24 DE MARZO Y UN ETERNO DILEMA ARGENTINO, por Nechi Dorado

© Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes

Como casi todos los años, la conmemoración de la fecha en que un grupo de genocidas se instaló a sangre y fuego, causando la desaparición de 30 mil compañeras y compañeros, conlleva una serie de problemas que debieran, a esta altura, estar resueltos definitivamente, en homenaje perpetuo hacia quienes dieron su vida por la causa más justa: el socialismo.

Es imprescindible recordar que esos compañeros desaparecidos y los sobrevivientes soñábamos una patria donde todos cupiéramos, en la que no hubiera niños sin pan y sin escuela; ni niños con escuela sólo para ir a conseguir un mendrugo, el único del día, como pasa desde hace varios años acentuándose en la actualidad.

Cuando uno ve los problemas que se suscitan en torno a una conmemoración que debería ser indiscutible por los motivos que entraña, se pone a pensar qué es lo que nos pasa a los argentinos que no alcanzamos acuerdos ni para determinar qué cosas nos movilizan y qué clase de importancia debemos darle a cada una.

¡Y no es poca, señores, no es poca!

Acá hubo un genocidio programado; actualmente hay instancias que se le parecen mucho a aquellos momentos, al menos ideológicamente. De hecho hay en el poder gente que incrementó su fortuna en esos días interminables donde las noches eran de plomo, dolor, luto, sangre, tortura.

Y hay actores de aquel espanto durmiendo en sus casas con las ventanas abiertas como para que todos veamos que son impunes, metafóricamente hablando…

Este año no es muy distinto a los anteriores; la fecha se conmemorará, obviamente, pero me siento envuelta por mil interrogantes, por ejemplo: ¿bajo qué condiciones, en medio de qué disputas, enredados en que líos evitables se organizaron los actos?

¿Es para tanto dilema el recuerdo de los 30 mil, de sus madres y padres (no organizados ellos, pero existentes), muchos ya fallecidos sin haber podido besar la tumba de su hijo o hija, desconociendo hasta el lugar donde tiraron sus cuerpos?

Abuelas y agrego, abuelos: nunca se mencionó la figura de ellos, que también existieron y lloraron lágrimas de sangre, aunque no se hayan estructurado y permanezcan sepultados en una nube de olvido.

Nuestros desaparecidos y todos los sobrevivientes del absurdo son merecedores del mayor de los respetos, y el respeto se llamaría unidad en la acción, comenzando desde la planificación u organización de los homenajes.

En medio de cavilaciones y dudas me debato tratando de encontrar respuestas que me asaltan y preocupan. ¿Qué motivo impera para que se desarrollen tantas idas y vueltas, tantos enojos, tanta conspiración por fuera de un espacio aglutinador que desde hace tantos años viene trabajando arduamente para la construcción y sostén de la memoria colectiva? Labor en búsqueda imparable de verdad y justicia, algo que mientras no se instale definitivamente, los argentinos seguiremos impedidos para resolver problemas actuales y venideros que no serán pocos y se huelen.

Viendo tanta disparidad por un mismo objetivo cuando, pienso si acaso a los 30 mil volverán a desaparecerlos. Le temo al ego exacerbado, a la estupidez, a la mezquindad política, a las alianzas absurdas –aunque sean momentáneas– con sectores que produjeron divisiones imperdonables hacia el interior del campo popular, haciendo sentir como si una estructura fuera más importante que la otra.

Como si existiera un “dolorómetro” capaz de medir cuántos gramos más de sufrimiento sufrió determinado grupo en recuerdo permanente.

Temo a la disputa por lugares: primero yo, después yo y más allá también yo. Temo el habernos acostumbrado casi a santificar el pronombre personal en primera persona del singular, reemplazando al nosotros.

Temo a la imposición de los que desconocen que el verdadero dirigente NO impone, sino que convence, mucho menos cuando no estamos en situación bélica y el enemigo es otro, mucho más poderoso, y goza con las eternas divisiones que supimos conseguir.

Llegamos a contar con demasiados capataces y pocos obreros. El mejunje ideológico causando atolladeros, mientras se debería pensar que es hermoso ir juntos, pero NUNCA amontonados con determinados grupos, que la diferenciación es imprescindible y muchísimo más cuando la disimilitud de conceptos de clase es abismal.

Costó mucho llegar a una conclusión final respecto al próximo 24 de Marzo, muchos tironeos, muchas discusiones –algunas estériles–, mucha conspiración incomprensible fuera de los ámbitos donde deberían realizarse los debates.

El día que entendamos que codo a codo se gestaron las mejores causas –pero que a la vez mi codo no puede estar pegado al del genocida o cómplice de aquel por acción u omisión–, estaremos más arrimados hacia la verdadera esencia del recordatorio de una época que no deberíamos haber transitado nunca.

Sólo entonces los 30 mil renacerán y allí será el momento en que digamos desde lo más profundo del alma –pero en serio–, no olvidando que muchos empezaron a decirlo hace muy poco:

30 mil compañeras y compañeros desaparecidos ¡PRESENTES, AHORA y SIEMPRE!

GUATEMALA: LAS MAFIAS AL PODER, por Marcelo Colussi

Guatemala está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial (compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.

El manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De todos modos, el “hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”¹ alguna vez, no copió en un examen ni se “echó una canita al aire”?

Lo cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.

En esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de estructuras paramilitares non sanctas se mantuvieron.

Esas formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.² O: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”.³ Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.

El Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de la ONU, constituye una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y aborrecida clase política actual.

GUATEMALA: ¿CÓMO HACER PARA IR MÁS ALLÁ DE LAS VUVUZELAS?, por Marcelo Colussi

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG © Wilder López

Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015.

En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país, la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en la calle, pero solo con vuvuzelas y entonando el himno nacional. Eso era necesario para poder implementar ese “golpe suave” en que consistió la maniobra que posibilitó sacar de la casa de gobierno al entonces binomio presidencial: Pérez Molina y Baldetti. Hoy día el escenario es otro.

La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas. Una crisis palaciega donde, una vez más, la población de a pie queda al margen. O, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen.

¿Por qué se da la crisis? Obviamente no es solo una cuestión visceral de un presidente que se siente acorralado por posibles juicios que se le avecinan; eso puede contar, pero en todo caso es un elemento más que evidencia las preocupaciones que sienten ciertos sectores, a los que representa el primer mandatario, que son su base de apoyo. Jimmy Morales, cuya figura fuera usada dos años atrás para salir de la crisis política que se había creado jugando el papel de “no corrupto”, tiene como grupo de apoyo (en su partido FCN-Nación) sectores de ultra-derecha ligados a la represión durante la guerra, quienes presentan nexos con negocios no muy santos. De ahí que ahora salen a relucir financiamientos turbios durante su campaña presidencial, donde la narcoactividad es protagonista.

La misión de la CICIG,¹ financiada y direccionada por Washington, es la persecución de hechos de corrupción. Pero ahí hay agenda oculta: se persiguen funcionarios de gobierno corruptos (la Línea 1), pero nunca se tocan –ni pareciera que se vayan a tocar en el futuro– a los verdaderos beneficiados de la corrupción: la “Línea 2” (empresariado que se sigue manejando en la más completa impunidad, no tributando impuestos, pagando salarios por debajo de lo fijado por ley –los cuales ya son de miseria–, desviando ríos y contaminando irresponsablemente el medio ambiente, entre otras preciosidades). La CICIG, como parte del proyecto de hipercontrol que desarrolla el gobierno de Estados Unidos con los países de Centroamérica, choca así con ciertos grupos de poder que se han venido formando en décadas a la sombra del Estado contrainsurgente, y que siguen actuando aún con mucha impunidad.

La crisis actual habla de ese enfrentamiento. Esa confrontación llevó al presidente a pedir la salida del comisionado Iván Velásquez. La dinámica se dio de tal manera que todo pareció reducirse a la dicotomía si Velásquez se va o se queda. O si Jimmy se va o se queda. La cuestión es más compleja.

Ante esa dinámica, y reeditando lo sucedido en el 2015, alguna población volvió a salir a la calle (mucho menos que dos años atrás) pidiendo la renuncia del mandatario. Pero ahora el plan estadounidense no parece ser sacar de en medio al presidente (como lo fue con Pérez Molina). A partir de cierta gimnasia participativa que comenzó a darse desde aquellas manifestaciones, más de alguno sintió que nuevamente la gente en la calle podía decidir los destinos del país.

GUATEMALA: HOSPITAL ROOSEVELT, LA GUERRA CONTINÚA, por Marcelo Colussi

© Wilder López

La reciente masacre del Hospital Roosevelt, con 7 muertos y una docena de heridos, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde una multitud de aristas. Lecturas simplistas y opiniones viscerales no permiten entender realidades tan complicadas.

Una primera reacción –quizá la más generalizada– fue una mecánica y sentimentaloide respuesta violenta: ¡pena de muerte para los mareros! El hilo se corta siempre por lo más fino. Sin querer, en modo alguno, dulcificar o aminorar la conducta antisocial de los pandilleros que provocaron la masacre, lo importante es intentar entender el fenómeno en su totalidad. En ese sentido, entonces, los hechores materiales, los jóvenes que operaron las armas (¡por Q. 200!, según se dijo), son el último eslabón de una larga cadena.

Las maras, se sabe, son un síntoma social producto de una sociedad desgarrada, empobrecida hasta la médula y con una monstruosa historia de violencia a sus espaldas. Pero más desgarrador y patético que todo eso es la utilización que pueden hacer de ellas los llamados “poderes ocultos”: grupos criminales que operan en el ámbito de una opaca dimensión política, enquistados en estructuras del Estado.

¿Por qué sucedió la matanza del Hospital Roosevelt? ¿Quién es el responsable? En todo caso, no hay “culpable” único: es una sumatoria de causas, histórico-estructurales en un caso, coyunturales en otro, interactuando todas. Quizá sería más útil preguntarse, dado que esto es un hecho que supera la mera crónica policial alcanzando ribetes políticos, si alguien se beneficia de todo esto. La población común, definitivamente no. ¿Habrá otros actores beneficiados?

Analizando acuciosamente los hechos, se encuentran más preguntas y dudas que respuestas convincentes. Por lo pronto, es preocupante encontrar que el reo finalmente rescatado fue trasladado al hospital para un examen de sangre. ¿Mala práctica o complicidad?

Sin la más mínima intención de apelar a teorías conspirativas (ese día casualmente se daba, al mismo tiempo de la matanza, el sobreseimiento del caso “Bufete de la impunidad”, quedando libres la magistrada Blanca Stalling y la ex directora del Hogar Seguro, Anahy Keller), hay datos que abren interrogantes. Quizá no haya vinculación entre ese sobreseimiento y lo que estaba sucediendo en el Hospital, pero sin dudas hechos de tal magnitud como lo sucedido en el Roosevelt no pueden entenderse solo como casualidades.

Lo cierto es que la violencia descontrolada continúa en el país, y eso, más allá de pomposas declaraciones, tiene una lógica. Tal violencia va de la mano de la corrupción y la impunidad reinante. La “ineficiencia” del Estado –que, sin dudas, la hay– es un corolario de esa corrupción e impunidad. Enviar un preso a un hospital público solo para un estudio hematológico es una expresión de todo ese paquete: ¿ineficiencia, corrupción, Estado debilitado? Se había dicho que eso no volvería a suceder, teniendo en cuenta anteriores experiencias (una matanza similar en el Hospital San Juan de Dios). ¿Por qué sucedió? Es evidente que la satisfacción de la población es lo que menos interesa. ¿Sucedería esto en un hospital privado de jerarquía? ¿No es posible atender una situación similar en la Enfermería del centro carcelario?

Resulta significativo también, y refuerza la situación de corrupción e impunidad –que no es sino otra forma de demostrar la violencia en que seguimos viviendo– el cómo puede operar un grupo criminal. Eso evidencia la catástrofe social que nos envuelve. ¿Quién puede matar por encargo por 200 quetzales? ¿Qué opción tiene un joven de las (mal llamadas) “zonas rojas”? Sobrevivir penosamente –si consigue trabajo–, emigrar de ilegal, ¿o la mara? Es cierto que no todo joven de estas zonas ingresa a una pandilla (contrariando el prejuicioso mito dominante), pero la puerta para la transgresión está siempre abierta (recordemos que personas que no vienen de “barrios marginales” también transgreden, pero por vericuetos de la ¿politiquería?, al mismo tiempo de la masacre estaban saliendo en libertad en la Torre de Tribunales). La desesperación social reinante (la catástrofe humana latente, podría decirse) permite que por 200 quetzales se pueda ir a matar.

POLICÍAS PRIVADAS EN GUATEMALA: BUEN NEGOCIO (PARA ALGUNOS), por Marcelo Colussi

“Es más fácil transar con un marero que con un policía”, decía con naturalidad un funcionario del Ministerio de Gobernación. Por supuesto, ¡sabía lo que decía! Es más: quizá el funcionario en cuestión no sea un “mafioso” corrupto, miembro de una de las tantas redes de poderes paralelos que se anidan en los organismos de Estado. Quizá simplemente es un conocedor de la cultura de corrupción que campea victoriosa en el ministerio en cuestión, y en particular en las filas de la Policía Nacional Civil.

La población no confía en su policía. Nadie, en general, toma al cuerpo policial como “su” policía, como empleados a los que paga con sus impuestos y a quienes, por tanto, puede exigir que lo cuide con esmero. La idea generalizada, por el contrario, es que la Policía Nacional Civil no responde a las necesidades de la ciudadanía, es corrupta, ineficiente. Peligrosa, en definitiva.

En ese marco de descontento social, y junto a una ola delincuencial que –medios de comunicación mediante– pareciera barrer toda la sociedad “teniéndonos de rodillas”, como machaconamente se repite, surgen las policías privadas.

Hoy por hoy el mito de la eficiencia de lo privado también barre toda la sociedad. Contra la iniciativa privada no hay prácticamente voces críticas. Si algo es “privado”, en contraposición a lo “público”, eso pareciera suficiente garantía para ser bueno, eficiente, de calidad.

Ahora bien: en este momento los cuerpos policiales privados superan ampliamente a la fuerza pública. Si bien los datos no son exactos (lo cual debería ser un indicador de algo peligroso: ¿quién controla este campo?), todo indica que la relación es de 5 a 1; es decir: un 500% más de efectivos a favor de las agencias privadas, alrededor de 30.000 efectivos de la PNC contra 150.000 agentes privados. Pero eso, de todos modos, no garantiza la seguridad pública.

El crimen, pese a ese despliegue fabuloso de guardias privados que inunda todo espacio imaginable (iglesias, moteles, tiendas de barrios, peluquerías, guarderías infantiles, clínicas privadas…), sigue estando presente, y la violencia cotidiana no se detiene. Los 15 muertos diarios que se reportan siguen siendo la cruda realidad del país, y el clima de violencia imperante no tiende a reducirse.

El análisis objetivo de la situación lleva a plantearse esa paradoja: cada vez más policías privadas, pero al mismo tiempo, cada vez se acrecienta más el clima de inseguridad. ¿Por qué? La declaración de un ex pandillero, ahora músico profesional, da la pista: “No hace falta ser sociólogo ni analista político para darse cuenta la relación que hay entre el chavo marero al que le dan la orden de extorsionar tal sector, y el diputado o el chafa [militar] que después, en ese mismo sector, deja su tarjetita ofreciendo los servicios de su propia agencia de seguridad”.

PREVENCIÓN DE LA “VIOLENCIA JUVENIL”: ¿QUÉ SIGNIFICA?, por Marcelo Colussi

¿Prevención de qué? Quizá el prejuicio oculto es que todo joven de barrio pobre es un marero en potencia. En vez de “prevención” pensar en “desarrollo integral de la juventud”. ¿Solo malabares en los semáforos o carreras técnicas (oficios) se nos puede ofrecer? Revisar eso. ¿Por qué no doctores o ingenieros también? ¿O astronautas?

(Un joven ex marero de alguna barriada “peligrosa” de Guatemala)

Ciudad de Guatemala

En términos generales, en todo momento las juventudes fueron discordantes con la ideología y los modos culturales dominantes. Para un mundo adultocéntrico, la rebeldía juvenil siempre constituye una afrenta. Así pasó con cualquier “grito juvenil” que se alzó como contestatario. Pero en los imaginarios colectivos actuales –ganados por un pensamiento conservador que va de la mano de la visión neoliberal que recorre el mundo, montada en la globalización del libre mercado, el éxito y el “sálvese quien pueda”– la juventud, más que una esperanza, suele asociársela a violencia, droga, y de ahí a circuitos de criminalidad, a marginalidad peligrosa. Sin negar que esta conexión en verdad pueda suceder en alguna ocasión, desde esa óptica conservadora y prejuiciosa “juventud” –al menos una parte de la juventud: la juventud pobre, la que marchó a la ciudad y habita los barrios pobres y plagados de violencia, la que no tiene mayores perspectivas– es intrínsecamente una bomba de tiempo. Por tanto, hay que prevenir que no estalle. Y ahí están a la orden del día las campañas de prevención para evitarlo.

En estas últimas décadas se ha ido construyendo una visión de la juventud donde esa rebeldía, que incluso décadas atrás estuvo puesta al servicio de ideales de transformación social, es entendida más bien como un “peligro” en ciernes. Más aún si se trata de la juventud de los barrios excluidos, de las barriadas pobres de las principales urbes. En la Ciudad de Guatemala ello ha pasado a ser ya un estigma solidificado: joven de barrio pobre es equivalente a peligroso. Por tanto: hay que prevenir. Surge así una serie de programas “preventivos”.

¿Prevención de qué? ¿Qué se está previniendo con los programas de prevención juvenil? ¿Cuáles son los supuestos implícitos ahí?

La idea de prevención que se maneja pareciera que apunta a prevenir que los jóvenes delincan, pero no que sean pobres. Este último punto pareciera no tocarse; lo que al sistema le preocupa es la incomodidad, la “fealdad” que va de la mano de lo marginal: ser un marero, ser un asocial, no entrar en los circuitos de la integración. Lo que está en la base de este pensamiento es una sumatoria de valores discriminatorios: estar tatuado, utilizar determinada ropa o provenir de ciertas áreas de la ciudad ya tiene un valor de estigma. ¿Qué se busca prevenir entonces con esas acciones?

¿REFUNDACIÓN DEL ESTADO O REVOLUCIÓN?, por Marcelo Colussi

Algunos años atrás se hablaba de lucha de clases. Hoy, de democracia. Para aquella época –unas dos o tres décadas atrás– se hablaba de poder popular; hoy se habla de participación ciudadana. Años atrás se hablaba de Marx, con x al final; ahora se habla de Marc’s (métodos alternativos de resolución de conflictos). Antes se hablaba de revolución. ¿Ahora se habla de refundación del Estado?

La derecha política se ha ido apropiando paulatinamente de lo que años atrás era el discurso de la izquierda. Eso es gatopardismo: cambiar algo para que no cambie nada. Hoy, abiertamente y sin ningún temor, los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional pueden denunciar la situación económica del mundo y hablar de lucha contra la pobreza. Eso puede parecer loable; pero ¡cuidado! Luchar contra la pobreza no es lo mismo que luchar contra la injusticia, contra las verdaderas causas que producen la pobreza.

En ese orden de cosas, hoy día en Guatemala comenzó a hablarse (demasiado insistentemente quizá) de “refundación del Estado”. Ante todo, como punto mínimo, partamos por definir qué es eso del Estado. Y ahí sigue siendo absolutamente válida la definición dada por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) en 1917 en su texto El Estado y la revolución: “Producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”. En otros términos: es el aparato que sirve para mantener la dominación de clase.

En cualquier parte del mundo, y en Guatemala en particular, podrá discutirse mucho sobre el carácter del Estado imperante. Pero en cualquier parte se repite siempre la misma función: el Estado es el garante de la explotación de una clase sobre otra. Para eso está, no para otra cosa. La provisión de servicios básicos es su responsabilidad, y a veces (en el Norte próspero) eso se cumple. En el Sur –y tomemos el caso de Guatemala– eso es una quimera. En el Norte los Estados tienen hasta un 60% de recaudación fiscal sobre el producto interno bruto. En el país centroamericano no llega al 10%. ¿Cómo podría funcionar así ese Estado?

En otros términos: los Estados de los países pobres (la abrumadora mayoría del mundo) a duras penas brindan algún servicio, pero están siempre listos para mantener los privilegios de las clases dominantes (léase: reprimir la protesta popular). En Guatemala –típico banana country, plagado históricamente de dictaduras militares y corrupción, con una oligarquía extremadamente rica sobre la base de una población extremadamente pobre– el Estado estuvo ausente de la solución de los problemas básicos; Estado racista, centrado en la defensa de la agroexportación, de espaldas a la población indígena, sin la más mínima presencia en buena parte del territorio nacional (falta de escuelas, de centros de salud, de caminos, de planes de contingencia antes eventos naturales) no falló al momento de reprimir brutalmente durante la guerra interna. En otras palabras: no es un Estado fallido (término puesto de moda recientemente). Es un Estado ausente, que solo sirve para mantener inalterables las contradicciones de clase, los privilegios.

MOVILIZACIONES EN GUATEMALA: UN BALANCE, por Marcelo Colussi

Síntesis

En el país se abrió un panorama político novedoso: se conocieron casos de corrupción de alto impacto por parte de los más connotados gobernantes, y la población en su conjunto reaccionó airada pidiendo su renuncia. En el caso de la vicepresidenta y de algunos funcionarios, la misma se dio. No así con el presidente. Todo ello puede haber sido un elemento de un bien urdido plan de la embajada de Estados Unidos para transparentar en algo el macabro panorama de corrupción reinante. Lo cierto es que buena parte de la población reaccionó y salió a protestar espontáneamente. Después de un tiempo las protestas fueron mermando y, además de las ya mencionadas renuncias, nada cambió en lo sustancial, pero se iniciaron procesos de reforma en el ámbito político. Como las elecciones ya están muy cerca, es probable que nada cambie fundamentalmente en ese ámbito, y el próximo presidente siga la línea de la corrupción, con financiamientos poco transparentes y prácticas no democráticas. Todo indica, sin embargo, que tendrá que “cuidarse más”, porque la población ahora abrió un poco los ojos y fiscalizará de otro modo. ¿Qué quedó de estas movilizaciones? En lo sustancial, el país no cambió, pero sí hay un nuevo escenario político donde la población se siente más activa, más parte de esta débil democracia. Podrá existir, quizá, mayor auditoría social. Todo esto abre esperanzas a futuro, porque propicia la posibilidad de ampliar esos cambios. De todos modos, la organización popular y la izquierda están muy débiles aún.

Palabras clave

Movilizaciones, protesta cívica, rebeldía, corrupción, democracia.

Abstract

In the country a new political landscape recently opened: corruption, high impact was met by the most notorious rulers and the population as a whole reacted angrily calling for his resignation. In the case of the vice president and officials, it was given. Not so with the president. All this may have been an element of a well plotted plan of the Embassy of the United States for transparency in somewhat macabre picture of widespread corruption. The truth is that much of the population reacted and went to protest spontaneously. After a while the protests were declining, and in addition to the aforementioned waivers, nothing changed in substance, but reform processes started in the political arena. As the elections and facilities nearby, it is likely that nothing will change fundamentally in this area and the next president follow the line of corruption, with transparent funding and undemocratic practices. Everything indicates, however, that will have to “take more care” because the population now opened some eyes and supervise otherwise. What became of these mobilizations? In essence, the country has not changed, but there is a new political environment where people feel more active, more of this weak democracy. It may be, perhaps, greater social audit. All this raises hopes for the future, because it fosters the possibility of extending those changes. Anyway, the popular organization and the left are still very weak.

Key words

Demonstrations, civic protest, rebellion, corruption, democracy.

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Los pueblos no son revolucionarios…, pero a veces se ponen revolucionarios.

(Anónimo, aparecido durante la Guerra Civil Española)

Ubicando la situación

En estos últimos dos meses Guatemala vivió una situación inédita en toda su historia, que incluso no se había dado de esa manera, con tanta fuerza, en el momento más alto de su politización y avance del campo popular durante la Revolución de 1944. Luego de años de desmovilización, de letargo político, más aún: de miedo y parálisis en este ámbito, producto de una sangrienta represión en estas últimas décadas (245 mil muertos durante el conflicto armado interno) y los planes de capitalismo salvaje (neoliberalismo) que intentaron terminar con toda expresión de protesta, se rompió ese largo sueño de desinterés y apatía. La población, más allá de todas las consideraciones que puedan hacerse al respecto, despertó. Eso permitió ver el profundo malestar existente en la sociedad en su conjunto.

GUATEMALA: RENUNCIA LA VICEPRESIDENTE ROXANA BALDETTI, por Marcelo Colussi

El presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti

El día viernes 8 de mayo, tras un par de semanas de ánimos políticos caldeados, renunció la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti. Eso fue el final de un complejo proceso, no exento de ribetes policiales, que mantuvo en vilo a la sociedad guatemalteca por varios largos días. Y que la sigue manteniendo en un estado de movilización que hacía buen tiempo no se veía, el cual puede dispararse de modo impredecible.

Baldetti renuncia porque su espacio político se había reducido dramáticamente en pocas semanas, y en estos momentos ya había quedado asfixiada y en completa soledad. Su salida, para nada gloriosa, es el final casi obligado de una larga cadena de hechos corruptos. Ella es la cara visible de una red de mafiosos funcionarios enquistados en el Estado desde hace ya algunas décadas (cara visible porque así parece que lo decidieron los poderosos factores de poder de la Embajada de Estados Unidos y la coordinadora del alto empresariado, habiéndosele perdonado la vida –al menos por el momento– al actual presidente, el general Otto Pérez Molina, ex kaibil ligado a la lucha antiguerrillera, acusado de violaciones a los derechos humanos). Dicha red mafiosa y corrupta es producto directo del Estado contrainsurgente, de la corporación militar que tomó un desmedido poder (político, pero también, y fundamentalmente, económico) en los años de la guerra interna, y que se viene perpetuando como grupo delincuencial de cuello blanco manejando diversos negocios ilícitos a la sombre de sus cargos públicos (narcoactividad, contrabando, crimen organizado, etc.).

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN GUATEMALA: ¿CORTINA DE HUMO?, por Marcelo Colussi

En Guatemala históricamente la gran masa de la población vive mal, muy mal. El 53% está por debajo de la línea de pobreza. A eso se le suma una cantidad de problemas igualmente complejos que hacen de la vida cotidiana casi un suplicio: racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, impunidad.

Terminó una guerra interna de 36 años y nada ha cambiado. Los problemas mencionados siguen intactos. El retorno de esta precaria democracia hace ya casi 30 años, después de haber despertado algunas esperanzas, se muestra hoy día como otro fiasco más. Se suceden las elecciones cada cuatro años, y todo sigue igual. ¡O peor!

Las esperanzas que se podían tener algunos años atrás, terminada la larga guerra con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya se han disipado. Hoy la situación general del país es una olla de presión lista para estallar en cualquier momento. Sucede, sin embargo, que no hay dirección para tanto malestar. Las fuerzas de la izquierda están diezmadas, fragmentadas, y la protesta popular es básicamente reactiva (las movilizaciones contra las industrias mineras y energéticas en lo fundamental). De todos modos, si bien no hay organización política que pueda direccionar tanto malestar, a la clase dirigente le preocupa ese mar de fondo, por cierto muy turbulento.

LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN LATINOAMÉRICA Y EN GUATEMALA, por Marcelo Colussi

Síntesis

Así como la violencia engendra más violencia, la impunidad engendra más impunidad. Es por eso que se torna imprescindible para la vida social establecer sistemas de justicia que castiguen las violaciones a las normas establecidas. Si no hay castigo por los asesinatos que se puedan cometer (incluso para la guerra hay normas: los Convenios de Ginebra), si la impunidad permite todo, entonces estamos ante el caos, ante la ley de la selva, del más fuerte. En Guatemala algo de eso está sucediendo: la justicia no existe. La impunidad se ha impuesto. Pero los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, porque con eso se alimenta el círculo de la violencia, del resentimiento, de la venganza. En el año 2013, luego de un proceso judicial limpio y con incontrastables pruebas incriminatorias, el general José Efraín Ríos Montt fue condenado por delitos de lesa humanidad a 80 años de prisión inconmutables. Por esa impunidad a la que nos referimos, 48 horas después del veredicto dictado por un tribunal, una maniobra leguleya le permitió saltar la sentencia y dejar su caso en un cierto limbo legal, buscándose su amnistía total a partir de juegos políticos palaciegos. ¿Por qué es importante lograr una condena de hechos que ya están comprobados como delitos de lesa humanidad, por tanto imprescriptibles? Porque el respeto a la ley es lo único que puede servir para construir una sociedad con alguna cuota de paz y armonía. El no respeto a la ley, la impunidad, es la invitación a más violencia. Estudiar las desapariciones forzadas de personas puede ayudar a comprender este fenómeno.

Palabras clave

Desapariciones forzadas, impunidad, contrainsurgencia, clandestinidad, subversión.

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Introducción

Comprender todo no significa perdonar todo.

(Sigmund Freud)

La palabra “reconciliación” es, seguramente, de las más difíciles y problemáticas que pueda haber en el campo de las ciencias políticas. Pensar la reconciliación en términos políticos, en términos sociales como parte de un colectivo, de una gran masa de personas, es tremendamente complejo. Lo es porque, en realidad, la reconciliación constituye un proceso comprensible -y posible- entre dos partes cuando se trata de un universo micro: dos personas, una pareja, una familia, un pequeño grupo.

Cuando se trata de la complejidad de una sociedad donde son tantas y tan disímiles las variables en juego, se torna prácticamente imposible pensar en “reconciliarse”. ¿Quién sería, en ese caso, el sujeto de la reconciliación? Si hay tal cosa, a partir del prefijo “re” eso significaría que hubo originalmente una conciliación, un estado de relativo equilibrio, que por algún motivo luego se rompió y ahora se busca re-establecer. En tal caso, re-conciliarse sería volver a un estado previo de cierta armonía, de paz y concordia.

¿Es posible eso en una sociedad? Más aún: ¿es posible eso en una sociedad desgarrada por una guerra interna como la guatemalteca? Sociedad que, en realidad, nunca fue armónica, sino que está marcada en toda su historia por la más despiadada exclusión social y por un racismo visceral.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: ENEMIGOS INTERNOS, por Marcelo Colussi

“¡Hoy es 23 de diciembre, mi amigo!”, dijo altanero el empleado tras su ventanilla. “Para terminarle el trámite… ¡déjese algo!”. ¿Alguien pasó por experiencias similares? Seguramente muchos, o todos los que están leyendo este texto.

La corrupción no es un cuerpo extraño en las sociedades: es el pan nuestro de cada día. Ello no pretende ser una justificación. Por el contrario: pretende partir de su reconocimiento para ver cómo dar un combate con posibilidades reales de éxito. Por supuesto hay grados de corrupción: lo que pide ese empleado para terminar el trámite no es lo mismo que el 20% que exige un ministro para otorgar una millonaria obra de infraestructura que demorará un año en terminarse. Pero que hay corrupción por todos lados: ¡no hay dudas! Fidel Castro, aún en ejercicio de la presidencia en Cuba hace algunos años atrás, la tuvo que denunciar explícitamente, y eso no significa el fracaso de los valores socialistas.

Reconocer que está entre nosotros, que está instalada como posibilidad cultural de todos los seres humanos, no es declararse rendido ante ella. Que la corrupción existe, que tiene un peso considerable en la dinámica de las relaciones humanas, que ha estado presente en muchas civilizaciones a través de la historia según se desprende de su estudio, todo ello debe ser nuestro punto de arranque. La cuestión es: ¿qué antídoto le anteponemos? O más aún: ¿es posible combatirla? ¿Hay antídoto?

Partimos de la base de dos premisas: 1) la corrupción es detestable, es negativa, destruye en vez de construir, aunque sea una práctica común y que puede hallarse por todos lados; 2) es posible combatirla y quitarle espacio, y hasta quizá vencerla totalmente. Si no creyéramos firmemente en esas premisas, de nada valdría plantearse trabajar el tema.

La corrupción, dicho muy rápidamente, tiene que ver con la evitación de las normas, con su transgresión. Aunque no cualquier transgresión: sin duda se trata de un delito, como cualquier salto a las normas, a las leyes establecidas. Pero si algo tiene como particularidad distintiva es la impunidad. Los actos corruptos dañan a terceros, sin dudas, si bien tienen la singularidad de estar integrados como parte de la cultura dominante; es decir: son “normales” dentro de las distintas sociedades, distintamente a otro tipo de crímenes. En ese sentido podemos considerarla como impune, protegida contra el castigo. Es, por tanto, un “mal” que tenemos instalado en la cotidianeidad. No hay sociedad compleja, con aparato estatal ya desarrollado, que no presente una cuota de corrupción. Salvando las distancias, es como las caries respecto a la salud bucal: no son buenas, pero convivimos con ellas y es muy difícil prevenirlas. Y definitivamente, es imposible evitarlas.

AL GENERAL LO DEJARON SOLO...*, por Marcelo Colussi

Guatemala: sobre el juicio al general José Efraín Ríos Montt

El Estado, se supone, está destinado a armonizar la vida y las relaciones de todos los habitantes que se encuentran bajo su jurisdicción. Por tanto, es su deber proteger la vida de todos sus ciudadanos, sin excepción. Si alguno de ellos incurre en graves delitos, en Guatemala, dado que existe pena de muerte, puede llegarse al extremo de condenarlo a ella; pero eso no deja de ser una medida racional, sopesada y, básicamente, apegada a la ley, a un Carta Magna que así lo establece. En todo caso, se podría refutar la pena de muerte desde una crítica ética, desde principios humanísticos. Eso es lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica. Pero no es posible condenarla por ilegal, por anticonstitucional. Aplicándola, el Estado no se constituye en homicida; simplemente está cumpliendo con un mandato legal que una determinada circunstancia lo lleva a tomar.