Publicamos para nuestros lectores una entrevista a Gonzalo Gómez Freire realizada por el periodista Pepe Mejía y aparecida originalmente –el pasado 5 de febrero– en el sitio web de la revista Poder Popular: le damos las gracias por concedernos el permiso para reproducirla. [la Redacción de Lucha Indígena]
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| Retrato de Gonzalo Gómez Freire © Poder Popular |
Gonzalo Gómez Freire es psicólogo y comunicador popular, co-fundador de Aporrea, miembro de la Coordinación Nacional de Marea Socialista y de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana en Venezuela.
Gómez no tiene pelos en la lengua. En esta entrevista denuncia las violentas acciones de las guarimbas, la política extractivista de Estados Unidos, las disputas interburocráticas, la utilización de armas españolas en la represión y la injerencia del gobierno de Mariano Rajoy, el aumento de jóvenes profesionales que salen de Venezuela y la necesidad de levantar una nueva referencia política alternativa antiautoritaria, antiburocrática y anticapitalista.
¿Cuál es la actual situación en Venezuela?
Estamos en una situación de cambio de etapa en tránsito hacia una deriva autoritaria y una desestructuración institucional, aderezado con un colapso económico y social. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue convocada contraviniendo la Constitución de la República Bolivariana del 1999 de Chávez. No se podía convocar e instalar sin consultar en referendum al pueblo venezolano. En la actual composición de la ANC la burocracia en fundamental ha usurpado el poder constituyente. No es el soberano representado, sino miembros del aparato del Estado instalados en la Constituyente. Concentran todos los poderes, subordinados a la Constituyente. Van modificando la Constitución sobre la marcha. No sabemos si la Constitución del 1999 sigue vigente o no. Han aprobado cosas que no parecen profundizar la revolución. Por ejemplo: proyectos extractivistas, leyes de protección de inversiones extranjeras, zonas económicas especiales, el arco minero del Orinoco. En realidad, la ANC es la tapadera de un sistema autoritario que ha usurpado el lugar del poder popular. De alguna manera tenemos una contrarrevolución en curso ejecutada desde el propio Gobierno en nombre de la revolución bolivariana.
¿Cuál es la situación de los movimientos sociales y las movilizaciones?
Entre abril y julio del pasado año hubo protestas masivas multitudinarias lideradas por la derecha que expresaban demandas democráticas y en muchos casos legítimas. Estas movilizaciones derivaron en las guarimbas (acciones violentas vanguardistas localizadas en puntos determinados de confrontación), que fueron obviamente reprimidas por el Estado y derrotadas físicamente porque hubo fuertes enfrentamientos y detenciones. Antes de su fragmentación y crisis política, la derecha fue derrotada en las calles. Los movimientos sociales, en lugar de avanzar hacia la autoorganización y la autonomía genuina de poder popular, han sido cooptados, clientelizados y pervertidos por el Gobierno y el aparato del Estado. No son organizaciones que luchan por las necesidades reales del pueblo y la clase trabajadora, sino por intereses gubernamentales de la burocracia. Lo que sí hay es el incremento de tumultos frente a los establecimientos de comida, saqueos, asaltos colectivos a transportes de alimentos en las carreteras.
¿Existe monolitismo dentro del Gobierno? ¿O podemos hablar de disensiones al interior?
Existen disputas interburocráticas. Por ejemplo: Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha sido recientemente acusado de desfalco. Desvió miles de millones de dólares a Andorra. Pero este caso es fruto de una lucha intestina, porque se ha reducido la renta y no alcanza para mantener ese aparato burocrático. Necesitan chivos expiatorios que pague los platos rotos. No hay una auditoría ciudadana. Utilizan esas investigaciones para acusar a otros sectores de la burocracia y poder tapar otros delitos. Además de esto existen disensos dentro del partido en el Gobierno y dentro de la misma Asamblea. En las pasadas elecciones municipales, en Simón Planas, ganó un militante independiente del PSUV, el dirigente campesino y comunero Ángel Prado de la Comuna El Maizal. A pesar de haber ganado, el Gobierno desconoció el triunfo porque la ANC no había autorizado la candidatura.
¿Cómo están las relaciones con Estados Unidos?
En el plano de la geopolítica y la retórica, son conflictivas. Primero, porque están todos los antecedentes de la política antimperialista que tenía Chávez. Y eso deja mucha huella. Segundo, porque Estados Unidos no se resigna a que Venezuela sea administrada por bolivarianos y no confía en esa dirección. Quieren tener al frente del Estado venezolano a los partidos y a los dirigentes que han tenido vínculos históricos con ellos. Por otro lado, mantiene sanciones sobre Venezuela y sobre funcionarios del Gobierno e incluso esbozan amenazas intervencionistas. Pero el Gobierno, más allá de la retórica, ha venido defendiendo el pago puntual de la deuda externa y mantiene relaciones que privilegian a los tenedores de bonos, a Goldman Sachs, a pesar de que últimamente Venezuela ha venido cayendo en un impago parcial. En tercer lugar, está la política extractivista: el nuevo rentismo mega minero se abre como nunca al capital transnacional aunque ya no sólo se trata de Estados Unidos y Canadá, sino también a empresas de capitales europeos y de los imperialismos emergentes, como China y Rusia. Esto genera un campo de competencia interimperialista. Nosotros rechazamos la injerencia intervencionista imperialista sobre Venezuela.
¿Cómo están las relaciones con España, más allá de la expulsión de los respectivos embajadores?
Existen motivos de sobra para que haya descontento social y político e incomodidad por la violación de los derechos humanos; pero, obviamente, hay quienes desean aprovechar la confrontación con el Gobierno de Maduro para acabar con la revolución bolivariana. Hoy existen dos amenazas en Venezuela: la que proviene de la vieja burguesía imperialista y la amenaza destructiva de la propia burocracia gubernamental, que administra y vive del capitalismo venezolano como sistema. Administra con criterios mafiosos. Se ha formado una casta depredadora que ha acumulado capital a expensas de los recursos del Estado, en lugar de ir en transición al socialismo. Lo que tenemos en Venezuela es una especie de lumpen-capitalismo. El gobierno español está alineado con los sectores que desde siempre han tenido prácticas injerencistas, desde los tiempos de Aznar en que fue el golpe contra Chávez, pero no hay que desconocer que existen reclamos legítimos que buscan la solidaridad internacional.
¿Existe algún contencioso de relevancia en las relaciones comerciales con España?
La oposición denunció que las armas con las que se reprimía eran equipos importados y vendidos desde España: mientras el gobierno español estaba en la conspiración injerencista contra el Gobierno de Nicolás Maduro, mantenía negocios suministrando armamentos.
¿Cómo están las relaciones con Europa?
Los gobiernos europeos –con sus diferencias– han sido, al menos aparentemente, más proclives al diálogo y a las soluciones pacíficas. Estados Unidos ha practicado y practica una política más ruda hacia Venezuela: cuestiones de estilo. EE.UU. aplicó sanciones, y Europa también. Hay que distinguir una cosa. Las sanciones hacia Venezuela pueden tener un impacto negativo sobre la población en lugar de aliviar sus calamidades. Otro tema es que pueda haber funcionarios venezolanos involucrados en fuga de capitales, negocios turbios, corrupción, y que mantengan capitales en otros países. Nadie puede oponerse a investigar operaciones ilícitas a costa del dinero de Venezuela. Necesitamos recuperar esos recursos para afrontar la crisis. Estoy en contra de medidas injerencistas que perjudiquen al pueblo venezolano. Pero no se puede encubrir, como defensa de la soberanía, la acciones delictivas de funcionarios del Estado venezolano que se han llevado recursos a fuera del país y se han involucrado en operaciones irregulares y fraudulentas. Deben ser investigados y sancionados. No se debe utilizar como arma para la conspiración política o la injerencia externa.
