GUATEMALA: LAS MAFIAS AL PODER, por Marcelo Colussi

Guatemala está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial (compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.

El manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De todos modos, el “hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”¹ alguna vez, no copió en un examen ni se “echó una canita al aire”?

Lo cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.

En esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de estructuras paramilitares non sanctas se mantuvieron.

Esas formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.² O: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”.³ Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.

El Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de la ONU, constituye una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y aborrecida clase política actual.

GUATEMALA: ¿CÓMO HACER PARA IR MÁS ALLÁ DE LAS VUVUZELAS?, por Marcelo Colussi

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG © Wilder López

Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015.

En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país, la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en la calle, pero solo con vuvuzelas y entonando el himno nacional. Eso era necesario para poder implementar ese “golpe suave” en que consistió la maniobra que posibilitó sacar de la casa de gobierno al entonces binomio presidencial: Pérez Molina y Baldetti. Hoy día el escenario es otro.

La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas. Una crisis palaciega donde, una vez más, la población de a pie queda al margen. O, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen.

¿Por qué se da la crisis? Obviamente no es solo una cuestión visceral de un presidente que se siente acorralado por posibles juicios que se le avecinan; eso puede contar, pero en todo caso es un elemento más que evidencia las preocupaciones que sienten ciertos sectores, a los que representa el primer mandatario, que son su base de apoyo. Jimmy Morales, cuya figura fuera usada dos años atrás para salir de la crisis política que se había creado jugando el papel de “no corrupto”, tiene como grupo de apoyo (en su partido FCN-Nación) sectores de ultra-derecha ligados a la represión durante la guerra, quienes presentan nexos con negocios no muy santos. De ahí que ahora salen a relucir financiamientos turbios durante su campaña presidencial, donde la narcoactividad es protagonista.

La misión de la CICIG,¹ financiada y direccionada por Washington, es la persecución de hechos de corrupción. Pero ahí hay agenda oculta: se persiguen funcionarios de gobierno corruptos (la Línea 1), pero nunca se tocan –ni pareciera que se vayan a tocar en el futuro– a los verdaderos beneficiados de la corrupción: la “Línea 2” (empresariado que se sigue manejando en la más completa impunidad, no tributando impuestos, pagando salarios por debajo de lo fijado por ley –los cuales ya son de miseria–, desviando ríos y contaminando irresponsablemente el medio ambiente, entre otras preciosidades). La CICIG, como parte del proyecto de hipercontrol que desarrolla el gobierno de Estados Unidos con los países de Centroamérica, choca así con ciertos grupos de poder que se han venido formando en décadas a la sombra del Estado contrainsurgente, y que siguen actuando aún con mucha impunidad.

La crisis actual habla de ese enfrentamiento. Esa confrontación llevó al presidente a pedir la salida del comisionado Iván Velásquez. La dinámica se dio de tal manera que todo pareció reducirse a la dicotomía si Velásquez se va o se queda. O si Jimmy se va o se queda. La cuestión es más compleja.

Ante esa dinámica, y reeditando lo sucedido en el 2015, alguna población volvió a salir a la calle (mucho menos que dos años atrás) pidiendo la renuncia del mandatario. Pero ahora el plan estadounidense no parece ser sacar de en medio al presidente (como lo fue con Pérez Molina). A partir de cierta gimnasia participativa que comenzó a darse desde aquellas manifestaciones, más de alguno sintió que nuevamente la gente en la calle podía decidir los destinos del país.

GUATEMALA: RENUNCIA LA VICEPRESIDENTE ROXANA BALDETTI, por Marcelo Colussi

El presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti

El día viernes 8 de mayo, tras un par de semanas de ánimos políticos caldeados, renunció la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti. Eso fue el final de un complejo proceso, no exento de ribetes policiales, que mantuvo en vilo a la sociedad guatemalteca por varios largos días. Y que la sigue manteniendo en un estado de movilización que hacía buen tiempo no se veía, el cual puede dispararse de modo impredecible.

Baldetti renuncia porque su espacio político se había reducido dramáticamente en pocas semanas, y en estos momentos ya había quedado asfixiada y en completa soledad. Su salida, para nada gloriosa, es el final casi obligado de una larga cadena de hechos corruptos. Ella es la cara visible de una red de mafiosos funcionarios enquistados en el Estado desde hace ya algunas décadas (cara visible porque así parece que lo decidieron los poderosos factores de poder de la Embajada de Estados Unidos y la coordinadora del alto empresariado, habiéndosele perdonado la vida –al menos por el momento– al actual presidente, el general Otto Pérez Molina, ex kaibil ligado a la lucha antiguerrillera, acusado de violaciones a los derechos humanos). Dicha red mafiosa y corrupta es producto directo del Estado contrainsurgente, de la corporación militar que tomó un desmedido poder (político, pero también, y fundamentalmente, económico) en los años de la guerra interna, y que se viene perpetuando como grupo delincuencial de cuello blanco manejando diversos negocios ilícitos a la sombre de sus cargos públicos (narcoactividad, contrabando, crimen organizado, etc.).