En Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada americana.
Los militares latinoamericanos, como todo militar, se han dedicado a la guerra; pero en muy buena medida a un tipo de guerra peculiar: las guerras civiles. En el transcurso del pasado siglo casi no hubo guerras interestatales en la región; la función de las fuerzas armadas se concentró en la represión interna.
Como parte de la Guerra Fría, prácticamente todos los países latinoamericanos vivieron guerras internas insurgentes y contrainsurgentes. Con distintas modalidades, en toda el área entre los 60 y los 90, tuvieron lugar feroces procesos de militarización. A la proclama revolucionaria siguieron invariablemente atroces acciones represivas.
La respuesta contrarrevolucionaria la dieron los Estados con sus cuerpos armados, ejércitos fundamentalmente. Esto pone en evidencia dos cosas: por un lado ratifica qué son en verdad las maquinarias estatales (“violencia de clase organizada”, según la definición leninista) a favor de qué proyecto se establecen y perpetúan (obviamente no del campo popular); y por otro lado, desnuda la estructura de los poderes: los ejércitos reprimieron el proyecto revolucionario, pero ellos cumplieron su mandato; el real poder que usó la fuerza para seguir manteniendo sus privilegios no aparece en escena.
Hoy día, terminada la Guerra Fría y el “peligro comunista”, dado que las sociedades fueron hondamente desmovilizadas –producto de la brutal represión– los ejércitos retornaron a sus cuarteles. Incluso en los últimos años, habiéndose tornados ya innecesarios para el mantenimiento de la “paz” interior –porque el trabajo estaba cumplido– se inician tibios procesos de revisión de las guerras internas, de sus excesos y abusos.
Pasadas las dictaduras militares, con distintas modalidades, con suertes diversas también en los procesos emprendidos, los países que sufrieron esos monstruosos conflictos armados iniciaron alguna suerte de ajuste de cuentas con su historia. Más allá de los resultados de esos procesos, desde el enjuiciamiento y condena a los comandantes argentinos hasta la total impunidad y el retorno al poder por vía democrática en Bolivia o en Guatemala, el común denominador ha sido y sigue siendo que los ejércitos contrainsurgentes cargan con todo el peso político y la reprobación social respecto a las guerras sucias transcurridas.
Sin ninguna duda, esas guerras fratricidas fueron sucias, de más está decirlo. La tortura, la desaparición forzada de personas, la violación sistemática de mujeres, el arrasamiento de poblaciones rurales enteras, fueron parte de las estrategias de guerra seguidas por todos los cuerpos castrenses. Hoy día, cuando pensamos en el fracaso de los proyectos revolucionarios latinoamericanos, tenemos inmediatamente la imagen del verde olivo y las botas militares. ¿Pero no estaban preparados para eso los ejércitos de esta región?
La doctrina militar de todos los ejércitos del área no se elabora en Latinoamérica: para eso estaba la Escuela de las Américas en Panamá, por años sede del Comando Sur de las fuerzas estadounidenses. Los cuerpos castrenses locales han funcionado como ejércitos de ocupación; sus hipótesis de conflicto no eran las guerras contra otras potencias regionales, sino el enemigo interno. Los distintos grupos elites que se crearon tenían como objetivo mantener aterrorizadas a las propias poblaciones. Esos soldados, preparados en definitiva por Washington en su lógica de contención del avance comunista, adiestrados en las más despiadadas metodologías de guerra sucia y bendecidos por los grupos de poder locales, en las pasadas intervenciones que tuvieron no hicieron sino cumplir con el papel para el que fueron educados. En otros términos: fueron buenos alumnos.
Hoy día se habla de revisar el pasado. Ello es imprescindible, por cierto. El futuro se construye mirando el pasado; la basura no puede esconderse debajo de la alfombra porque inexorablemente, siempre, lo reprimido retorna. Pero esto abre una duda: revisar el pasado no debe ser sólo el juicio y castigo a los responsables directos de los crímenes infames que enlutaron las sociedades latinoamericanas las pasadas décadas.
Las fuerzas armadas cumplieron sus funciones, como sus mismos comandantes se cansaron de repetir en cualquiera de los países donde condujeron las guerras internas, y no tuvieron nada de qué arrepentirse. Por supuesto que lo condenable es la extralimitación en que, como Estado, incurrieron estas fuerzas. El Estado no puede reprimir a su población, pero ¿de qué Estado hablamos? Es quimérico pensar que este aparato de Estado pertenece a todos; las dictaduras militares lo demostraron. Cuando el andamiaje real del poder de las clases dominantes es tocado, ahí se desnuda el carácter del Estado, de las “democracias” parlamentarias.
Si pedimos juicio y castigo a los responsables de los cientos de miles de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados de los países latinoamericanos de nuestra historia reciente, si pedimos justicia para no olvidar la historia negra que se vivió, no debemos olvidar nunca que el enemigo no es el guardaespaldas del amo: sigue siendo el amo.
Material aparecido originalmente en la revista digital de Guatemala Plaza Pública, 8 de febrero de 2016.
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