En las últimas semanas el movimiento popular venezolano ha profundizado su gran capacidad de lucha ante la grave crisis económica, alimentaria, de salud, institucional, militar, política, de seguridad personal y moral que ha colocado a Venezuela en la dolorosa situación de ruina nacional. Numerosas manifestaciones de los barrios más humildes del país ocurren diariamente en todo el territorio de la República. Desde ya se perfila que el pueblo apunta a tomar con rapidez la iniciativa política en este trascendental momento histórico.
La característica política más importante de este proceso de luchas sociales que se inicia es la autonomía popular en cada una de las acciones que ejecuta. Esta condición es indispensable para que los objetivos históricos del pueblo venezolano sean alcanzados. El contenido de cada proclama popular, de cada consigna de lucha y todo su discurso social y político, está impregnado de su legítimo interés emancipador.
La consolidación de la independencia y autonomía de las luchas populares y patrióticas del pueblo venezolano demanda que desde todos los sectores sociales: profesionales, productivos, militares, religiosos, estudiantiles, campesinos, obreros, indígenas, vecinales e intelectuales, se hagan importantes aportes organizativos y teóricos capaces de construir una plataforma que nos reúna a todos en un plan político nacional con transcendencia histórica, y que, además, enarbole un programa agropecuario, energético, económico, turístico, de salud, educativo, de vivienda, industrial, ecológico, de prevención del delito, deportivo, etc., con la idoneidad suficiente para hacer de Venezuela una nación con justicia social, paz y felicidad.
La grandes gestas patrióticas-populares que durante más de cuatro siglos han sido protagonizadas por el pueblo venezolano, inclusive más allá de nuestras fronteras, así como los inmensos esfuerzos que hombres y mujeres de nuestra nación han hecho en la producción agropecuaria, en las ciencias, en la cultura, en la educación, la salud, el arte, el deporte, la industria, las luchas sociales y en todos los órdenes del quehacer nacional, nos hacen pensar que esos aportes organizativos y teóricos que en la actualidad demandan las luchas del pueblo tomarán forma con la urgencia histórica que ameritan.
El Proceso Constituyente Originario y Popular que se ha iniciado en Venezuela en este año 2016 se fortalecerá en lo inmediato con estelares hechos constituyentes escenificados en los campos, en los barrios, en las universidades, en las industrias, en la iglesia, en las calles y en los cuarteles militares; con el firme propósito de desplazar a los factores de poder que durante décadas han saqueado nuestras riquezas naturales para favorecer a los centros de poder mundial, se han apoderado ilegalmente de la inmensa masa de dinero que ha obtenido Venezuela, arruinaron nuestra producción agropecuaria, colocaron a todas las instituciones del Estado al servicio de la delincuencia organizada transnacional y con suma inmoralidad empobrecieron al pueblo venezolano.
Estos factores de poder, nacionales e internacionales, hoy sumergidos en una profunda crisis de legitimidad, tratarán de detener o desviar el referido Proceso Constituyente Originario y Popular para propinarle una nueva derrota al pueblo venezolano. La geopolítica del imperialismo norteamericano es preponderante en el manejo de la crisis económica, moral, política y de gobernabilidad que afecta a dichos factores de poder. Como todos sabemos, el actual gobierno nacional le ha garantizado al poder económico transnacional, en los últimos 17 años, paz social y estabilidad política para llevar adelante todo tipo de inversiones, fundamentalmente, en materia energética a través de las empresas mixtas. No obstante, como también es del dominio público, el referido gobierno ha entrado en una acelerada descomposición como consecuencia de sus erráticas políticas económicas, la sólida simbiosis que ha experimentado con la delincuencia organizada transnacional, la acentuada pérdida de la moral institucional y política, el acelerado retroceso de su política exterior como consecuencia del notable debilitamiento del negocio petrolero y el avanzado nivel de ilegitimidad social y popular.
La crítica situación del gobierno nacional facilita a Estados Unidos el avance de su geo-estrategia regional para recuperar el total dominio sobre las inmensas fuentes de recursos naturales con que cuenta América Latina, especialmente la selva amazónica. En ese sentido la señalada nación imperialista ya ha impulsado y logrado eventos políticos de mucha significación como lo son el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre EE.UU. y Cuba, el virtual acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país, los cambios políticos experimentados en Brasil, Argentina y Perú y la incorporación de Chile, Perú y México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, celebrado el 4 de febrero de 2016, bajo la rectoría de Estados Unidos y Japón.
Todo hace pensar que un nuevo gobierno en Venezuela, capaz de prestarle mayor solidez a la figura de las empresas mixtas para la explotación y comercialización del petróleo, el gas, el carbón, el oro y otros recursos naturales, y que, además, excluya de tal actividad al capital chino y ruso favorecidos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, es el punto culminante de la nueva geopolítica de EE.UU. para su relación recolonizadora con América Latina. El agotamiento del sistema político militarista inaugurado por Hugo Chávez en diciembre de 1998, así lo indica.
LA DIFICULTAD DE UNA TRANSICIÓN POLÍTICA NEGOCIADA
Muy a pesar de la marcada diferencia estratégica que Estados Unidos ha concebido para esta región del mundo con respecto a la ejecutada contra países del Medio Oriente de total carácter guerrerista, la transición hacia un nuevo sistema político en Venezuela no estará exenta de serias dificultades, ya que un acuerdo político entre los factores en pugna se muestra ciertamente difícil como consecuencia de los fuertes vínculos de la elite gubernamental y militar con actividades ilícitas de distintas naturaleza, por lo que abandonar el poder político y el control sobre las instituciones del Estado venezolano los coloca en una situación altamente vulnerable.
De allí que a lo más que pudieran aspirar las fuerzas internacionales que impulsan la nueva geopolítica para América Latina es a un acuerdo político con un sector del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional, no necesariamente exentos de graves responsabilidades penales, quienes negociarían su renuncia al poder político a cambio de un mejor trato en los tribunales internacionales. Medida esta que serviría para aislar al sector más reacio a abandonar el poder político.
Sin embargo, este tipo de acuerdo o negociación política no se podrá alcanzar fácilmente porque en este momento ningún factor del alto gobierno puede actuar con independencia y autonomía, fundamentalmente como consecuencia de la crisis moral de todos. Además, una negociación de ese tipo auspicia un golpe de Estado desde el sector militar con mayor compromiso con estructuras de la delincuencia organizada transnacional.
Por otra parte, un acuerdo político que implique la impunidad de los graves delitos que el propio Estados Unidos se ha encargado de investigar y denunciar, en virtud de los cuales inclusive mantiene personas detenidas bajo su jurisdicción, pondría en riesgo el éxito de su nueva geopolítica para América Latina pues el nuevo gobierno pro-imperialista que surja de ese acuerdo sería desde ya arropado por la inmoralidad.
En ese sentido el discurso sobre la democracia liberal, el libre mercado, la lucha contra el narcotráfico, el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas, banderas de esa nueva geopolítica, saldrá muy menguado de una negociación de esa naturaleza. Mientras que afianzar el carácter dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro traerá mayor apoyo al indicado discurso.
De manera que tanto EE.UU. como el gobierno venezolano están conscientes que actualmente un cambio de gobierno en Venezuela no tiene asegurado el camino estrictamente institucional. Ambos actuaran en consecuencia.
EL GOBIERNO NACIONAL DEPENDE DEL APARATO MILITAR
Los factores del alto gobierno bloquearán cualquier vía institucional capaz de ponerle fin a la vigencia del mismo, para eso cuentan con el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el control sobre las Fuerza Armada Nacional. Hacia el momento más álgido de la actual confrontación política, y, esencialmente, hacia el mayor auge de las luchas sociales que significará la consolidación de la iniciativa política patriótica-popular, la respuesta del gobierno nacional será de estricto carácter militar.
Desde el año pasado la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional y todo el alto mando militar han implementado planes en ese sentido. Cabe destacar, en primer lugar, la publicación de la Resolución No 8610 del Ministerio de la Defensa mediante la cual se autoriza a la Fuerza Armada Nacional a participar en situaciones de alteraciones del orden público y a disparar armas de fuego para controlar manifestaciones públicas.
Además, desde la Presidencia de la República se puso en ejecución la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que no es más que un vasto plan militar contra los sectores populares con el falso propósito de abonar a la seguridad ciudadana. Hasta la presente fecha se han allanado sin orden judicial más de 17.000 hogares y se han asesinado más de 500 habitantes de los barrios pobres.
NO A LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO
De acuerdo a la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por Seguridad Ciudadana debemos entender la erradicación de las condiciones (sociales, culturales, económicas, institucionales, políticas, educativas, etc.) generadoras de conductas delictivas. Por su parte la Comisión Andina de Juristas, en la I Reunión Técnica sobre Seguridad Ciudadana y Democracia, señaló que la Seguridad Ciudadana pone mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención antes que en tareas meramente represivas ante hechos ya consumados.
Otro aspecto que debe destacarse es el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana, así lo establece el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales “… respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.
Insistiendo en la prevención del delito como elemento esencial de toda política de seguridad ciudadana democrática, citaremos nuevamente la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional: “El nuevo modelo policial se propone con un marcado interés el trabajo preventivo en las comunidades… Fortalecer el trabajo entre la policía y la comunidad dará paso a un servicio policial esencialmente preventivo…”.
El artículo 5 de la referida ley señala: “El Servicio de Policía es predominantemente preventivo, interviniendo sobre los factores que favorecen o promueven el delito…”.
Por su parte el artículo 6 del mismo instrumento legal consagra el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana, en los siguientes términos: “El Servicio de Policía es de carácter civil y profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamientos y dotación”.
En materia de Orden Público también debemos invocar el artículo 332 constitucional, según el cual mantener y restablecer el orden público es competencia de carácter civil atribuida a la Policía Nacional. Así mismo, el artículo 68 de nuestra Carta Magna establece que el control del orden público con ocasión a manifestaciones públicas es competencia de los cuerpos policiales, a la vez prohíbe el uso de armas de fuego en tal función.
De igual manera, los artículos 44 y 46 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, consagran que el trastorno del Orden Público por reuniones y manifestaciones es competencia de la autoridad civil.
ES IMPORTANTE DEJAR ESTABLECIDA LA DIFERENCIA ENTRE ORDEN PÚBLICO Y ORDEN INTERNO
Por Orden Público se entiende: “La situación de normalidad en la cual se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas sin que se produzcan alteraciones o conflictos”. Para otros es “… la ruptura de lo consuetudinario… si hay un escándalo en la calle…”.
Con respecto al Orden Interno tomaremos el concepto contenido en el glosario de términos del Estado Mayor Conjunto de la Guardia Nacional de Venezuela, según el cual es: “Una situación de hecho en la cual las instituciones del Estado y el sistema político pacifico que lo rige se encuentran a salvo de las perturbaciones de grupos nacionales y extranjeros o combinados puedan producir con la finalidad de desestabilizar al sistema”.
Como podemos observar la diferencia entre ambas figuras socio-políticas y jurídicas es notoria. Las situaciones de orden público son aquellas que pueden generarse como consecuencia del legítimo ejercicio del derecho a manifestar públicamente con el propósito de obtener reivindicaciones sociales, económicas y políticas, generalmente consagradas en el texto constitucional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Por el contrario, las situaciones de orden interno se refieren a acciones que tienen la finalidad de desestabilizar la institucionalidad y el sistema político. Como referencias históricas podemos invocar la toma de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia por parte de la organización guerrillera M-19, así como la toma de la embajada de Japón en la República de Perú por parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Debemos resaltar que de acuerdo al artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la competencia para el mantenimiento del orden interno corresponde a la Guardia Nacional.
En conclusión, constitucionalmente, la Seguridad Ciudadana y el Orden Público son materias de estricta competencia civil. Mientras que las situaciones de alteración del Orden Interno son competencia de la Guardia Nacional. De igual manera, es importante dejar establecido que atendiendo a la finalidad del ejercicio del derecho constitucional a manifestar públicamente es imposible considerar que una situación de orden público pueda ser tratada como un caso de alteración del orden interno.
En consecuencia, es necesario denunciar que desde el alto gobierno y desde la Fuerza Armada Nacional se ha promovido la falsa idea según la cual las bandas de delincuencia organizada que han proliferado en Venezuela bajo el amparo de la corrupción policial, militar y política, que han tenido como figuras visibles a personajes como “el picure”, “el juvenal”, “el coqui”, “el conejo” y “lucifer”, surgen como parte de un plan del paramilitarismo colombiano encabezado por Álvaro Uribe y auspiciado por EE.UU. para invadir a Venezuela y derrocar al gobierno.
Con ese falso positivo se han atrevido a derribar las barreras conceptuales y jurídicas entre Seguridad Ciudadana, Orden Público y Orden Interno, con el condenable propósito de darle vida al plan fascista conocido como Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Dicho plan es de naturaleza estrictamente militar, antipopular y violador de los derechos humanos. Es ejecutado principalmente por la Guardia Nacional y el SEBIN contra los barrios pobres.
Bajo el indicado esquema gubernamental y militar lo que realmente se pretende es reprimir ferozmente con fuerzas militares las justas manifestaciones populares por el derecho a la alimentación y a la salud, las cuales se incrementan cada día a lo largo y ancho de todo el país ante la configuración de una grave crisis humanitaria que causa fuertes estragos en la vida de todo el pueblo.
Los recientes estallidos sociales que estremecieron a los estados Sucre y Delta Amacuro, principalmente a las ciudades de Cumaná y Tucupita, han sido tratados políticamente por el Presidente de la República, y otros voceros del gobierno nacional y de la Fuerza Armada Nacional, como acciones de los paramilitares y de la delincuencia organizada. La respuesta del Estado venezolano ante tan importantes expresiones populares fue la represión militar con armas de fuego con el resultado de un joven muerto por un disparo de fusil y, aproximadamente, 100 habitantes de los barrios de Cumaná y Tucupita bajo privación judicial de la libertad, señalados de pertenecer a bandas de paramilitares. Además, inmediatamente después de ocurridas las protestas populares por el derecho a la alimentación, Cumaná y Tucupita fueron tomadas militarmente por la tristemente célebre Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
Simultáneamente con los operativos represivos y fascistas que implemente contra las justas protestas populares, el gobierno de Nicolás Maduro entrega al gran capital multinacional 111.000 kilómetros cuadrados para la explotación de oro y otros minerales, en un área que ha sido denominada Arco Minero, con lo cual mantiene a nuestro país bajo el esquema de una economía extractivista, rentista y profundamente antiecológica.
Así mismo, guarda silencio ante las grandes actividades de exploración y explotación petrolera que la Exxon Mobil adelanta en el Esequibo con autorización del gobierno de Guyana, en abierta violación del Acuerdo de Ginebra sobre la zona bajo reclamación de Venezuela.
Como podemos observar, el gobierno nacional ante su extrema debilidad, por un lado pretende frenar el estallido social apelando a un criminal plan militar contra el pueblo, y por otro lado busca mantener el apoyo de los grandes centros de poder mundial, menguando absolutamente nuestra soberanía económica y territorial.
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
Los cambios políticos y de gobiernos que EE.UU. ha venido aupando en América Latina, en el marco de su nueva geopolítica para la región, han estado signados por la negociación pacífica y por la utilización de las vías constitucionales e institucionales internas de cada país. Bajo ese esquema se produjo la apertura política entre Cuba y EE.UU., la pacificación de las FARC en la República de Colombia y los cambios de gobiernos en Argentina, Brasil (aún en proceso) y en Perú.
Sin embargo, como ya lo hemos dicho, en Venezuela el camino constitucional e institucional se encuentra severamente bloqueado. De manera que en el caso de nuestro país la élite política, económica y financiera internacional, alineada con EE.UU. y Europa, ha decidido implementar mecanismos jurídicos internacionales para presionar un cambio de gobierno que favorezca sus planes de recolonización de Venezuela.
En ese contexto la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo una nueva correlación de fuerzas favorable al proyecto recolonizador estadounidense, ha accionado la Carta Democrática Interamericana mediante una solicitud formal que por escrito presentó el Secretario General de dicha organización, Señor Luis Almagro, ante el Consejo Permanente de la misma.
La acción del Sr. Almagro se fundamentó en el artículo 20 del referido instrumento jurídico internacional. Esta norma prevé la situación en virtud de la cual en un “… Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático…”. Establece la norma en cuestión que en este caso el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación “y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Como es del dominio público el Secretario General de la OEA motivó su apreciación de alteración del orden constitucional invocando la crisis de la salud, de la alimentación, de la seguridad personal, de la independencia de los poderes públicos, de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación pública, que afectan a la sociedad venezolana. Igualmente invocó los altos niveles de corrupción administrativa y la existencia de presos políticos.
También es del conocimiento de la opinión pública nacional que el Consejo Permanente de la OEA aprobó discutir la situación socio-política e institucional de Venezuela calificada por el Sr. Almagro como “alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”. Durante la reunión del señalado órgano una alta cantidad de Estados Miembros de la OEA manifestaron su coincidencia con la apreciación de su Secretario General. De manera que solo faltó “adoptar la decisión que estime conveniente”.
Podemos decir que la indicada reunión del Consejo Permanente de la OEA ha colocado a este organismo regional a las puertas de una contundente ofensiva política internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, la cual tendrá como sustento el informe Almagro sobre la alteración del orden constitucional y democrático en nuestro país y legitimará cualquier decisión que la Asamblea General de la OEA adopte sobre Venezuela.
La manera bastante gradual y prudente como la OEA ha aplicado el artículo 20 de la Carta Democrática responde a una estrategia política de EE.UU. de mantener hasta el último momento la posibilidad de negociar la renuncia de Nicolás Maduro como Presidente de la República. Esta estrategia también se ha evidenciado en el transcurso del proceso penal que se sigue en New York contra los sobrinos de Cilia Flores, sobre el que han dejado correr algunas informaciones sobre posibles errores procesales que pudieran afectar de nulidad tal proceso. Además, de esa manera hace perder fuerza a las acusaciones de injerencista que el gobierno de Maduro le impetra, a la vez que la realidad económica, social y política de Venezuela permitirá sellar un amplio consenso internacional de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Es importante resaltar que una eventual renuncia de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República provocaría una crisis política de mayor envergadura, ya que el alto mando militar no permitiría la transición constitucional correspondiente, situación ante la cual la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cualquiera que sea la decisión que adopte la Asamblea General de la OEA, inclusive la militar, alcanzaría mayores niveles de legitimidad internacional.
Es decir, EE.UU. ha preparado cuidadosamente el escenario institucional, jurídico y político internacional, a la par que la crisis humanitaria del pueblo de Venezuela se agudiza y hace estragos en los sectores populares, a la espera del mejor momento para adoptar en el seno de la OEA la decisión que estimen conveniente para obligar a un cambio de gobierno en Venezuela, el cual sería totalmente favorable a su plan recolonizador contra nuestra nación.
A esos fines sirve la Carta Democrática Interamericana, tal como lo expusimos suficientemente en el documento denominado “Acto Constitucional de Desconocimiento del Gobierno Nacional”. Además, como también lo expusimos en el señalado documento, de conformidad con su artículo 18, igualmente está al servicio de la represión de las luchas autónomas de los pueblos americanos.
CUMANÁ Y TUCUPITA
Históricamente el pueblo venezolano ha protagonizado grandes gestas patrióticas-populares con total autonomía e independencia frente a los factores de poder nacional e internacionales. Las banderas de redención social, de soberanía económica y territorial, así como de auto-determinación política, han identificado estelares episodios de las luchas populares venezolanas. En lo más reciente de esa historia, las heroicas batallas lideradas por el General Ezequiel Zamora durante la Guerra Federal, el 23 de enero de 1958 encabezado por la Junta Patriótica con el liderazgo de Fabricio Ojeda y el épico alzamiento de las muchedumbres caraqueñas el 27 de febrero de 1989, son expresiones de los grandes esfuerzos del pueblo venezolano por darse un gobierno de su propio seno de carácter nacionalista, popular y patriótico.
Las recientes revueltas populares ocurridas en Cumaná y Tucupita proyectan con mayor definición que se avecinan grandes acontecimientos sociales, políticos y militares que conformaran una tercera fuerza de total autonomía popular y patriótica que entrará en disputa frente a la fuerza pro norteamericana y frente a la fuerza pro rusa, con suficiente capacidad de originar un gobierno comprometido con la absoluta defensa de nuestra soberanía económica, política y territorial, con la defensa de los derechos sociales de toda la población, con la lucha a fondo contra la delincuencia organizada y la corrupción administrativa, el rescate nacional de la producción agropecuaria y la pequeña y mediana industria, por la significativa reducción de los índices de criminalidad, en fin por una Venezuela justa, pacífica y feliz.
Los hombres y mujeres con sensibilidad popular y patriótica acompañaremos al pueblo venezolano en todas las luchas de esta nueva gesta histórica. Desde las barriadas populares, de las aulas universitarias, de los templos religiosos, de los cuarteles militares, de las unidades de producción agropecuaria, de las comunidades indígenas, de los centros del arte, etc., sumaremos esfuerzos para la construcción de una plataforma socio-política desde la cual el pueblo desplace a todos los factores de poder y tome en sus manos la conducción del país.
En lo inmediato debemos celebrar una Congregación Popular y Patriótica para impulsar importantes acciones para impugnar:
1) La Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
2) La Carta Democrática Interamericana.
3) La explotación de oro en el Arco Minero en el estado Bolívar.
4) Las exploraciones petroleras de la Exxon Mobil en el territorio venezolano del Esequibo.
5) Las medidas judiciales de privación de la libertad dictadas inconstitucionalmente contra los pobladores de Cumaná y Tucupita.
Igualmente es importante impulsar acciones en defensa de:
1) El derecho a la alimentación.
2) El derecho a la salud.
3) El derecho a la manifestación pública.
4) En defensa de los derechos humanos.
5) En defensa del territorio Esequibo y del Golfo de Venezuela.
6) En defensa de la naturaleza y de los pueblos indígenas.
Así mismo, desde la Congregación Popular y Patriótica crearemos un Programa Social, Ambiental, Económico y Político para la Reconstrucción de Venezuela y marcharemos hacia una gran Huelga General en defensa de los derechos del pueblo y de la soberanía de la patria.
¡¡NO A LA OLP!!
¡¡NO A LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA!!
¡¡MADURO ES HAMBRE, MISERIA Y REPRESIÓN!!
¡¡LIBERTAD PARA LOS POBLADORES DE CUMANÁ Y TUCUPITA!!
¡¡HACIA LA GRAN HUELGA GENERAL EN DEFENSA DEL PUEBLO Y DE LA PATRIA!!
Por RESCATE NACIONAL
Douglas Bravo, Tito Núñez Silva, Luis Díaz, Víctor Poleo, José Quintero Weir, Douglas Zabala, Carlos Cumana, Adelfa Giovanni, Gonzalo de Sola Ricardo, Julio Fandiño, Tomas Sánchez, Natali M. Vasquez, Leonard González B., José Luis Marcano, Guillermo Sira, Rosa Pérez, Enrique María Urquiola, Víctor Calderón, Benjamín Martínez, Oscar Araujo, Jorge León García, Argimiro Narváez, Eudes Vera, Carlos Rafael Jhonge, María Elena Rojas Monasterio, Mariela Olivares, Clorinda Maiuri, Ana Villalobos, Juanita Inciarte, Mery Unda, Elsa Torres, Ebert Cardoza, José A. Colmenares, Roxana Granadillo, Yanet Riveros, José Ramón Renault, Luis Aguilera, Helly Alberto Angel, Olga Díaz.
Para firmar el documento hacerlo via: ruptura.org@gmail.com
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