GUATEMALA: LAS MAFIAS AL PODER, por Marcelo Colussi

Guatemala está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial (compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.

El manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De todos modos, el “hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”¹ alguna vez, no copió en un examen ni se “echó una canita al aire”?

Lo cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.

En esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de estructuras paramilitares non sanctas se mantuvieron.

Esas formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.² O: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”.³ Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.

El Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de la ONU, constituye una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y aborrecida clase política actual.

DANDO CUENTA (AGOSTO 2017), por Hugo Blanco

El mes pasado mi principal trabajo fue la presentación de mi libro Nosotros los Indios en el sur del país: Juliaca, Puno, Ayaviri, Cusco y Abancay.

Agradezco principalmente la amabilidad del Programa Democracia y Transformación Global, dirigido por el compañero Raphael Hoetmer, por su programación, sus contactos y su gentileza al prestarme los libros.

En Puno me hospedó por muchos días una amable compañera.

En ese departamento me emocionó el recordar la vez anterior en que residí por largo tiempo en el local de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, cuando siendo Secretario de Organización de la Confederación Campesina del Perú (CCP), a solicitud mía me destacaron a ese departamento a colaborar en la lucha llevada por el campesinado comunero para reformar la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, quien había juntado varias haciendas para formar gigantescas cooperativas que no eran tales, sino organismos en que el campesinado debía trabajar para los burócratas (Presidente, Gerente, etc.). El campesinado comunero recuperó 1 millón 250 mil hectáreas para las comunidades. La lucha era contra el gobierno de Alan García, contra “Rumimaqui”, la rama puneña de la Confederación Nacional Agraria que defendía la política de Velasco, y contra Sendero Luminoso, que nos acusaba de “engañar al campesinado diciendo que había otra forma de lucha que no era la lucha armada”. Sendero asesinó a Zenobio Warsaya, quien había sido elegido como alcalde por sus compañeros indígenas. Uno de los líderes de la recuperación de tierras en la zona norte fue Porfirio Suni: fue encarcelado por el ejército acusándolo de senderista y logramos su libertad con una campaña nacional e internacional; cuando la conseguimos, Sendero lo asesinó.

Me informan que desgraciadamente hubo retrocesos en la recuperación de tierras por las comunidades.

Antes de la guerra interna entre los gobiernos y Sendero la CCP era fuerte y tenía bases en una gran parte del país. Durante la guerra interna los gobiernos asesinaron a muchos dirigentes campesinos acusándolos de senderistas, y Sendero los asesinaba acusándolos de apoyar a los gobiernos. Eso debilitó a la CCP, que ahora tiene muy pocas bases que funcionan; me alegró saber que la Federación Departamental de Campesinos de Puno es una de ellas, cuyo Secretario General es el combativo ayavireño Justo Huallpa.

En Puno tuve la grata compañía de la dirigente indígena Nasa Vilma Almendra, a quien admiro mucho.

En Cusco fue breve mi intervención: señalé la diferencia entre las luchas de antes, en que luchamos por la tierra que estuvo en manos de los gamonales y que en La Convención conseguimos que pasara a manos de quienes las trabajaban sin pagarles ni un centavo ni dejarles un metro cuadrado. Nos costó muertos y prisiones, pidieron la pena de muerte para mí dos veces; pero logramos aplastar al latifundio de tipo feudal traído por los invasores europeos. Luego la reforma agraria fue continuada por Velasco a su manera, pagando a los latifundistas en efectivo y en bonos.

Ahora la lucha es por el agua y por la vida, debido a la voracidad de ganancia de las empresas transnacionales que atacan a la naturaleza con la minería a cielo abierto, la agro-industria y la extracción de petróleo.

En Abancay fue la mejor presentación, preparada por la sección apurimeña de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Tuvo un carácter muy indígena.

Se inició con un ritual indígena. Proyectaron parte de una intervención mía y un video sobre Mamá Angélica, que acababa de fallecer en el departamento vecino de Ayacucho. Hablaron compañeras y compañeros exponiendo partes del libro. Pude explicar las expresiones quechuas de que carece el castellano, como los dos plurales de primera persona, uno que incluye al interlocutor y otro que lo excluye.

GUATEMALA: ¿CÓMO HACER PARA IR MÁS ALLÁ DE LAS VUVUZELAS?, por Marcelo Colussi

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG © Wilder López

Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015.

En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país, la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en la calle, pero solo con vuvuzelas y entonando el himno nacional. Eso era necesario para poder implementar ese “golpe suave” en que consistió la maniobra que posibilitó sacar de la casa de gobierno al entonces binomio presidencial: Pérez Molina y Baldetti. Hoy día el escenario es otro.

La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas. Una crisis palaciega donde, una vez más, la población de a pie queda al margen. O, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen.

¿Por qué se da la crisis? Obviamente no es solo una cuestión visceral de un presidente que se siente acorralado por posibles juicios que se le avecinan; eso puede contar, pero en todo caso es un elemento más que evidencia las preocupaciones que sienten ciertos sectores, a los que representa el primer mandatario, que son su base de apoyo. Jimmy Morales, cuya figura fuera usada dos años atrás para salir de la crisis política que se había creado jugando el papel de “no corrupto”, tiene como grupo de apoyo (en su partido FCN-Nación) sectores de ultra-derecha ligados a la represión durante la guerra, quienes presentan nexos con negocios no muy santos. De ahí que ahora salen a relucir financiamientos turbios durante su campaña presidencial, donde la narcoactividad es protagonista.

La misión de la CICIG,¹ financiada y direccionada por Washington, es la persecución de hechos de corrupción. Pero ahí hay agenda oculta: se persiguen funcionarios de gobierno corruptos (la Línea 1), pero nunca se tocan –ni pareciera que se vayan a tocar en el futuro– a los verdaderos beneficiados de la corrupción: la “Línea 2” (empresariado que se sigue manejando en la más completa impunidad, no tributando impuestos, pagando salarios por debajo de lo fijado por ley –los cuales ya son de miseria–, desviando ríos y contaminando irresponsablemente el medio ambiente, entre otras preciosidades). La CICIG, como parte del proyecto de hipercontrol que desarrolla el gobierno de Estados Unidos con los países de Centroamérica, choca así con ciertos grupos de poder que se han venido formando en décadas a la sombra del Estado contrainsurgente, y que siguen actuando aún con mucha impunidad.

La crisis actual habla de ese enfrentamiento. Esa confrontación llevó al presidente a pedir la salida del comisionado Iván Velásquez. La dinámica se dio de tal manera que todo pareció reducirse a la dicotomía si Velásquez se va o se queda. O si Jimmy se va o se queda. La cuestión es más compleja.

Ante esa dinámica, y reeditando lo sucedido en el 2015, alguna población volvió a salir a la calle (mucho menos que dos años atrás) pidiendo la renuncia del mandatario. Pero ahora el plan estadounidense no parece ser sacar de en medio al presidente (como lo fue con Pérez Molina). A partir de cierta gimnasia participativa que comenzó a darse desde aquellas manifestaciones, más de alguno sintió que nuevamente la gente en la calle podía decidir los destinos del país.

VENEZUELA: UNA MANO PARA CONSTRUIR LA REPÚBLICA DE NOSOTROS, por Ruptura/Utopía Tercer Camino

Gentes de Venezuela, de América Latina y el mundo; gentes de abajo hasta ahora militantes de partidos políticos (cual sea su signo ideológico); gentes de Dios (cualquiera sea su idea de Dios); jóvenes estudiantes defensores de la libertad en las calles; trabajadores del Comité de Huelga y demás sindicatos clasistas; campesinos sin tierra y demás abandonados por los programas asistenciales del gobierno; pueblos y naciones indígenas todas; gentes humildes y simples, pero con el absoluto poder de su humanidad; hermanos y hermanas todas:

Luego de más de cien (100) días de protestas en las calles en lo que, ciertamente, es posible catalogar como un levantamiento nacional de la muchedumbre en Venezuela pues, hasta en el más apartado de los pueblos, gentes sin otra arma más que su rabia, su miseria y su hambre salieron a levantar barricadas y a enfrentar, desarmados, al Ejército del Cartel de los Soles dirigido por Maduro y Diosdado Cabello; luego de un total de 120 jóvenes entre los 16 y los 22 años asesinados a mansalva, más de un millar de presos e incontables heridos; en fin, luego de más de cien días de batalla en la que, no con votos sino con la acción directa en las calles, toda una nación se dispuso a demostrarle al Estado-gobierno que no está dispuesta a aceptar su esclavitud; pero también, a los factores de oposición de los partidos políticos tradicionales, quienes, en una especie de acuerdo tácito con el gobierno, mantienen la tensión de una polarización de fuerzas utilizando la rebelión de la muchedumbre en función de sus pequeñas aspiraciones electorales.

Al mismo tiempo la crisis económica, expresada en una incontenible inflación y desabastecimiento, ha conducido al pueblo a niveles de pobreza y hambre jamás vividos en nuestra historia; esto, luego de haber dilapidado la mayor cantidad de ingresos jamás recibidos por el Estado venezolano y en un proceso de corrupción generalizada y ejecutado con el más descarado desparpajo.

Así, acorralado por la falta de liquidez con que sustentar su continuidad en el poder y en una grosera entrega de nuestra soberanía, el gobierno de Maduro, mediante un proyecto extractivista que condena a la desaparición a no menos de ocho pueblos indígenas, ha entregado al desafuero de transnacionales mineras rusas y chinas la explotación abierta del llamado Arco Minero del Orinoco, correspondiente al territorio nunca demarcado en flagrante incumplimiento del mandato constitucional de la vigente Constitución de 1999. De hecho, los últimos acontecimientos ocurridos en una prisión del estado venezolano de Amazonas, en el que fuerzas militares dieron muerte a 37 presos, previamente maniatados y de rodillas, forman parte de la política de terrorismo de Estado aplicada por el gobierno en función de someter la rebeldía de las muchedumbres, los más pobres que hoy comen de la basura, y esto no es exageración, es la exacta situación a la que la población más pobre ha sido conducida por quienes nos mandotean.

Hoy, cuando los factores de poder en el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática se felicitan por el adelanto de elecciones a gobernadores y alcaldes, creemos que es el tiempo de la unidad verdadera de los excluidos, es decir, de todos los que en verdad aspiran a reconstruir un otro país; por ello, a pesar de la “supuesta” victoria de la mafia que nos gobierna y cree haber alcanzado su insano propósito, nosotros estamos convencidos que nos encontramos en el mejor de los momentos para impulsar la construcción de la república de Nosotros, o sea, la de los engañados, los envilecidos por décadas mediante programas sociales y las llamadas políticas públicas, planificadas y ejecutadas para detener la insurgencia de nuestros pueblos y comunidades en contra de los colonialistas de siempre.

GUATEMALA: HOSPITAL ROOSEVELT, LA GUERRA CONTINÚA, por Marcelo Colussi

© Wilder López

La reciente masacre del Hospital Roosevelt, con 7 muertos y una docena de heridos, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde una multitud de aristas. Lecturas simplistas y opiniones viscerales no permiten entender realidades tan complicadas.

Una primera reacción –quizá la más generalizada– fue una mecánica y sentimentaloide respuesta violenta: ¡pena de muerte para los mareros! El hilo se corta siempre por lo más fino. Sin querer, en modo alguno, dulcificar o aminorar la conducta antisocial de los pandilleros que provocaron la masacre, lo importante es intentar entender el fenómeno en su totalidad. En ese sentido, entonces, los hechores materiales, los jóvenes que operaron las armas (¡por Q. 200!, según se dijo), son el último eslabón de una larga cadena.

Las maras, se sabe, son un síntoma social producto de una sociedad desgarrada, empobrecida hasta la médula y con una monstruosa historia de violencia a sus espaldas. Pero más desgarrador y patético que todo eso es la utilización que pueden hacer de ellas los llamados “poderes ocultos”: grupos criminales que operan en el ámbito de una opaca dimensión política, enquistados en estructuras del Estado.

¿Por qué sucedió la matanza del Hospital Roosevelt? ¿Quién es el responsable? En todo caso, no hay “culpable” único: es una sumatoria de causas, histórico-estructurales en un caso, coyunturales en otro, interactuando todas. Quizá sería más útil preguntarse, dado que esto es un hecho que supera la mera crónica policial alcanzando ribetes políticos, si alguien se beneficia de todo esto. La población común, definitivamente no. ¿Habrá otros actores beneficiados?

Analizando acuciosamente los hechos, se encuentran más preguntas y dudas que respuestas convincentes. Por lo pronto, es preocupante encontrar que el reo finalmente rescatado fue trasladado al hospital para un examen de sangre. ¿Mala práctica o complicidad?

Sin la más mínima intención de apelar a teorías conspirativas (ese día casualmente se daba, al mismo tiempo de la matanza, el sobreseimiento del caso “Bufete de la impunidad”, quedando libres la magistrada Blanca Stalling y la ex directora del Hogar Seguro, Anahy Keller), hay datos que abren interrogantes. Quizá no haya vinculación entre ese sobreseimiento y lo que estaba sucediendo en el Hospital, pero sin dudas hechos de tal magnitud como lo sucedido en el Roosevelt no pueden entenderse solo como casualidades.

Lo cierto es que la violencia descontrolada continúa en el país, y eso, más allá de pomposas declaraciones, tiene una lógica. Tal violencia va de la mano de la corrupción y la impunidad reinante. La “ineficiencia” del Estado –que, sin dudas, la hay– es un corolario de esa corrupción e impunidad. Enviar un preso a un hospital público solo para un estudio hematológico es una expresión de todo ese paquete: ¿ineficiencia, corrupción, Estado debilitado? Se había dicho que eso no volvería a suceder, teniendo en cuenta anteriores experiencias (una matanza similar en el Hospital San Juan de Dios). ¿Por qué sucedió? Es evidente que la satisfacción de la población es lo que menos interesa. ¿Sucedería esto en un hospital privado de jerarquía? ¿No es posible atender una situación similar en la Enfermería del centro carcelario?

Resulta significativo también, y refuerza la situación de corrupción e impunidad –que no es sino otra forma de demostrar la violencia en que seguimos viviendo– el cómo puede operar un grupo criminal. Eso evidencia la catástrofe social que nos envuelve. ¿Quién puede matar por encargo por 200 quetzales? ¿Qué opción tiene un joven de las (mal llamadas) “zonas rojas”? Sobrevivir penosamente –si consigue trabajo–, emigrar de ilegal, ¿o la mara? Es cierto que no todo joven de estas zonas ingresa a una pandilla (contrariando el prejuicioso mito dominante), pero la puerta para la transgresión está siempre abierta (recordemos que personas que no vienen de “barrios marginales” también transgreden, pero por vericuetos de la ¿politiquería?, al mismo tiempo de la masacre estaban saliendo en libertad en la Torre de Tribunales). La desesperación social reinante (la catástrofe humana latente, podría decirse) permite que por 200 quetzales se pueda ir a matar.

UNA CRÍTICA AL LIBRO “MEMORIAS DEL FUTURO” DE HUGO COYA, por Jan Lust

Planeta, 2017

En este año se conmemoran los 50 años del asesinato del Che Guevara. En el Perú y en otros países, y especialmente en Bolivia, se están desarrollando diversas actividades en relación al Guerrillero Heroico. Nuevos libros y artículos sobre el Che o sobre asuntos en relación a él mismo se están publicando. En mayo de este año se publicó en el Perú la obra Memorias del futuro. El Che Guevara y el Perú 50 años después: Nuevas verdades y grandes mentiras sobre su histórica gesta.

Con gran interés he empezado a leer este trabajo de Hugo Coya, pero lo terminé con una gran decepción. Es un trabajo que no debe pasar a la historia. El título anuncia mucho sobre el Perú, pero en su contenido hay muy poco. Solamente 6 capítulos (de los 17 capítulos) hacen referencia específica a asuntos peruanos. Pero eso es no es todo.

En gran parte, lo que podemos encontrar en el libro no es nuevo. Cuando uno empieza a revisar las biografías sobre el Che elaboradas por Anderson, Kalfon, Castañeda, O’Donnell, Taibo II y Massari, entre otros, se da cuenta que lo que Coya trata de presentar como nuevo es viejo. Peor cuando se empieza a leer los trabajos de Gálvez sobre el Che en Bolivia, de Pombo (el guerrillero que estaba con el Che en Bolivia) y de Gleijeses. Además, en el cuerpo del texto casi no hay ninguna referencia a la bibliografía o a las 15 personas entrevistadas. Entonces, es difícil de comprobar las afirmaciones de Coya y eso puede dar espacio a la creación (y la publicación) de fantasías que luego se convierten en verdades históricas. Asimismo, la referencia bibliográfica de una información que encontramos en el libro no está incluida en la bibliografía, por ejemplo sobre el problema de salud de Luis de la Puente (página 130) y cómo fueron capturados los principales integrantes de la guerrilla liderada por De la Puente en el Cusco (páginas 130-131).¹ ¿Eso no es plagio?

En el prefacio el autor dice que ha hecho decenas de entrevistas. Sin embargo, en la lista de entrevistados solo figuran 15 personas. Uno de ellos fue una persona con el nombre Juan Pablo Chang (¿Chang-Navarro?). También, Coya hace referencia a documentos inéditos, pero no están sustentados en la bibliografía. Menciona los archivos históricos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, los National Archives and Records Administration de los Estados Unidos y los National Archives del Reino Unido, pero no específica los documentos que ha usado o que ha consultado. Los documentos de la CIA que menciona están disponibles en el Internet, como también los del White House Memorandum y del Departamento de Estado ¿Estos son los documentos inéditos?

Todo eso no es el problema principal que tengo con este texto. Tampoco la posición política del autor o lo que quiere demostrar. Las opiniones se pueden discrepar. Lo que molesta es la burla de la historia revolucionaria peruana que encarna este libro. A continuación presento los errores u “horrores” que he detectado en relación al Perú o a los peruanos mencionados en el libro.

1) Página 91: Según Coya, en 1958 Hugo Blanco fue expulsado del PCP. Error: Hugo Blanco nunca fue un militante del PCP.

2) Página 113: “Un segundo grupo estaba constituido por quienes habían militado en el Partido Comunista del Perú (PCP), como Guillermo Lobatón, Mario Rodríguez, Vladimiro Gallegos, Julio Dagnino y Gonzalo Fernández”. Error: Guillermo Lobatón y Gonzalo Fernández nunca fueron militantes del PCP. En este apartado Coya dice que estas personas formaron parte del grupo de estudiantes (los “becados”) que subieron el Pico Turquino. Error: Todos los mencionados nunca formaron parte del grupo de estudiantes (como Javier Heraud) que fueron invitados por el Gobierno cubano.

MA PROPRIO NON HANNO CAPITO PERCHÉ L’URSS È CROLLATA?, di Antonio Moscato

In un momento in cui parte dei residui della ex sinistra antagonistica italiana si schiera a spada tratta per il mantenimento in Venezuela della dittatura di una casta burocratica (la bolicrazia) corrotta e antioperaia, nemica della democrazia e affamatrice del popolo (i cui beni naturali continua a svendere a vari imperialismi per i propri interessi di casta e per mantenersi al potere), siamo lieti di ospitare l’articolo di Antonio Moscato apparso sul suo sito Movimento Operaio. Per chi si fosse perso gli articoli precedenti dei nostri compagni venezuelani di Ruptura/Utopía Tercer Camino (Douglas Bravo), ricordiamo che Maduro ha fatto eleggere, con i voti di circa un terzo della popolazione, una presunta Assemblea costituente che sta tentando di soppiantare il Parlamento regolarmente eletto e nel quale da tempo Maduro non ha più la maggioranza. Non si era mai visto un utilizzo così antidemocratico dello strumento «Assemblea costituente».

Questa politica antidemocratica della bolicrazia ha favorito la crescita di un movimento di massa di opposizione che, in mancanza di alternative di sinistra, è facilmente cavalcato e strumentalizzato dalla destra storica venezuelana. Se si fosse riusciti a rovesciare questo governo di una minoranza corrotta con uno sciopero dei lavoratori già due-tre anni fa, oggi non assisteremmo a questa lenta e atroce sconfitta del popolo venezuelano, il cui governo di casta non ha più niente a che vedere con il chavismo dei primi anni di Chávez. L’irresponsabilità di Maduro e dei corrotti che lo affiancano sta purtroppo creando le peggiori condizioni per un trapasso da un governo di pseudosinistra a un governo di destra.

Un aspetto ottimo dello scritto di Moscato è che dimostra come gli argomenti (falsi) utilizzati oggi per difendere questo regime dittatoriale sono gli stessi che la ex sinistra filosovietica ha sempre usato per difendere tutte le altre dittature che venivano sempre e regolarmente camuffate sotto la finta maschera dell’antimperialismo, anche quando erano i lavoratori a rovesciarle (se ne potrebbe fare una lista enorme). Manovre della Cia, complotti e dietrologie sono sempre state del resto le armi «teoriche» favorite, usate da gruppi e persone che rientrano più nelle categorie della psicopatologia politica che non della teoria marxista libertaria.

L’unica soddisfazione è che dalla caduta dell’Urss in poi queste forme di psicopatologia politica si sono andate via via riducendo sempre più, salvo riemergere in momenti drammatici come la caduta di Saddam Husayn, di Gheddafi oppure ora di Maduro. A quando la loro definitiva scomparsa? A quando la ripresa di un’autentica discussione politica? Il problema è serio e la sopravvivenza di questi residui la sta ostacolando ormai da decenni… come ognuno può verificare. [r.m.]

Torri di perforazione di fronte a Cabimas, lago di Maracaibo (Venezuela) © Federico Labanti

Gli argomenti dei difensori incondizionati di Maduro sono debolissimi, ma inquietanti. Se la prendono con i giornalisti superficiali che parlano alla leggera di “dittatura”, ma sorvolano sulla dimensione reale dello scontro in Venezuela. Non è su astratti problemi di architettura istituzionale che è esplosa la crisi, ma sulla fame provocata da una politica economica dissennata. A differenza di molti degli ardenti sostenitori nostrani del regime attuale, io ho seguito dall’inizio il “processo bolivariano”, senza pregiudizi per l’origine militare di Chávez - anche se con qualche cautela rispetto agli entusiasmi che ritenevo eccessivi di altri compagni che stimo - ma con un appoggio indiscusso a questa e ad altre manifestazioni di quello che avevo chiamato il risveglio dell’America Latina¹. Tuttavia non mi ero mai nascosto il carattere non socialista (ma pur sempre positivo) delle misure di nazionalizzazione con indennizzi consistenti, col risultato che negli anni di Chávez il settore privato si era rafforzato rispetto a quello pubblico. Le scandalose cessioni di bond dell’azienda petrolifera di Stato [Pdvsa] alla Goldman Sachs dell’ultimo periodo hanno rappresentato però un salto di qualità rispetto a una politica consolidata di favori concessi per ottenere la benevolenza dei grandi petrolieri, tant’è vero che sono rimaste segrete a lungo. Ma nessuno di quelli che del Venezuela non si erano mai occupati fino a quel momento ha avuto il sospetto che l’aumento delle proteste potesse essere collegato alle privazioni inflitte alla popolazione per assicurare questi regali alla grande finanza, e per far apparire il governo un buon pagatore del debito accumulato. Privazioni che si possono quantificare: hanno ridotto i tre quarti dei salariati a sopravvivere con meno di due dollari al giorno ed è cresciuta di nuovo la mortalità infantile per carenze di medicinali che non vengono più importati, dato che l’importazione di beni e servizi è scesa da 66 miliardi di dollari nel 2012 a circa un miliardo e mezzo nel 2017.

Il problema è che fra chi critica la politica economica e sociale di Maduro c’è soprattutto chi aveva seguito con attenzione le trasformazioni successive della politica governativa, e chi la elogia oggi lo fa per sintonia con gli argomenti propagandistici di Maduro, ma senza conoscere nulla del Paese e della sua storia recente.

Non si tratta di contrapporre Maduro al suo predecessore, dato che già nell’ultimo periodo di presidenza di Chávez il sistema dei cambi multipli del dollaro si era sviluppato facilitando corruzione e fughe di capitali privati e pubblici, l’inflazione aveva cominciato a galoppare e la penuria di alimentari per la contrazione delle importazioni aveva alimentato il malcontento, espresso anche nella non partecipazione al voto di milioni di iscritti al Psuv [Partido Socialista Unido de Venezuela], ma anche nelle partenze per l’estero di chi poteva appellarsi a un antenato italiano o spagnolo. Ma questo sfuggiva a chi considerava una fonte autorevole quel Vasapollo che dopo aver esaltato per anni Jorge Giordani, l’economista più interessante della cerchia di Chávez, lo ha abbandonato appena è stato accantonato per aver espresso perplessità sulle ultime scelte economiche. Così, sommando la scarsa conoscenza diretta delle varie fasi della politica economica chavista con la propaganda di Maduro, che presenta come meriti suoi quelli del primo periodo di riforme - avviato dopo il golpe del 2002 e l’entrata in scena delle masse popolari che provocò un’indubbia radicalizzazione del processo - qualunque critica alla situazione attuale viene messa in conto ai “servi dell’imperialismo”.