira y todo el mundo lo sabe. El solo hecho de que José Vicente Rangel reconozca lo dramático de la situación, y el hecho de que es imposible seguir callando esa realidad, como lo declaró en días pasados, ¿por qué?, porque sabe que está en peligro la “revolución”, sabe que está perdida. Y eso que no sabe que en los próximos días nosotros vamos a lanzar una huelga general para lo cual contamos con el apoyo de gremios y sindicatos, principalmente del sector petrolero.

¿Quiénes participarán en esa huelga?

La mayoría de los sindicatos petroleros que participan en Cabimas, y allí hay gente de todas las corrientes políticas, en Falcón hay dos refinerías y en las dos han votado por la huelga general, la refinería de Morón también está completamente resteada, lo mismo ocurre en oriente. El Gobierno no quiere hacer elecciones en el sector porque sabe que José Bodas se las gana, por ese motivo es que fueron postergadas a conveniencia del oficialismo, porque saben que los trabajadores lo apoyan; porque allí hay una rebelión de las bases, y Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, nos apoya y está respaldando la huelga general que vamos a lanzar pronto, a pesar de que el Gobierno quiere conculcar la huelga general, así como ha eliminado el derecho a la protesta legítima y ha conculcado los derechos democráticos de los venezolanos.

(…)

DICTADURA MILITAR

¿Como le parece el nombramiento del general Manuel Quevedo como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, de quien algunos expertos señalan como carente de credenciales para ocupar esos cargos y un ignorante del tema petrolero?

Ahí no interesa que tenga credenciales académicas ni experiencia en el área petrolera, se trata de esto: estamos frente a una dictadura militar, al aparato militar le dieron el poder absoluto para manejar todo. Cuántos militares aparecen al frente del Gobierno, eso no se había visto nunca, todos son militares, pero más aún, ahora la renta petrolera no la recibe el Banco Central directamente con autonomía –porque eso dejó de existir con Chávez–, ahora la recibe nada menos que un aparato militar político o politizado, la renta ya está confiscada por el aparato militar. Aquí hay una dictadura militar y la dictadura militar tiene todo el poder en sus manos. Es necesario decir también que hay oficiales patriotas, gente decente que acaban de declarar que ellos no son del narcotráfico, que no tienen nada que ver con eso. Pero no se trata de que ellos quieran gobernar, están de acuerdo con que gobierne una junta civil. Ahí tienes la ristra de militares que Chávez metió en el Gobierno y que Maduro se encargó de atornillar en puestos claves de instituciones del Estado: importación y control de alimentos, ministerios, energía eléctrica, finanzas, petróleo, todos son militares.

¿Quién tiene más poder, Maduro o Padrino López?

Lo que sí te puedo decir es que Maduro va a ser derrotado por el pueblo, el solo hecho que los dirigentes estén preocupados es porque está en peligro la revolución, ellos saben que aún con gorra roja o con franela roja, el pueblo va a estar en contra a la hora de votar en contra del Gobierno, como lo hizo el 6 de diciembre de 2015 para elegir mayoritariamente la Asamblea Nacional, ahora secuestrada por el Gobierno.

¿Tienen algo que ver con la represión del Gobierno?

Sí, tiene mucho que ver: hay unos ladrones en los barrios, muchachos desadaptados o que tienen problemas en fin; la sociedad tiene derecho a juzgarlos, pero qué sucede, ya todo el mundo sabe que los matan en sus camas y después dicen que era un enfrentamiento, así mataron al hijo mío, y yo acusé al responsable de la PTJ, y acusé de cómplices a Chávez y a Luis Miquilena, porque ellos sabían que eso había ocurrido, cuando mataron al hijo mío y a todos esos muchachos, a mi hijo ya lo habían hecho preso y después lo mataron.

NI JUSTICIA, NI DEMOCRACIA

¿El fiscal Tarek William ha estado muy atareado estos días; según se ve, son muestras de que está funcionando la justicia, no le parece?

Es una manera de lavarse la cara. ¿Cómo va a estar funcionando ninguna justicia, si esto es una dictadura? Están violando todo lo que significa respeto a las libertades democráticas, derechos humanos, libertad de expresión, y eso lo sabemos aquí y lo sabe también la comunidad internacional.

¿Cree que el fiscal investigue las graves denuncias en contra del presidente Maduro por haber recibido 35 millones de dólares para su campaña, según lo confesó el expresidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Acevedo?

En un país serio ya se hubiera realizado una investigación, pero aquí pasa por debajo de la mesa. ¿Qué investigación se va a hacer aquí, cómo, de qué manera, quién la va a hacer?

PERÚ: RETORNO A LA CÁRCEL DE FUJIMORI, por Hugo Blanco

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori en 2016 © Martin Mejia

Aprovechando la nochebuena, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) liberó al ex dictador Alberto Fujimori, encarcelado por asesinato múltiple.

La nochebuena es denominada “Noche de Paz, noche de Amor”, y el regalo navideño de PPK al pueblo peruano fue liberar al símbolo de la guerra contra nuestro pueblo y del odio contra él.

A partir de ese momento, en el Cusco –donde yo estuve–, en Lima y en otras ciudades, la gente salió a las calles abandonando la cena navideña.

En Lima, la capital, la manifestación pretendió ir al Palacio de Gobierno; ante el rechazo de la policía, se dirigió a la residencia del presidente. Los videos muestran a los manifestantes empujando los escudos policiales.

El día de Navidad el Cusco volvió a salir a las calles y se convocó a una reunión en el local de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco para el día siguiente. En la reunión se nombró un cuerpo directivo para la continuación de la lucha por el retorno de Fujimori a la cárcel; se prepara un paro regional y se luchará por un paro nacional.

Hubo manifestaciones de protesta en varias ciudades.

La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello dijo que al ex presidente peruano no le correspondería un indulto común, ya que fue condenado por crímenes considerados de lesa humanidad.

Por lo tanto el presidente nombró un nuevo ministro, Enrique Mendoza, para que liberara a Fujimori: éste cambió la Comisión de Gracias Presidenciales.

Nombraron una junta médica donde estaba incluido el médico del reo, que calificó de “grave” la salud de Fujimori.

El pueblo peruano opina que ésta es una traición, pues precisamente PPK fue elegido para que la hija del dictador no fuera presidente, puesto que liberaría a su padre.

La ley peruana impide dar libertad a un preso cuando hay un proceso en curso: el caso de la matanza en Pativilca, por ejemplo. Por lo tanto es ilegal la liberación de Fujimori.

¿QUÉ SIGNIFICÓ EL FUJIMORISMO?

En 1990 los candidatos fueron Mario Vargas Llosa y Fujimori.

El programa económico de Vargas Llosa era neoliberal: contra eso el Perú votó a Fujimori.

Fujimori en el poder practicó la política económica planteada por Vargas Llosa: privatizó las empresas públicas.

La noche del 5 de abril de 1992 Fujimori dio un mensaje a la nación en el que anunciaba la intervención del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público.

Mientras el discurso era transmitido por televisión, tropas del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea llegaron al Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras instituciones, para tener el control completo de ellas. También fue intervenida la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros sindicatos.

Los hechos ocurridos inmediatamente después del mensaje a la nación sólo fueron difundidos por medios internacionales. Miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a canales y emisoras de radio, y obligaron a seguir con la transmisión normal, sin informar sobre lo que ocurría en las instituciones estatales y en la calles. El gobierno decretó un toque de queda y comenzó una serie de detenciones a empresarios y políticos.

Puso el Poder Judicial y el Ministerio Público (fiscales) a su servicio.

Con el dinero de todos los peruanos impulsó la “prensa chicha” a su servicio.

Educó a sus hijos en costosas universidades de EE.UU. con el dinero del pueblo peruano.

Sus familiares robaron dinero enviado de Japón para gente pobre. Su esposa, Susana Iguchi, denunció esto. Por esa causa hizo apresar y torturar a su esposa. Su hija Keiko aceptó ser nombrada “primera dama” en lugar de su madre apresada y torturada.

Obligó a esterilizar forzadamente a mujeres indígenas para exterminar nuestra raza.

Cambió la Constitución para ser reelecto.

Compró políticos, como se vio en un video de su principal asesor.

Organizó grupos de asesinos mercenarios como el Grupo Colina, que masacró a estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

También el Grupo Colina masacró en Barrios Altos.

El caso Pativilca, arriba mencionado, fue así: los integrantes de Colina llegaron y secuestraron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29).

Luego de reducirlos, los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.

DECLINACIÓN

Apareció un video que mostró a su asesor Vladimiro Montesinos (ahora preso) comprando a un político opositor.

Fujimori anunció que habría elecciones y que él no postularía.

Luego viajó a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizada en Brunéi; desde ahí renunció a la presidencia por fax. Luego viajó a Japón, como también es ciudadano japonés por ser hijo de japoneses: ese país no lo enviaría al Perú.

Cercanas las elecciones en el Perú en 2006, viajó a Chile, pues sus partidarios le dijeron que el apoyo de la población peruana era grande.

Al pedido de extradición de Perú por los crímenes de su gobierno, Chile lo extraditó.

Fue encarcelado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.

EL INDULTO

Es un indulto político. Cuando el Congreso votó la vacancia de PPK, Fujimori telefoneó a sus partidarios para que votaran en contra. En recompensa a eso, PPK lo indultó.

Es ilegal, pues ahora existe la aceptación de extradición por otros delitos: la resolución de la Corte Suprema de Chile, que aprobó por unanimidad la ampliación de la extradición de Fujimori, habilita al Poder Judicial de Perú a seguir un proceso por el llamado caso Pativilca.

La ley peruana impide dar libertad a un preso cuando hay un proceso en curso. Por lo tanto es ilegal la liberación de Fujimori.

CHILE EN CUATRO CHISPAZOS, por Tito Alvarado

Dónde están, 2015 © Serye / Sergio Alejandro Fierro Pacheco

1) Violencia en despoblado

El senador Fulvio Rossi fue apuñalado en Iquique, sufrió lesiones en el rostro y un corte en el abdomen (El Mostrador, 15 de noviembre 2017). Al momento de terminar esta nota ya no es senador, pues en las elecciones del 19 de noviembre no fue electo.

Dice la nota periodística: El senador, quien fue encontrado tendido en el suelo por uno de sus brigadistas, fue trasladado hasta el hospital regional Ernesto Torres Galdame, donde se constató que presentaba lesiones leves. El gobierno, a través de la ministra vocera, Paula Narváez, condenó el hecho, anunció que estudia querellarse contra los autores del hecho y expresó que “no puede ser que en ningún contexto, ni en el contexto de una campaña política, ni en el contexto de la vida cotidiana de las personas, ni en el desempeño habitual de las instituciones, la violencia puede tener un lugar en nuestras relaciones como sociedad”.

Dos cosas se pueden decir al respecto.

La primera es que los tales asaltantes tienen más de tongo que de asaltantes con motivaciones políticas. El ahora ex senador se había enfrascado en una campaña contra los inmigrantes. Si esta es la motivación, los asaltantes eran personas poco duchas en estos asuntos, las lesiones fueron leves, casi como rasguños. Justo lo preciso para hacer noticia.

La segunda es que la señora ministra vocera parece que no vive en el mundo real del Chile actual. La inseguridad es tal que en todas partes la gente vive con miedo, enrejadas sus ventanas y puertas. Los crímenes tienen una alta cuota de violencia y efectividad, así lo demuestran los llamados “portonazos”: en pocos segundos le quitan a alguien su auto cuando abre el portón y lo golpean para dejarlo inconsciente. También hay una violencia que pudiéramos llamar pasiva: las noticias de corrupciones, la doble moral en la aplicación de la justicia, la desigualdad social, la estafa permanente de las AFP (empresas de gerencia privada de las jubilaciones), el alto costo del agua y de la luz, el peaje en las carreteras, etc. Un examen más detallado de lo expresado por la señora Narváez nos permite asegurar que ella tiene razón, es decir, la violencia no debería estar presente en la vida de la gente, pero la cruda realidad demuestra que sí está. Y es aquí donde ella no quiere entender cual es su responsabilidad, la del gobierno, las instituciones y las políticas implementadas. Cuando en un servicio administrado por el gobierno se mueren niños y luego se comprueban los malos tratos recibidos por quienes se supone están en la misión de cuidarles, es que algo grande anda mal en la forma en que se ve al resto y en la forma en que se le encasilla a la gente.

El asunto no se resuelve con una declaración, se resuelve con capacidad de ver la realidad y voluntad de cambio, ambas cosas que no están en el horizonte de estos gobernantes.

Un personaje de funesta trayectoria para Chile en su tiempo pasado –fue enemigo jurado del Gobierno popular y propició el golpe– ahora goza de un puesto de virrey, es senador (no se sabe por que lugar), aunque por fortuna ha dejado de ser: fue derrotado en su circunscripción.

En entrevista con T13, el (entonces) presidente del Senado, Andrés Zaldívar, condenó el ataque contra el (ex) senador Fulvio Rossi, manifestando que “inmediatamente” la Cámara Baja “tendrá que tomar acciones”.

“Con el desprestigio de la política y lo que está sucediendo, cualquier persona se siente como un justiciero y como que puede hacer acciones dementes. Hay que tomar nota, espero que el país tome nota”, declaró.

Este señor tiene mucha lengua, mala memoria y pasado tórrido. Siempre ha estado del lado opuesto del bien común. En su momento creó una ola de pánico asegurando que el Gobierno popular sería el descalabro total de la economía –en realidad era una forma velada de proponer un plan de sabotaje al gobierno del presidente Allende–, fue consumado golpista y mientras la dictadura ejercía sin tabas la represión más brutal, este señor escribió un libelo diciendo que la Democracia Cristiana no debía inmiscuirse en los avatares de la izquierda, es decir, proponía mirar para otro lado cuando la demencial DINA ejerciera su trabajo de allanar, torturar, asesinar, hacer desaparecer personas. Ya bajo el alero de la “democracia” de pacotilla que hay en Chile, este señor, en una acción demente, promovió una ley de pesca que fija dueños del mar, por supuesto a grandes compañías. Ahora el se preocupa de la violencia, como si cada uno de sus actos no significaran violencia para los de abajo. Buen fin ha tenido este pequeño señor, despreciado por sus potenciales votantes.

2) La cruda verdad de esconder la mano militar

El periódico digital El Mostrador titula una de sus notas de la siguiente forma: “Londres 38 desacredita informe de comandante en jefe del Ejército sobre archivos de la CNI incinerados” (17 de noviembre 2017). En Londres 38 funcionó un centro de torturas de la dictadura que ahora es un centro de defensa de los derechos humanos. El título contiene dos afirmaciones malintencionadas: con la palabra desacredita está predisponiendo al lector a estar en contra de lo que dice Londres 38; la palabra incinerados, puesta en este contexto, pasa de ser una verdad a ser una afirmación de verdad, inmaculada, cuando lo que asegura la organización Londres 38 es que no es creíble esa versión.

La nota dice: A raíz del nombramiento de Ricardo Martínez Menanteau como nuevo comandante en jefe del Ejército y su firma en un documento sobre la investigación que realizó la institución sobre la quema de archivos en microfilm de la Central Nacional de Información (CNI), y que “confirma y acredita con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982”, el centro de memoria Londres 38 manifestó que dicho informe “no puede considerarse una fuente fiable para acreditar la inexistencia de estos archivos”.

ARGENTINA: UNA NUEVA DETENCIÓN Y VARIAS PREGUNTAS, por Nechi Dorado

Amado Boudou en 2011

Ayer detuvieron a Amado Boudou, quien –extrañamente, si nos basamos en militancia previa– fuera el vicepresidente del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y puntualizo en la extrañez por tratarse de un hombre con raigambre en la Unión del Centro Democrático (UCD), inserto sorpresivamente en la víscera de un gobierno progresista autoproclamado “nacional y popular”.

Si es culpable de todo lo que se le acusa es una medida ejemplar y aleccionadora, pero algo me hace ruidito y pregunto:

• ¿Realmente sus delitos están todos comprobados?

• ¿Hubo juicio previo?

• O será una detención caprichosa basada en la consideración de alguien, con lo que vuelvo a preguntarme:

¿Estaremos presenciando la ejecución del Estado de derecho? Si es así estamos en un gravísimo problema, ya que quedaría demostrado que la “justicia” argentina hace agua, hundiéndose indefectiblemente.

De todos modos queda abierto un precedente, esta medida también podría implementarse contra gente de la oposición, ya que demostrarían que no solo va preso quien merece sino también quién parece. Y este capricho podría alcanzar también a miembros del actual gobierno, presidente y familiares incluidos, ya que sabemos que no es honorable bajo ningún punto de vista.

Pero bueno… en momentos de apogeo de los ajustes, tarifazos, aniquilación de los derechos de los trabajadores, hoy la realidad que vivimos quedó tapada, adormecida por esta detención, al menos desde los grandes medios que tienen tema para rato.

Lo que se omite es que lo encarcelan por orden del mismo juez que tiene dormida la causa por los responsables políticos de los crímenes de Darío y Maxi, detalle no menor.

Lo preocupante es que se tome a un pueblo de boludo y queda como última pregunta:

¿Qué se festeja hoy, la detención de un corrupto o el tiro de gracia al Estado de derecho, pilar fundamental para el sostenimiento de la llamada “democracia” que cada vez entiendo menos en qué momento dejó de ser, semánticamente, “gobierno del pueblo”?

Creo que la mayoría de los argentinos estamos siendo terriblemente bastardeados, con plena aceptación de nosotros mismos. La “alegría” desplazó al razonamiento básico al que tendríamos que apelar como para que la historia no nos caiga encima, entre gallos y madrugadas, como parece ser que se está pergeñando.

Ojalá que el árbol no nos impida ver el bosque o, dicho de otro modo, que no seamos tan ingenuos como para agarrarnos de “cualquier alegría” que nos pongan por delante en intento brutal por tapar una realidad escabrosa como la que irá llegando con el correr de los días, anunciada por el presidente Macri hace muy poco.

GUATEMALA: LAS MAFIAS AL PODER, por Marcelo Colussi

Guatemala está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial (compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.

El manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De todos modos, el “hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”¹ alguna vez, no copió en un examen ni se “echó una canita al aire”?

Lo cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.

En esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de estructuras paramilitares non sanctas se mantuvieron.

Esas formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.² O: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”.³ Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.

El Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de la ONU, constituye una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y aborrecida clase política actual.

GUATEMALA: ¿CÓMO HACER PARA IR MÁS ALLÁ DE LAS VUVUZELAS?, por Marcelo Colussi

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG © Wilder López

Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015.

En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país, la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en la calle, pero solo con vuvuzelas y entonando el himno nacional. Eso era necesario para poder implementar ese “golpe suave” en que consistió la maniobra que posibilitó sacar de la casa de gobierno al entonces binomio presidencial: Pérez Molina y Baldetti. Hoy día el escenario es otro.

La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas. Una crisis palaciega donde, una vez más, la población de a pie queda al margen. O, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen.

¿Por qué se da la crisis? Obviamente no es solo una cuestión visceral de un presidente que se siente acorralado por posibles juicios que se le avecinan; eso puede contar, pero en todo caso es un elemento más que evidencia las preocupaciones que sienten ciertos sectores, a los que representa el primer mandatario, que son su base de apoyo. Jimmy Morales, cuya figura fuera usada dos años atrás para salir de la crisis política que se había creado jugando el papel de “no corrupto”, tiene como grupo de apoyo (en su partido FCN-Nación) sectores de ultra-derecha ligados a la represión durante la guerra, quienes presentan nexos con negocios no muy santos. De ahí que ahora salen a relucir financiamientos turbios durante su campaña presidencial, donde la narcoactividad es protagonista.

La misión de la CICIG,¹ financiada y direccionada por Washington, es la persecución de hechos de corrupción. Pero ahí hay agenda oculta: se persiguen funcionarios de gobierno corruptos (la Línea 1), pero nunca se tocan –ni pareciera que se vayan a tocar en el futuro– a los verdaderos beneficiados de la corrupción: la “Línea 2” (empresariado que se sigue manejando en la más completa impunidad, no tributando impuestos, pagando salarios por debajo de lo fijado por ley –los cuales ya son de miseria–, desviando ríos y contaminando irresponsablemente el medio ambiente, entre otras preciosidades). La CICIG, como parte del proyecto de hipercontrol que desarrolla el gobierno de Estados Unidos con los países de Centroamérica, choca así con ciertos grupos de poder que se han venido formando en décadas a la sombra del Estado contrainsurgente, y que siguen actuando aún con mucha impunidad.

La crisis actual habla de ese enfrentamiento. Esa confrontación llevó al presidente a pedir la salida del comisionado Iván Velásquez. La dinámica se dio de tal manera que todo pareció reducirse a la dicotomía si Velásquez se va o se queda. O si Jimmy se va o se queda. La cuestión es más compleja.

Ante esa dinámica, y reeditando lo sucedido en el 2015, alguna población volvió a salir a la calle (mucho menos que dos años atrás) pidiendo la renuncia del mandatario. Pero ahora el plan estadounidense no parece ser sacar de en medio al presidente (como lo fue con Pérez Molina). A partir de cierta gimnasia participativa que comenzó a darse desde aquellas manifestaciones, más de alguno sintió que nuevamente la gente en la calle podía decidir los destinos del país.

VENEZUELA: UNA MANO PARA CONSTRUIR LA REPÚBLICA DE NOSOTROS, por Ruptura/Utopía Tercer Camino

Gentes de Venezuela, de América Latina y el mundo; gentes de abajo hasta ahora militantes de partidos políticos (cual sea su signo ideológico); gentes de Dios (cualquiera sea su idea de Dios); jóvenes estudiantes defensores de la libertad en las calles; trabajadores del Comité de Huelga y demás sindicatos clasistas; campesinos sin tierra y demás abandonados por los programas asistenciales del gobierno; pueblos y naciones indígenas todas; gentes humildes y simples, pero con el absoluto poder de su humanidad; hermanos y hermanas todas:

Luego de más de cien (100) días de protestas en las calles en lo que, ciertamente, es posible catalogar como un levantamiento nacional de la muchedumbre en Venezuela pues, hasta en el más apartado de los pueblos, gentes sin otra arma más que su rabia, su miseria y su hambre salieron a levantar barricadas y a enfrentar, desarmados, al Ejército del Cartel de los Soles dirigido por Maduro y Diosdado Cabello; luego de un total de 120 jóvenes entre los 16 y los 22 años asesinados a mansalva, más de un millar de presos e incontables heridos; en fin, luego de más de cien días de batalla en la que, no con votos sino con la acción directa en las calles, toda una nación se dispuso a demostrarle al Estado-gobierno que no está dispuesta a aceptar su esclavitud; pero también, a los factores de oposición de los partidos políticos tradicionales, quienes, en una especie de acuerdo tácito con el gobierno, mantienen la tensión de una polarización de fuerzas utilizando la rebelión de la muchedumbre en función de sus pequeñas aspiraciones electorales.

Al mismo tiempo la crisis económica, expresada en una incontenible inflación y desabastecimiento, ha conducido al pueblo a niveles de pobreza y hambre jamás vividos en nuestra historia; esto, luego de haber dilapidado la mayor cantidad de ingresos jamás recibidos por el Estado venezolano y en un proceso de corrupción generalizada y ejecutado con el más descarado desparpajo.

Así, acorralado por la falta de liquidez con que sustentar su continuidad en el poder y en una grosera entrega de nuestra soberanía, el gobierno de Maduro, mediante un proyecto extractivista que condena a la desaparición a no menos de ocho pueblos indígenas, ha entregado al desafuero de transnacionales mineras rusas y chinas la explotación abierta del llamado Arco Minero del Orinoco, correspondiente al territorio nunca demarcado en flagrante incumplimiento del mandato constitucional de la vigente Constitución de 1999. De hecho, los últimos acontecimientos ocurridos en una prisión del estado venezolano de Amazonas, en el que fuerzas militares dieron muerte a 37 presos, previamente maniatados y de rodillas, forman parte de la política de terrorismo de Estado aplicada por el gobierno en función de someter la rebeldía de las muchedumbres, los más pobres que hoy comen de la basura, y esto no es exageración, es la exacta situación a la que la población más pobre ha sido conducida por quienes nos mandotean.

Hoy, cuando los factores de poder en el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática se felicitan por el adelanto de elecciones a gobernadores y alcaldes, creemos que es el tiempo de la unidad verdadera de los excluidos, es decir, de todos los que en verdad aspiran a reconstruir un otro país; por ello, a pesar de la “supuesta” victoria de la mafia que nos gobierna y cree haber alcanzado su insano propósito, nosotros estamos convencidos que nos encontramos en el mejor de los momentos para impulsar la construcción de la república de Nosotros, o sea, la de los engañados, los envilecidos por décadas mediante programas sociales y las llamadas políticas públicas, planificadas y ejecutadas para detener la insurgencia de nuestros pueblos y comunidades en contra de los colonialistas de siempre.

GUATEMALA: HOSPITAL ROOSEVELT, LA GUERRA CONTINÚA, por Marcelo Colussi

© Wilder López

La reciente masacre del Hospital Roosevelt, con 7 muertos y una docena de heridos, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde una multitud de aristas. Lecturas simplistas y opiniones viscerales no permiten entender realidades tan complicadas.

Una primera reacción –quizá la más generalizada– fue una mecánica y sentimentaloide respuesta violenta: ¡pena de muerte para los mareros! El hilo se corta siempre por lo más fino. Sin querer, en modo alguno, dulcificar o aminorar la conducta antisocial de los pandilleros que provocaron la masacre, lo importante es intentar entender el fenómeno en su totalidad. En ese sentido, entonces, los hechores materiales, los jóvenes que operaron las armas (¡por Q. 200!, según se dijo), son el último eslabón de una larga cadena.

Las maras, se sabe, son un síntoma social producto de una sociedad desgarrada, empobrecida hasta la médula y con una monstruosa historia de violencia a sus espaldas. Pero más desgarrador y patético que todo eso es la utilización que pueden hacer de ellas los llamados “poderes ocultos”: grupos criminales que operan en el ámbito de una opaca dimensión política, enquistados en estructuras del Estado.

¿Por qué sucedió la matanza del Hospital Roosevelt? ¿Quién es el responsable? En todo caso, no hay “culpable” único: es una sumatoria de causas, histórico-estructurales en un caso, coyunturales en otro, interactuando todas. Quizá sería más útil preguntarse, dado que esto es un hecho que supera la mera crónica policial alcanzando ribetes políticos, si alguien se beneficia de todo esto. La población común, definitivamente no. ¿Habrá otros actores beneficiados?

Analizando acuciosamente los hechos, se encuentran más preguntas y dudas que respuestas convincentes. Por lo pronto, es preocupante encontrar que el reo finalmente rescatado fue trasladado al hospital para un examen de sangre. ¿Mala práctica o complicidad?

Sin la más mínima intención de apelar a teorías conspirativas (ese día casualmente se daba, al mismo tiempo de la matanza, el sobreseimiento del caso “Bufete de la impunidad”, quedando libres la magistrada Blanca Stalling y la ex directora del Hogar Seguro, Anahy Keller), hay datos que abren interrogantes. Quizá no haya vinculación entre ese sobreseimiento y lo que estaba sucediendo en el Hospital, pero sin dudas hechos de tal magnitud como lo sucedido en el Roosevelt no pueden entenderse solo como casualidades.

Lo cierto es que la violencia descontrolada continúa en el país, y eso, más allá de pomposas declaraciones, tiene una lógica. Tal violencia va de la mano de la corrupción y la impunidad reinante. La “ineficiencia” del Estado –que, sin dudas, la hay– es un corolario de esa corrupción e impunidad. Enviar un preso a un hospital público solo para un estudio hematológico es una expresión de todo ese paquete: ¿ineficiencia, corrupción, Estado debilitado? Se había dicho que eso no volvería a suceder, teniendo en cuenta anteriores experiencias (una matanza similar en el Hospital San Juan de Dios). ¿Por qué sucedió? Es evidente que la satisfacción de la población es lo que menos interesa. ¿Sucedería esto en un hospital privado de jerarquía? ¿No es posible atender una situación similar en la Enfermería del centro carcelario?

Resulta significativo también, y refuerza la situación de corrupción e impunidad –que no es sino otra forma de demostrar la violencia en que seguimos viviendo– el cómo puede operar un grupo criminal. Eso evidencia la catástrofe social que nos envuelve. ¿Quién puede matar por encargo por 200 quetzales? ¿Qué opción tiene un joven de las (mal llamadas) “zonas rojas”? Sobrevivir penosamente –si consigue trabajo–, emigrar de ilegal, ¿o la mara? Es cierto que no todo joven de estas zonas ingresa a una pandilla (contrariando el prejuicioso mito dominante), pero la puerta para la transgresión está siempre abierta (recordemos que personas que no vienen de “barrios marginales” también transgreden, pero por vericuetos de la ¿politiquería?, al mismo tiempo de la masacre estaban saliendo en libertad en la Torre de Tribunales). La desesperación social reinante (la catástrofe humana latente, podría decirse) permite que por 200 quetzales se pueda ir a matar.

POLICÍAS PRIVADAS EN GUATEMALA: BUEN NEGOCIO (PARA ALGUNOS), por Marcelo Colussi

“Es más fácil transar con un marero que con un policía”, decía con naturalidad un funcionario del Ministerio de Gobernación. Por supuesto, ¡sabía lo que decía! Es más: quizá el funcionario en cuestión no sea un “mafioso” corrupto, miembro de una de las tantas redes de poderes paralelos que se anidan en los organismos de Estado. Quizá simplemente es un conocedor de la cultura de corrupción que campea victoriosa en el ministerio en cuestión, y en particular en las filas de la Policía Nacional Civil.

La población no confía en su policía. Nadie, en general, toma al cuerpo policial como “su” policía, como empleados a los que paga con sus impuestos y a quienes, por tanto, puede exigir que lo cuide con esmero. La idea generalizada, por el contrario, es que la Policía Nacional Civil no responde a las necesidades de la ciudadanía, es corrupta, ineficiente. Peligrosa, en definitiva.

En ese marco de descontento social, y junto a una ola delincuencial que –medios de comunicación mediante– pareciera barrer toda la sociedad “teniéndonos de rodillas”, como machaconamente se repite, surgen las policías privadas.

Hoy por hoy el mito de la eficiencia de lo privado también barre toda la sociedad. Contra la iniciativa privada no hay prácticamente voces críticas. Si algo es “privado”, en contraposición a lo “público”, eso pareciera suficiente garantía para ser bueno, eficiente, de calidad.

Ahora bien: en este momento los cuerpos policiales privados superan ampliamente a la fuerza pública. Si bien los datos no son exactos (lo cual debería ser un indicador de algo peligroso: ¿quién controla este campo?), todo indica que la relación es de 5 a 1; es decir: un 500% más de efectivos a favor de las agencias privadas, alrededor de 30.000 efectivos de la PNC contra 150.000 agentes privados. Pero eso, de todos modos, no garantiza la seguridad pública.

El crimen, pese a ese despliegue fabuloso de guardias privados que inunda todo espacio imaginable (iglesias, moteles, tiendas de barrios, peluquerías, guarderías infantiles, clínicas privadas…), sigue estando presente, y la violencia cotidiana no se detiene. Los 15 muertos diarios que se reportan siguen siendo la cruda realidad del país, y el clima de violencia imperante no tiende a reducirse.

El análisis objetivo de la situación lleva a plantearse esa paradoja: cada vez más policías privadas, pero al mismo tiempo, cada vez se acrecienta más el clima de inseguridad. ¿Por qué? La declaración de un ex pandillero, ahora músico profesional, da la pista: “No hace falta ser sociólogo ni analista político para darse cuenta la relación que hay entre el chavo marero al que le dan la orden de extorsionar tal sector, y el diputado o el chafa [militar] que después, en ese mismo sector, deja su tarjetita ofreciendo los servicios de su propia agencia de seguridad”.

PERÚ: EMPRESAS ESPAÑOLAS UTILIZARÁN EL DESASTRE PARA HACER NEGOCIOS, por Pepe Mejía

© Reuters

El pasado 29 de abril el Congreso del Perú publicó la Ley de Reconstrucción con Cambios (RCC), una iniciativa personal del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La ley 30556 abre la puerta a casos masivos de corrupción en nombre de la reconstrucción del país. Empresas españolas como Ferrovial, Repsol, Sacyr, Telefónica utilizarán el desastre como negocio. El Plan de reconstrucción del gobierno –avalado por sectores defensores de la privatización de los recursos públicos– pierde la oportunidad de hacer las cosas distintas: prima el enfoque de negocios para privatizar aprovechando la devaluación de tierras.

El fenómeno de “El Niño costero”, que recalentó el mar del Perú y de Ecuador y generó fuertes lluvias, deja desde diciembre 113 muertos, 42 heridos, 18 desaparecidos, más de un millón de afectados y cerca de 180.000 personas sin techo, según informes oficiales. La crisis meteorológica afectó a 20 departamentos de los 25 que tiene el país, especialmente los de la costa norte, y dañó más de 250.000 viviendas y cerca de 5.800 kilómetros de carretera. La reconstrucción costará 6.400 millones de dólares.

Las cifras son un caramelo goloso para las grandes empresas y no sólo las ligadas a la construcción y sector inmobiliario, sino para los bancos, seguros y fondos privados de pensiones entre otras.

El pasado 18 de abril, PPK explicó que el proceso de reconstrucción brindará incentivos a la empresa privada para que participe activamente.

Para conseguir su objetivo, PPK pactó con el grupo parlamentario Fuerza Popular (FP), representante de las peores prácticas mafiosas, corruptas y heredera de la dictadura fujimorista. La consecuencia ha sido el nombramiento de Pablo de la Flor como Director Ejecutivo de la Autoridad para la RCC. De la Flor fue ministro de Turismo con Fujimori. También estuvo ligado al Banco de Crédito de Perú, propiedad del poderoso banquero Dionisio Romero, uno de los magnates peruanos, la primera institución financiera del país, que estuvo implicado –junto a Montesinos, asesor de Fujimori– en dos denuncias por presuntos delitos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, así como por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.

UN EX FUJIMORISTA GESTIONARÁ LOS DINEROS

Pablo de la Flor, que gestionará “líneas de crédito contingentes” hasta por 3.700 millones de dólares, según le permite la ley aprobada por los fujimoristas y PPK, fue vice presidente de la empresa minera Antamina –controlada por las firmas BHP Billiton Ltd y Glencore Xstrata– en el departamento de Áncash. Comuneros de Cajacay denunciaron a la minera porque la población tenía en la sangre niveles altos de cobre, plomo y arsénico. La empresa del actual directivo nombrado por PPK fue también denunciada por un derrame compuesto de 30 minerales que ocasionó más de 300 personas afectadas, entre ellas seis niños. En el 2014 los trabajadores protagonizaron una huelga indefinida exigiendo sus derechos laborales. Antamina es uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo. En el curriculum de Pablo de la Flor se dice que dirigió el equipo negociador del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y es –o a sido– economista del First National Bank of Chicago. Por su trayectoria, sus preferencias están bastante claras.

DANDO CUENTA (ABRIL 2017), por Hugo Blanco

Mi actividad más importante fue participar de la protesta ante la Corte Suprema contra la apelación de la empresa Yanacocha, que pretende revertir el fallo del tribunal de Cajamarca que reconoce la propiedad de la compañera Máxima Acuña de la pequeña parcela que posee cerca de la laguna Azul.

El tribunal supremo, que debía haber emitido su fallo el día 12, no lo hizo y lo postergó para el 3 de mayo (¡ultimo minuto!: Ganó Máxima. La Corte Suprema rechazó la apelación de la empresa).

La empresa, que solo busca aumentar sus ganancias, pretende desaparecer las lagunas de altura que proveen de agua para beber, para la agricultura y ganadería a centenares de campesinos de cinco valles.

Por defender las lagunas Máxima Acuña no acepta vender su parcela a ningún precio a la referida empresa. Por esto obtuvo el Premio internacional Goldman a los defensores del medio ambiente [en 2016].

La empresa invierte millones comprando todo tipo de autoridades, comenzando de los gobiernos nacionales.

Son muchas las personas conscientes que entienden que debemos movilizarnos en apoyo a Máxima.

Eso se vio el día 12: además de quienes estábamos en el interior del Palacio de Justicia, en frente de él había numerosas personas, entre ellas algunas portaban una letra del manifiesto de apoyo: MÁXIMA NO ESTÁ SOLA.

Luego nos trasladamos al edificio del Parlamento, donde el Frente Amplio había preparado un homenaje a Máxima.

Me llamaron al frente y me dieron la palabra. En síntesis dije:

“Las empresas transnacionales tienen un solo objetivo: cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. No les importa si para ello matan la naturaleza y las personas. Tienen a su servicio a gobiernos y todo tipo de autoridades. Pero la parte consciente del pueblo se yergue contra ese atropello. Máxima Acuña es el símbolo de esa rebelión, por eso nuestro periódico Lucha Indígena lleva permanentemente el retrato de Máxima en su carátula”.

Estuve en el inicio de la marcha contra la privatización de Sedapal.

Me sorprendió gratamente la cantidad de gente que vino de los barrios pobres, entre ellos los combativos chalacos que luchan contra la corrupción.

GUATEMALA: EL ESTADO, ¿A QUIÉN DEFIENDE?, por Marcelo Colussi

© Carlos Sebastián

La reciente muerte de 40 jóvenes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, instancia pública regenteada por la Secretaría de Bienestar Social, abrió una visión crítica de la situación de la sociedad y del Estado: ¿quién mató a estas adolescentes: el fuego, un carcelero irresponsable o un Estado neoliberal ineficiente, heredero del Estado-finca que ha venido caracterizando a la nación desde sus albores, defensor de los grandes grupos agroexportadores e inexistente para las necesidades populares?

Ello lleva a preguntar: ¿por qué una sociedad es como es? En este caso: ¿por qué esta sociedad tiene 60% de su población bajo el límite de la pobreza, 20% de analfabetismo, machismo-patriarcal a la orden del día, la mitad de su niñez desnutrida, más de un 11% de su PBI constituido por remesas familiares de personas que se van irregularmente a Estados Unidos a trabajar en condiciones de precariedad, pandillas juveniles violentas, 25% de la población urbana viviendo en barrios marginalizados, 11% de la niñez urbana trabajando, más cantinas que escuelas y hospitales y centros de salud desabastecidos? Lo cual lleva a esta otra pregunta: ¿por qué un Estado “normaliza” todo esto?

El Estado es el mecanismo social que legitima una situación dada. Dicho de otro modo: el Estado constituye en ley, en ordenamiento simbólico universal, en mandato social obligado, un determinado estado de cosas. La legislación (que es siempre una construcción histórica, una convención) viene a darle valor inamovible e incuestionable a una situación determinada. En ese sentido, la ley no es necesariamente justa. Es “lo que conviene al más fuerte”, como dijera Trasímaco de Calcedonia en la Grecia clásica. El dirigente bolchevique Vladímir Lenin lo dirá con otras palabras dos milenios y medio después: “El Estado es el producto irreconciliable de las contradicciones de clase”.

El Estado es una fiel representación de lo que es la sociedad. En Guatemala se asiste a un Estado de espalda a las necesidades reales de su población. Un Estado que reprime, que viola en la práctica lo que declara en su Constitución, que beneficia a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. El Estado, en ese sentido, se constituye en el principal violador de los derechos mínimos y elementales de su gente.

¿Por qué murieron calcinadas 40 jovencitas que protestaban por abusos, negocio de trata sexual del que eran víctimas, golpes y vejaciones? No por el carcelero desquiciado que no abrió la puerta: murieron por una sumatoria de causas de las que el Estado es el principal factor y su representación más cabal.

El Estado de Guatemala -al igual que el Estado de cualquier país capitalista- no atiende realmente las necesidades de su población. En los países prósperos del Norte puede que invierta mucho más en cuestiones sociales, porque su situación económica se lo permite. Pero cuando la lucha de clases se pone al rojo vivo, nunca se equivoca en relación a quién debe defender. En el Sur, en los países pobres de África, Asia y América Latina, el Estado es equivalente a ineficiencia, corrupción y represión.