GUATEMALA: LAS MAFIAS AL PODER, por Marcelo Colussi

Guatemala está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial (compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.

El manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De todos modos, el “hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”¹ alguna vez, no copió en un examen ni se “echó una canita al aire”?

Lo cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.

En esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de estructuras paramilitares non sanctas se mantuvieron.

Esas formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.² O: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”.³ Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.

El Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de la ONU, constituye una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y aborrecida clase política actual.

GUATEMALA: HOSPITAL ROOSEVELT, LA GUERRA CONTINÚA, por Marcelo Colussi

© Wilder López

La reciente masacre del Hospital Roosevelt, con 7 muertos y una docena de heridos, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde una multitud de aristas. Lecturas simplistas y opiniones viscerales no permiten entender realidades tan complicadas.

Una primera reacción –quizá la más generalizada– fue una mecánica y sentimentaloide respuesta violenta: ¡pena de muerte para los mareros! El hilo se corta siempre por lo más fino. Sin querer, en modo alguno, dulcificar o aminorar la conducta antisocial de los pandilleros que provocaron la masacre, lo importante es intentar entender el fenómeno en su totalidad. En ese sentido, entonces, los hechores materiales, los jóvenes que operaron las armas (¡por Q. 200!, según se dijo), son el último eslabón de una larga cadena.

Las maras, se sabe, son un síntoma social producto de una sociedad desgarrada, empobrecida hasta la médula y con una monstruosa historia de violencia a sus espaldas. Pero más desgarrador y patético que todo eso es la utilización que pueden hacer de ellas los llamados “poderes ocultos”: grupos criminales que operan en el ámbito de una opaca dimensión política, enquistados en estructuras del Estado.

¿Por qué sucedió la matanza del Hospital Roosevelt? ¿Quién es el responsable? En todo caso, no hay “culpable” único: es una sumatoria de causas, histórico-estructurales en un caso, coyunturales en otro, interactuando todas. Quizá sería más útil preguntarse, dado que esto es un hecho que supera la mera crónica policial alcanzando ribetes políticos, si alguien se beneficia de todo esto. La población común, definitivamente no. ¿Habrá otros actores beneficiados?

Analizando acuciosamente los hechos, se encuentran más preguntas y dudas que respuestas convincentes. Por lo pronto, es preocupante encontrar que el reo finalmente rescatado fue trasladado al hospital para un examen de sangre. ¿Mala práctica o complicidad?

Sin la más mínima intención de apelar a teorías conspirativas (ese día casualmente se daba, al mismo tiempo de la matanza, el sobreseimiento del caso “Bufete de la impunidad”, quedando libres la magistrada Blanca Stalling y la ex directora del Hogar Seguro, Anahy Keller), hay datos que abren interrogantes. Quizá no haya vinculación entre ese sobreseimiento y lo que estaba sucediendo en el Hospital, pero sin dudas hechos de tal magnitud como lo sucedido en el Roosevelt no pueden entenderse solo como casualidades.

Lo cierto es que la violencia descontrolada continúa en el país, y eso, más allá de pomposas declaraciones, tiene una lógica. Tal violencia va de la mano de la corrupción y la impunidad reinante. La “ineficiencia” del Estado –que, sin dudas, la hay– es un corolario de esa corrupción e impunidad. Enviar un preso a un hospital público solo para un estudio hematológico es una expresión de todo ese paquete: ¿ineficiencia, corrupción, Estado debilitado? Se había dicho que eso no volvería a suceder, teniendo en cuenta anteriores experiencias (una matanza similar en el Hospital San Juan de Dios). ¿Por qué sucedió? Es evidente que la satisfacción de la población es lo que menos interesa. ¿Sucedería esto en un hospital privado de jerarquía? ¿No es posible atender una situación similar en la Enfermería del centro carcelario?

Resulta significativo también, y refuerza la situación de corrupción e impunidad –que no es sino otra forma de demostrar la violencia en que seguimos viviendo– el cómo puede operar un grupo criminal. Eso evidencia la catástrofe social que nos envuelve. ¿Quién puede matar por encargo por 200 quetzales? ¿Qué opción tiene un joven de las (mal llamadas) “zonas rojas”? Sobrevivir penosamente –si consigue trabajo–, emigrar de ilegal, ¿o la mara? Es cierto que no todo joven de estas zonas ingresa a una pandilla (contrariando el prejuicioso mito dominante), pero la puerta para la transgresión está siempre abierta (recordemos que personas que no vienen de “barrios marginales” también transgreden, pero por vericuetos de la ¿politiquería?, al mismo tiempo de la masacre estaban saliendo en libertad en la Torre de Tribunales). La desesperación social reinante (la catástrofe humana latente, podría decirse) permite que por 200 quetzales se pueda ir a matar.

POLICÍAS PRIVADAS EN GUATEMALA: BUEN NEGOCIO (PARA ALGUNOS), por Marcelo Colussi

“Es más fácil transar con un marero que con un policía”, decía con naturalidad un funcionario del Ministerio de Gobernación. Por supuesto, ¡sabía lo que decía! Es más: quizá el funcionario en cuestión no sea un “mafioso” corrupto, miembro de una de las tantas redes de poderes paralelos que se anidan en los organismos de Estado. Quizá simplemente es un conocedor de la cultura de corrupción que campea victoriosa en el ministerio en cuestión, y en particular en las filas de la Policía Nacional Civil.

La población no confía en su policía. Nadie, en general, toma al cuerpo policial como “su” policía, como empleados a los que paga con sus impuestos y a quienes, por tanto, puede exigir que lo cuide con esmero. La idea generalizada, por el contrario, es que la Policía Nacional Civil no responde a las necesidades de la ciudadanía, es corrupta, ineficiente. Peligrosa, en definitiva.

En ese marco de descontento social, y junto a una ola delincuencial que –medios de comunicación mediante– pareciera barrer toda la sociedad “teniéndonos de rodillas”, como machaconamente se repite, surgen las policías privadas.

Hoy por hoy el mito de la eficiencia de lo privado también barre toda la sociedad. Contra la iniciativa privada no hay prácticamente voces críticas. Si algo es “privado”, en contraposición a lo “público”, eso pareciera suficiente garantía para ser bueno, eficiente, de calidad.

Ahora bien: en este momento los cuerpos policiales privados superan ampliamente a la fuerza pública. Si bien los datos no son exactos (lo cual debería ser un indicador de algo peligroso: ¿quién controla este campo?), todo indica que la relación es de 5 a 1; es decir: un 500% más de efectivos a favor de las agencias privadas, alrededor de 30.000 efectivos de la PNC contra 150.000 agentes privados. Pero eso, de todos modos, no garantiza la seguridad pública.

El crimen, pese a ese despliegue fabuloso de guardias privados que inunda todo espacio imaginable (iglesias, moteles, tiendas de barrios, peluquerías, guarderías infantiles, clínicas privadas…), sigue estando presente, y la violencia cotidiana no se detiene. Los 15 muertos diarios que se reportan siguen siendo la cruda realidad del país, y el clima de violencia imperante no tiende a reducirse.

El análisis objetivo de la situación lleva a plantearse esa paradoja: cada vez más policías privadas, pero al mismo tiempo, cada vez se acrecienta más el clima de inseguridad. ¿Por qué? La declaración de un ex pandillero, ahora músico profesional, da la pista: “No hace falta ser sociólogo ni analista político para darse cuenta la relación que hay entre el chavo marero al que le dan la orden de extorsionar tal sector, y el diputado o el chafa [militar] que después, en ese mismo sector, deja su tarjetita ofreciendo los servicios de su propia agencia de seguridad”.

PREVENCIÓN DE LA “VIOLENCIA JUVENIL”: ¿QUÉ SIGNIFICA?, por Marcelo Colussi

¿Prevención de qué? Quizá el prejuicio oculto es que todo joven de barrio pobre es un marero en potencia. En vez de “prevención” pensar en “desarrollo integral de la juventud”. ¿Solo malabares en los semáforos o carreras técnicas (oficios) se nos puede ofrecer? Revisar eso. ¿Por qué no doctores o ingenieros también? ¿O astronautas?

(Un joven ex marero de alguna barriada “peligrosa” de Guatemala)

Ciudad de Guatemala

En términos generales, en todo momento las juventudes fueron discordantes con la ideología y los modos culturales dominantes. Para un mundo adultocéntrico, la rebeldía juvenil siempre constituye una afrenta. Así pasó con cualquier “grito juvenil” que se alzó como contestatario. Pero en los imaginarios colectivos actuales –ganados por un pensamiento conservador que va de la mano de la visión neoliberal que recorre el mundo, montada en la globalización del libre mercado, el éxito y el “sálvese quien pueda”– la juventud, más que una esperanza, suele asociársela a violencia, droga, y de ahí a circuitos de criminalidad, a marginalidad peligrosa. Sin negar que esta conexión en verdad pueda suceder en alguna ocasión, desde esa óptica conservadora y prejuiciosa “juventud” –al menos una parte de la juventud: la juventud pobre, la que marchó a la ciudad y habita los barrios pobres y plagados de violencia, la que no tiene mayores perspectivas– es intrínsecamente una bomba de tiempo. Por tanto, hay que prevenir que no estalle. Y ahí están a la orden del día las campañas de prevención para evitarlo.

En estas últimas décadas se ha ido construyendo una visión de la juventud donde esa rebeldía, que incluso décadas atrás estuvo puesta al servicio de ideales de transformación social, es entendida más bien como un “peligro” en ciernes. Más aún si se trata de la juventud de los barrios excluidos, de las barriadas pobres de las principales urbes. En la Ciudad de Guatemala ello ha pasado a ser ya un estigma solidificado: joven de barrio pobre es equivalente a peligroso. Por tanto: hay que prevenir. Surge así una serie de programas “preventivos”.

¿Prevención de qué? ¿Qué se está previniendo con los programas de prevención juvenil? ¿Cuáles son los supuestos implícitos ahí?

La idea de prevención que se maneja pareciera que apunta a prevenir que los jóvenes delincan, pero no que sean pobres. Este último punto pareciera no tocarse; lo que al sistema le preocupa es la incomodidad, la “fealdad” que va de la mano de lo marginal: ser un marero, ser un asocial, no entrar en los circuitos de la integración. Lo que está en la base de este pensamiento es una sumatoria de valores discriminatorios: estar tatuado, utilizar determinada ropa o provenir de ciertas áreas de la ciudad ya tiene un valor de estigma. ¿Qué se busca prevenir entonces con esas acciones?

SOBRE MARAS Y PANDILLAS EN GUATEMALA (entrevista a Marcelo Colussi)

MARAS Y PODERES OCULTOS, por Marcelo Colussi

Síntesis

Las “maras” constituyen un problema social con aristas múltiples. Esto ya es sabido, existiendo una amplia bibliografía sobre el tema. Lo que se quiere resaltar ahora es la vinculación que existe entre ellas y poderes paralelos u ocultos nacidos en la guerra contrainsurgente de décadas pasadas, y que aún sobreviven, en muchos casos ocultos en estructuras del Estado, detentando considerables cuotas de poder económico y político. Las maras operan en buena medida en función de un mensaje de control social que estos poderes ocultos envían al colectivo. La violencia generalizada que campea sobre el país, fundamentalmente sobre determinadas zonas urbanas, tiene una lógica propia derivada de un entrecruzamiento de causas, pero al mismo tiempo responde a la implementación de planes trazados por determinados centros de poder donde ellas se han convertido en nuevo “demonio”, supuesta causa de todos los problemas, justificando así la aplicación de políticas represivas.

Palabras claves

Maras, violencia, control social, transgresión, impunidad.

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Introducción

Las maras constituyen un problema social con aristas múltiples. Esto ya es sabido, existiendo una amplia bibliografía sobre el tema. Lo que se quiere resaltar ahora es la vinculación que existe entre ellas y poderes paralelos u ocultos nacidos en la guerra contrainsurgente de décadas pasadas, y que aún sobreviven, en muchos casos ocultos en estructuras del Estado, detentando considerables cuotas de poder económico y político.

Las maras funcionan como familia sustituta de numerosos jóvenes que proceden de hogares disfuncionales. El motivo por el que un joven, o un niño –dado lo prematuro de las edades con que se hace el pasaje de incorporación– ingresa a una mara, denota una sumatoria de causas: hay un trasfondo de pobreza estructural e histórica sobre el que se articula una cultura de violencia dominante, impuesta ya como norma en la historia del país, fortalecida con un conflicto armado que alcanzó ribetes de crueldad indecibles y que sigue sirviendo como pedagogía del terror, a lo que se suman impunidad, debilidad o ausencia de políticas públicas por parte del Estado, diferencias económicas irritantes entre los sectores más favorecidos y la gran masa de pobres y excluidos, ruptura de los tejidos sociales producto de la guerra interna, de la masiva movilidad del campo hacia la ciudad y de la salida desesperada hacia el extranjero como vía de escape a la pobreza crónica con la repatriación forzada de muchas de esas personas en condiciones que agravan la ya precaria situación nacional.

Todo esto ya es sabido suficientemente. La academia lo ha venido estudiando desde hace un buen tiempo disponiéndose de mucho conocimiento al respecto, lo cual, lamentablemente, no se traduce en respuestas efectivas por parte del Estado con la implementación de políticas sostenibles y de largo alcance. Las maras, por tanto, siguen siendo criminalizadas y vistas como causa, no como consecuencia.

Dichas maras han venido cambiando su perfil en el tiempo, aumentando su agresividad, tornándose mucho más crueles que en los momentos de su aparición en la década de los 80 del siglo pasado. Ello responde a una transformación nada azarosa. Los llamados grupos de poderes paralelos enquistados en diversas estructuras que siguen operando con lógicas contrainsurgentes, aprovechan a estos jóvenes para sus operaciones delictivas. Pero más aún: en un proyecto semi-clandestino, desde ciertas cuotas de poder que esos grupos detentan, las maras constituyen un brazo operativo y funcional que sirve a sus intereses de proyección político-económica en tanto grupos de poder, disputándole terreno incluso a fuerzas sociales tradicionales.