…De palomas blancas y
bolsas de cadáveres
Ante el anuncio de
las conversaciones entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano,
planteadas para la resolución del conflicto social y armado en Colombia,
deviene necesaria la participación del campo popular colombiano con su bandera
más ansiada: la justicia social. La Justicia Social es el nombre
sincero de la Paz, una paz encaminada a cambios sustanciales y no a cambios
cosméticos que no traerían nunca una paz verdadera; pero sí podrían conducir al
campo popular colombiano a otro genocidio a manos de las herramientas
estatales.
- Niñas allanadas, hombres sobreexplotados, negocios
jugosos y ‘la Paz’ en cortina de humo
|
prostitución
infantil |
‘La
Paz’, ese concepto tan manoseado,
tan instrumentalizado, y a la vez tan anhelado, no se siente de la misma manera
en una mansión bogotana, que en una chabola de Buenaventura: porque la guerra
empieza con el hambre. La angustia de ver a sus hijos morir de física hambre no
es precisamente un ‘remanso de paz’. Las niñas prostituídas en las
ciudades dormitorio de las multinacionales mineras -unas niñas cuyo paisaje
campesino quedó destrozado por las excavadoras y la codicia-, tampoco viven
precisamente una cotidianidad de paz al ser allanados sus cuerpos y sus sueños
infantiles por hombres sobreexplotados y curtidos de esa ignorancia que tanto
cultiva la élite para las mayorías.
Tampoco puede considerarse
una ‘situación de paz’ al asedio de la delincuencia común que aqueja las
ciudades colombianas, delincuencia directamente derivada de la exclusión social
y del funcionamiento sicarial impulsado desde el mismo estado a través de su
herramienta paramilitar, aunado lo anterior a la sistemática desintegración de
la organización popular. Cabe tener presentes estas cuestiones ante el dantesco
cuadro que viven hoy países como Guatemala, en los que también hubo alzamiento
insurgente ante la injusticia social por un lado, e intervención estadounidense
y terror de estado para mantener el saqueo por otro lado; países en los que se
firmó una paz cosmética, sin cambios estructurales, y en los que hoy las
cruentas ‘Maras’ parecen ser el camino de la CIA para canalizar la rabia
y el descontento social de miles de jóvenes excluidos: todo sea para evitar
que se organicen políticamente en reivindicación de sus
derechos.
- El conflicto social deviene armado ante el exterminio
del cuestionamiento político
La élite despojadora mantiene
la injusticia social mediante la restricción del acceso a la educación, mediante
los medios de alienación masiva, y mediante el exterminio de quién la cuestione,
implementando el terrorismo de estado: en ese contexto preciso de saqueo y
represión hay que sumergirse para entender el por qué de un alzamiento
insurgente del campo popular, ante la imposibilidad de ejercer la organización
social y política sin sufrir persecución encarnizada. Para hablar de paz en
Colombia, hay que buscar la raíz de la guerra, y entender que el conflicto antes
de ser armado, es social.
La paz de los
negocios es esa misma que asesina niños por desnutrición; mientras que la
Paz de los pueblos removería los obscenos privilegios de la élite y del gran
capital transnacional que vorazmente se acrecienta en base al saqueo. No se
trata de la misma ‘paz’. ¿No es acaso guerra el hambre, y guerra la desaparición
forzada de quién busca acabarla? ¿Poner fin a la estrategia estatal de guerra
sucia no es acaso medular? ¿No es acaso el terror de estado el que empuja a
miles de luchadores sociales a la clandestinidad de la insurgencia? ¿No son
acaso guerra los encarcelamientos políticos, la existencia de una herramienta
paramilitar al servicio del gran capital a la que se le entregan listas de
opositores a eliminar, la tortura, la planificación desde altas esferas de
desplazamientos poblacionales masivos? No puede haber resolución de la situación
colombiana sin tomar en consideración la columna vertebral de la violencia:
el terrorismo de estado que perpetúa un sistema económico basado en el
despojo de las mayorías. Un terrorismo de estado anterior al alzamiento
armado, implementado para eliminar la reivindicación social; terror que al
cerrar los espacios de participación conllevó al alzamiento
insurgente.
- “Cualquier iniciativa que
pretenda la paz, debe contar con la participación plena de las víctimas de
crímenes de Estado.”
El Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años
de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos
humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000
torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras
de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos
crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o
a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Por esta razón,
reiteramos que cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y
duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de
Estado(…) Es indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la
libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los montajes
judiciales y la injusta judicialización de la protesta social”[1].
Colombia lleva más de 60 años
desangrándose porque el terrorismo de estado lleva más de 60 años impidiendo las
reivindicaciones de un pueblo, que pese a las masacres no se resigna a vivir
arrodillado en las cloacas de la mendicidad, mientras las transnacionales
saquean el territorio, derribando montañas, envenenado ríos y asesinando la risa
de los niños.
- Fase acelerada de acumulación capitalista a nivel
mundial
Tras el derrumbe de la URSS, el
modelo capitalista ha intensificado su agresividad de manera exponencial. El
mundo sufre la activación de una fase acelerada de acumulación de capital con la
correlativa fase acelerada de despojo y exclusión de ingentes cantidades de
seres humanos: deviene necesario profundizar el conocimiento de los mecanismos
represivos acicateados en laboratorios de saqueo multinacional intensivo, como
lo es Colombia. Deviene necesario hacer de la reivindicación y defensa del
pensamiento crítico un bastión de resistencia ante la arremetida global del gran
capital. La fase acelerada de acumulación capitalista intenta legitimar
el desmantelamiento del 'Estado de bienestar' en Europa mediante la
argucia de la 'crisis'; paralelamente intensifica el saqueo de los
recursos a escala planetaria, y emprende las nuevas guerras coloniales,
disfrazadas de 'intervenciones humanitarias' como la que sufrió el pueblo
libio y la que las potencias neo-coloniales están implementado hoy contra
Siria.
- El caso colombiano: ¿Falsa Paz enajenante o verdadera
Paz rebelde?
El caso colombiano arroja luces
sobre diversos mecanismos represivos (terror de estado, paramilitarismo,
legislaciones represivas y entreguistas, artificios propagandísticos y
persecución sistemática al pensamiento crítico), con los que el gran capital
profundiza el saqueo y empobrecimiento para las mayorías.
La paz sin justicia social es
una quimera que plantean las oligarquías, un contrasentido en un mundo en el
que el mayor agente genocida y estado de guerra permanente es el hambre, la
miseria de las mayorías correlativa al enriquecimiento de unos
pocos. Según el PNUD 10 millones de
personas mueren cada año debido al hambre o las enfermedades derivadas de la
malnutrición; en el mundo más de 925 millones de personas pasan hambre; y se
produce comida más que suficiente para todos los seres humanos [2]. Jean Ziegler
expresa la dimensión de esta guerra inherente a la estructura del
capitalismo: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de
hambre. 57.000 personas mueren de hambre cada día. 1.000 millones de personas
son gravemente invalidadas o sufren secuelas graves por desnutrición. La
agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias a
12.000 millones de personas, y sólo somos 7.000 millones. No existe una
fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño
asesinado(…) El hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del
mundo" [3].
Colombia es el 3er
país más desigual del mundo [4]; más de la mitad de la población colombiana
sobrevive en la pobreza e indigencia, hay 8 millones de indigentes y 20 millones
de pobres [5]. Pese a los malabarismos del gobierno con las metodologías de
medición para reducir la pobreza en el papel [6], en la realidad esta se expresa
en que anualmente mueren más de 20 mil niños menores de 5 años por
desnutrición[7]. El despojo de
territorios y la explotación perpetrados por el gran capital son la raíz de la
guerra en Colombia; por ello la paz pasa necesariamente por un cambio
estructural en la tenencia de la tierra y las riquezas, por un camino hacia la
soberanía alimentaria absolutamente contrario al camino del agro-industrial y la
mega-minería multinacional dinamizado por el actual gobierno de
Santos. Por ello, La Paz no debe ser un concepto para
enajenar [8], sino un concepto liberador: no se trata de una Paz sin justicia
social, se trata de una Paz rebelde que busque revolucionar el estado de
injusticia. El tema de 'La Paz' ha sido mil veces manipulado por
los gobiernos de turno en Colombia, y las conversaciones entre insurgencia y
gobierno se han truncado siempre a la hora de la verdad: cuando le correspondía
al gobierno entrar a concretar una verdadera reforma agraria y diversas
exigencias de justicia social enarboladas por las grandes mayorías
desposeídas. Los ofrecimientos de garantías de vida a las insurgencias se
han saldado con el exterminio de los reinsertados a la vida civil, de los
negociadores y del movimiento popular por parte del estado, como ocurrió contra
la Unión Patriótica, partido político compuesto de civiles y guerrilleros
reinsertados, surgido tras unas conversaciones de paz. Al menos 5000 militantes
de la UP fueron asesinados por la fuerza pública y la herramienta paramilitar
del estado colombiano, en un genocidio planificado que llevaba el nombre
de 'Plan Baile Rojo' [9].
- Palomas blancas y bolsas de cadáveres: la continua
estrategia de propaganda del gobierno colombiano
Ante la
maquinaria de propaganda del gobierno, que nos muestra a un Santos posando con
palomas blancas [10], debemos tener presente qué acuerdos económicos, qué
concesiones a multinacionales, qué ley de fuero militar de impunidad impulsa su
gobierno, y recordar que se trata del mismo Santos que ayer posaba con
bolsas negras contenedoras de cadáveres, y que implementaba un espectáculo de
júbilo macabro tras el asesinato de Alfonso Cano, o con la mano cercenada de un
líder estudiantil empujado por la persecución estatal a la clandestinidad
insurgente (Iván Ríos)[11]. El Santos que hoy aparece en portadas con palomas
blancas, es el mismo Santos que en febrero 2012 le pedía disculpas al general
Plazas Vega, a Betancur y al ejército porque algunos jueces incorruptos los
investigan por los desaparecidos del Palacio de Justicia[12]; es el mismo que
impulsa el Fuero Militar de impunidad [13]; el
mismo de la ley 1424 de impunidad para los financistas del paramilitarismo, que
además libera de pagar cárcel a 25.000 paramilitares[14]; el mismo Santos de las
gigantescas concesiones a multinacionales y la locomotora minera; el mismo del
bombardeo al Ecuador y el posterior asesinato a quemarropa de los heridos -como
relatan las sobrevivientes de la masacre en la que fue asesinado Raúl Reyes, dos
decenas de guerrilleros y 5 civiles (4 mexicanos y un ecuatoriano)-; el mismo
Santos que continúa la privatización de la educación provocando nuevamente un
masivo paro educativo[15]; el mismo Santos que niega la visita humanitaria a las
cárceles colombianas e intensifica el uso del aparato judicial contra los
opositores políticos; el mismo Santos co-responsable como ministro de la
política estatal de los mal llamados ‘falsos positivos’, el mismo.
Los ‘falsos positivos’[16] son asesinatos de civiles a manos del ejército
para luego disfrazar sus cadáveres de ‘guerrilleros abatidos en
combate’ y usarlos en la maquinaria de propaganda mediática, aplicada en la
exhibición de cadáveres como metodología de disuasión por el terror; se han
documentado al menos 3.345 de estos asesinatos de civiles, que no han cesado
bajo la presidencia Santos, como lo denuncian las comunidades
campesinas. La oligarquía colombiana es experta en terror y propaganda, y
alterna la exhibición de cadáveres con blancas palomas, habla de ‘paz’ mientras
su herramienta paramilitar de la motosierra y su descomunal ejército prosigue el
exterminio.
- Andamio legalista de Santos
apuntala un régimen de terror de Estado y despojo
capitalista
El
gobierno de Santos ha dado continuidad y profundización al genocidio contra el
pueblo colombiano, a la par que ha implementado una serie de operaciones
mediáticas de lavado de imagen tendientes a legitimar su poder, y ha
confeccionado una telaraña de leyes que
apuntalan el modelo, leyes que se promulgan a una velocidad récord. El andamio
legalista se constituye esencialmente de dos grandes temas: la impunidad para
los crímenes de estado y la ‘legalización del despojo’. Obviamente, cada ley
promulgada busca ser disfrazada mediante la manipulación mediática, tal es el
caso de las mal llamadas ‘Ley de Tierras’ y ‘Ley de Víctimas’ del
gobierno Santos, presentadas por los mass-media como la panacea, y fuertemente
criticadas por las organizaciones sociales. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
recuerda que ya son 70 los reclamantes de tierras asesinados bajo el gobierno
Santos, y expresa “Consideramos que el modelo de
restitución de tierras en Colombia no atiende transformaciones estructurales de
los problemas rurales y tiende a ser un mecanismo para legalizar el despojo y
abandono forzado de los territorios” [17].
Con
relación a las leyes de impunidad el MOVICE expresa: “Los escasos avances en
investigación de los crímenes cometidos por agentes estatales, han permitido que
solo en un 2% de los casos, fueran sancionados. El MOVICE lamenta que dentro de
la agenda de paz no esté contemplado el tema de justicia y que por el
contrario se sigan tramitando marcos legales de impunidad como la ampliación
del fuero penal militar, que conlleva a la no sanción de Crímenes de
Guerra; y la promulgación de un marco jurídico para la paz, que establece la no
persecución de los crímenes realizados por los agentes estatales. (…) que se
suspenda la implementación de mecanismos legales de impunidad que favorecen la
continuidad de los crímenes de Estado”[Ibíd.].
- Santos llama a intensificar los bombardeos; el
gobierno rechaza el cese al fuego
El clamor popular reclama que las conversaciones de
paz se hagan en medio del“cese bilateral de
hostilidades” [Ibíd. ]; pero el gobierno rechaza el
cese al fuego:“Les he pedido que
intensifiquen su accionar. No va a haber ningún tipo de cese al
fuego”,
expresó Santos a inicios de septiembre en la base militar de
Tolemaida[18]. Santos llama a incrementar los
ataques contra la insurgencia. Las herramientas paraestatales y la propia fuerza
pública incrementan la guerra sucia contra el movimiento social. Santos declaró en Kansas, a
finales de septiembre, que él mismo ordenó asesinar a Alfonso Cano, y esto luego
de que Cano y él habían empezado conversaciones: “Me dijeron que lo tenían
rodeado y me dije: las reglas son las reglas, y tomé la decisión de eliminarlo y
así se hizo”[19]. Cano fue ubicado y asesinado en
labores de diálogo. El 5 de septiembre los medios anunciaban con júbilo macabro
la muerte de Danilo García, comandante del Frente 33 de las FARC, y de 15
guerrilleros más, fallecidos en un bombardeo. El ministro Pinzón
expresaba: “cualquier organización, grupo
o banda que se dedique al terrorismo o a la criminalidad que atenta contra los
intereses del pueblo colombiano, encontrará en la Fuerza Pública la respuesta
necesaria(…)”[20]; nótese el lenguaje del
ministro, que intenta negar el carácter político y la naturaleza popular de la
insurgencia al tratarla de ‘banda que se dedique al terrorismo o a la
criminalidad que atenta contra los intereses del pueblo’. Resulta
perturbador –por decir lo menos- que mientras el gobierno colombiano inicia
conversaciones con la insurgencia, reconociendo así de facto su carácter
político, el discurso de los funcionarios y de los medios masivos, siga el
martilleo intensivo tendiente a desnaturalizar la realidad del alzamiento
insurgente. El carácter político de las FARC queda en evidencia en sus
reivindicaciones claramente políticas. Los estigmas
de “terrorismo” impuestos desde el Pentágono buscan desconocer la
realidad y cerrar la posibilidad de diálogo político. Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, aboga por
la solución política por oposición a la solución gubernamental del
exterminio:
“El
principal error de todos los procesos anteriores ha sido el de llegar a la mesa
a exigir rendiciones, sin voluntad real de atender a la solución de las causas
que dieron origen y siguen alimentando la confrontación(…) La oligarquía
dominante, apoyada sólidamente por los Gobiernos de los EEUU, lleva ya casi 50
años apostándole al exterminio de las guerrillas. (…)Cuando Santos ordena
incrementar las operaciones no está dando satisfacciones a los sectores de
extrema derecha, lo hace porque cree con ellos, como todos los anteriores
gobiernos, que de veras podrá rendirnos por obra de la fuerza. Precisamente es
ese el círculo vicioso que se necesita romper”[21].
El
gobierno sigue intentando quitarle, mediante el martilleo mediático y las
‘leyes antiterroristas’, el carácter político a la insurgencia, y en los
hechos continúa con los bombardeos descomunales: el pueblo colombiano tiene el
deber de cuestionarse sobre si la 'voluntad de 'paz' que ha expresado el
gobierno no es sino meras palabras, un ardid para ganar tiempo y poder golpear
más duramente a la insurgencia y al pueblo organizado.
- Santos designa para la Mesa de Negociaciones a
Generales cuestionados por violación a los DDHH
En la mesa de negociaciones
Santos designó al General Mora y al general Oscar Naranjo, ambos fuertemente
implicados en graves violaciones a los DDHH. Según testimonios, el general Mora
Rangel estaría implicado en el asesinato del humorista Jaime Garzón, la familia
del humorista solicita que sea vinculado al proceso como posible instigador del
crimen. Además, Mora Rangel podría estar implicado en otros crímenes de Lesa
humanidad realizados por el grupo paramilitar ‘La Terraza’: “el Fiscal 45 Delegado de Justicia y Paz exhibió un
pronunciamiento público, fechado en enero de 2001, difundido por integrantes de
la extinguida Banda La Terraza en el que se consigna que los verdaderos
directivos de las estructuras paraestatales eran, justamente, los generales Mora
Rangel y Bedoya Pizarro” [22].
Se solicitó que sean investigados los generales en la audiencia de formulación
de cargos contra el Jefe paramilitar 'Don Berna' al que “se le atribuye la
responsabilidad en el crimen del humorista bogotano y de 31 acciones criminales
más, entre ellas la masacre de cinco adultos y tres menores en San José de
Apartadó de febrero de 2005; la muerte de los investigadores del Cinep, Mario
Calderón y Elsa Alvarado(…) así como una veintena de homicidios y desplazamiento
forzado”[Ibíd.
].
En cuanto a Óscar Naranjo, anunciado como consultor externo en
materia de ‘seguridad’ en México: “Víctimas de violación a derechos humanos y
organizaciones no gubernamentales denuncian supuestos nexos del también miembro
de la DEA con grupos criminales. Advierten que contribuyó a la consolidación
del “terrorismo de Estado” en Colombia y que cuenta con un proceso abierto en
Ecuador por el asesinato de 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes
mexicanos(…) Naranjo es la pieza de la continuidad de la política de seguridad
ejercida por Felipe Calderón, estrategia impulsada desde
Washington”[23]. Carlos Fazio señala que el ex
general “tiene una orden de arresto
por asesinato, girada por un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y ha
sidoincriminado por sus nexos con el ex capo del Norte del Valle, Wílber
Varela, en el juicio que se ventila actualmente en la corte del distrito Este de
Virginia, Estados Unidos”[24]. Naranjo fue jefe de inteligencia del llamado Bloque de
Búsqueda, unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia: “La
organización a sueldo de las agencias de seguridad estadounidenses, en la
que Naranjo fungía como jefe de
inteligencia, reeditó viejas tácticas de la guerra sucia de contrainsurgencia y
estableció alianzas estratégicas con el cártel de Cali y con el grupo
paramilitar Los Pepes. Este último habría sido pionero del narcoparamilitarismo
colombiano y responsable de unas 300 ejecuciones”[ver 23].
- ¿Acaso el anuncio de conversaciones de
paz busca tapar la crisis de legitimidad del
gobierno?
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Colombia
paro nacional octubre 2012 |
Se implementa el exterminio de la oposición política
desde el estado para mantener e intensificar una situación de despojo y
empobrecimiento de las mayorías en beneficio del gran capital, y paralelamente
al exterminio continuo, el gobierno habla de ‘conversaciones de paz’: en
este marco es pertinente preguntarse si no se trata de un mecanismo para
intentar tapar la grave crisis de legitimidad del gobierno Santos; crisis que
se expresa en los diferentes paros y huelgas que se suceden uno tras otro a
nivel nacional, en todos los ámbitos: desde las grandes movilizaciones
campesinas, afrodescendientes e indígenas, pasando por las comunidades
movilizadas contra la mega minería, los mega proyectos y el agro-industrial, por
el estudiantado y profesorado en permanente movilización, los obreros en
valientes huelgas, hasta las continuas protestas en las cárceles del país. El
comunicado del sector educativo en protesta nacional en septiembre 2012, expresa
los niveles de lesión sufridos por la población con las medidas del gobierno
Santos:
"El gobierno
deshonró la palabra empeñada con FECODE y la MANE, violó los acuerdos laborales
pactados e incumplió el compromiso de concertar la Reforma a la Educación
Superior; en resumen, el gobierno 'le hizo conejo' al país en materia de
educación.Mientras que
el Presidente Santos hace lo que le viene en gana con la educación, salud,
recursos naturales, y cierra las puertas del diálogo con maestros, estudiantes y
trabajadores, anuncia paradójicamente el inicio de conversaciones con las
guerrillas.Teniendo en cuenta la grave situación que vive el país en lo
político, económico, social, ecológico ambiental, la Federación Colombiana de
Educadores, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, las Asociaciones de Estudiantes
de Secundaria, las Centrales Obreras y la Comunidad Educativa (…) Protestamos
contra la política neoliberal expresada en: la Privatización y mercantilización
de la educación pública, hacinamiento de niños (…) Privatización de la salud
pública (…)Tratados de Libre Comercio que arruinan la producción nacional;
Desarrollo sin control de la gran minería y desvergonzada entrega de los
recursos naturales a las multinacionales; Establecimiento de paraísos fiscales
en favor del gran capital internacional; Descarado favorecimiento al sector
financiero; Flexibilización del trabajo que precariza el salario y las
condiciones laborales (despidos masivos, contratos temporales, nombramientos
provisionales y Cooperativas de Trabajo Asociado); Reformas tributarias para
eximir de impuestos a los poderosos y descargar pesadas cargas tributarias sobre
los sectores populares; Incremento de tarifas de servicios públicos; Reformas
pensionales y laborales para beneficiar al gran capital y golpear al trabajador;
Violación y desconocimiento de los derechos sindicales, persecución,
hostigamiento, desaparición y asesinatos de maestros y dirigentes
sociales”[25].
- No hay paz sin espacios de participación que no sean
letales: Terror de Estado contra la organización social es Guerra
Sucia
La política del
estado colombiano de aplicar el exterminio contra el opositor político cierra
los espacios de desarrollo social: es en sí una guerra contra la población y su
capacidad evolutiva. La Guerra Sucia es la causante del caudal de víctimas
que anega a Colombia. Ese terror de estado se expresa en: desapariciones
forzadas, montajes judiciales, masacres, violaciones sexuales y otras torturas,
desplazamientos poblacionales masivos calculados y planificados desde el mismo
estado con asesoría estadounidense e israelí. No se trata aquí de ‘horrores
de surgimiento espontáneo’: se trata de una planificación del terror para
inyectar parálisis social de las reivindicaciones y producir masivos
desplazamientos poblacionales con la doble finalidad de favorecer al gran
capital con las tierras despojadas y de ‘quitarle el agua al pez’, es
decir despoblar el campo donde se encuentra la base social de la
insurgencia. Los ejecutores de esta planificación son la fuerza pública y su
herramienta paramilitar, no abstractos ‘grupos armados al margen de la ley’
-según la terminología que le conviene al poder porque diluye
responsabilidades-; los desplazamientos forzados se deben a las masacres
dirigidas intencionalmente contra la población más que a la ‘bala
perdida’que amplifican unos medios dedicados a impedir la comprensión de la
realidad. Hay más de 5,4 millones de personas desplazadas en Colombia[26],
víctimas de la planificación del terror al servicio de la acumulación
capitalista. Es imprescindible para la paz exigir eldesmonte efectivo de la
herramienta paramilitar del estado y gran capital, el cese de la
desaparición forzada, el cese del exterminio sindical -en Colombia son
asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo por
responsabilidad del estado colombiano como lo sentenció el Tribunal Sindical
Mundial [27]-, el cese de la política planificada de desplazamiento forzado, el
cese de los encarcelamientos políticos, la libertad para los presos políticos,
el cese de la tortura… Poner fin a la guerra sucia desatada desde el estado
contra la población es columna vertebral de la paz: para que por fin puedan
construirse -sin sufrir exterminio- las reivindicaciones por los necesarios
cambios estructurales que necesita Colombia.
- Simón Trinidad, simbólica elección que pone de
relieve la ingerencia de EEUU
La insurgencia de las
FARC eligió para la mesa de diálogos a Simón Trinidad[28], preso político
colombiano en EEUU; su participación podría ser posible si el gobierno de Santos
la gestiona. Trinidad es un experto en el tema de la tierra, la soberanía
alimentaria, y la necesidad de una reforma agraria. Esta elección evidencia que
el tema de los presos políticos es medular, tanto desde el punto de vista
humanitario, como desde el punto de vista de las libertades políticas. El caso
de Simón Trinidad simboliza la persecución a la oposición política y además la
ingerencia omnipresente de EEUU en los asuntos de Colombia. Antes de ingresar a
las FARC, Simón Trinidad –cuyo nombre de nacimiento es Ricardo Palmera-, era un
político liberal humanista que al momento de conformarse el partido político
Unión Patriótica (UP) se unió a él; pero el partido UP sufrió exterminio por
parte del estado colombiano, y Ricardo Palmera entró a la clandestinidad antes
que irse al exilio, para salvaguardar su vida y continuar la lucha política por
su pueblo. Fue capturado en Ecuador e ilegalmente entregado a Colombia, y luego
a EEUU, acatando una vergonzosa ley de extradición de ciudadanos colombianos a
EEUU. Al momento de su captura Trinidad gestionaba un intercambio humanitario de
presos. En EEUU sufrió varios juicios políticos en los que intentaron condenarlo
por narcotráfico, acusación que no pudo ser probada. Finalmente la condena
política -y descomunal- fue por ‘secuestro’ de los 3 contratistas de
empresas de seguridad de EEUU vinculadas a la CIA, mercenarios que las FARC
siempre consideraron presos de guerra, al ser parte de la ingerencia bélica
estadounidense contra el pueblo colombiano. Trinidad está encerrado en
condiciones de tortura en EEUU.
La ingerencia estadounidense en
Colombia es un factor determinante para la conformación y permanencia del
terrorismo de estado, y por ende, para la guerra. El estado colombiano es el
mayor receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, tras Israel. El
adiestramiento en terroríficas técnicas de ‘contrainsurgencia’ y la
siniestra doctrina del ‘enemigo interno’ con la que son aleccionadas las
fuerzas militares colombianas, provienen de ‘formadores’ estadounidenses. La
estrategia paramilitar se encuentra contemplada en directivas estadounidenses
hacia Colombia[29].
- Presos políticos: los presos de la Guerra
Sucia
La liberación de los
presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz. Los 9.500 presos
políticos[30] son esos seres cuyo silenciamiento es la otra cara de las grandes
cifras de negocios que logran las transnacionales en Colombia.
La situación en
las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles
de hacinamiento del 47% [31], viven en condiciones de insalubridad extremas,
sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara
violación al DIH por parte del estado -siendo incluso situados los presos
políticos en patios paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus
vidas-. Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren
extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las vidas de
sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores
sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra
periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, etc. Miles de personas están
sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro
estatal’[32]. Son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de
negación de asistencia médica, algunos padecen enfermedades terminales y otros
son heridos de guerra que son abandonados a la gangrena[33]. Ante la dramática
situación penitenciaria los presos iniciaron en agosto 2012 una huelga nacional
indefinida exigiendo la Mesa Nacional de Concertación Carcelaria con la
participación del Movimiento de Presos [34]: claman contra la tortura, la
extradición, los montajes judiciales; exigen la clasificación de internos, la
rebaja del 20% en penas, la debida asistencia médica, el necesario
des-hacinamiento que pasa por cuestionar el uso del aparato judicial como arma
de guerra del estado y no por la construcción de más cárceles, etc. Van meses de
protesta nacional carcelaria, con varios presos en huelga de hambre cuyas vidas
peligran, sin que el gobierno haya dado la más mínima muestra de diálogo,
limitándose a reprimir duramente las protestas. Los presos continúan siendo
empujados a la muerte: el preso político Alexander Martínez falleció el 24 de
agosto 2012 por negación de asistencia médica[35], 2 días antes otro preso
falleció también por negación de asistencia[36]. En septiembre las víctimas de
la negación de asistencia médica fueron: Pedro Julio García el 3 de
septiembre[37], Estiven Agudelo el 17[38], y el preso político Saúl Balcárcel Albarracín
fallecido el 18 de septiembre[39]. Se alerta sobre posible epidemia de tuberculosis en
varias cárceles. Los presos hacen un llamado a
la presión internacional: “que eviten más muertes y suspendan las prácticas
de represión y torturas colectivas e individuales a las que tienen sometidas a
más de 132.000 presos de forma sistemática (…) El hacinamiento en algunos
pabellones (…) supera el 400%, a nivel Nacional alcanza el 47%. Acudimos ante
sus organismos internacionales porque en nuestro país el estado ha hecho oídos
sordos, cerrándonos las puertas para plantear las posibles soluciones a tan
dramática crisis humanitaria (…) diariamente registramos decenas de nuevos
enfermos en estado crítico, sin ser atendidos por médicos, ni recibir ningún
medicamento. (…)en un año han muerto mas de 80 internos en total abandono, la
mayoría por inasistencia médica, lo más grave es que todo queda en la absoluta
impunidad(…) nuestros compañeros y compañeras día a día se enferman y van
muriendo lentamente como simples animales encerrados(…)”[40].
- Preguntas de cara a las conversaciones de
paz
Por la paz es un imperativo
ético cuestionarse sobre las causas de la guerra. Teniendo que la raíz de la
guerra es el despojo y el empobrecimiento correlativo para beneficio del gran
capital, doblado de la represión descomunal a la reivindicación social y
política; surgen entonces preguntas de fondo:
¿Se
contempla realmente una paz integral y con honestidad se podrán debatir de los
necesarios cambios estructurales, o una vez más el gobierno abortará los
diálogos al momento de concretar dichos cambios?
¿Podrán
echarse para atrás las concesiones a multinacionales otorgadas por el gobierno,
concesiones que están directamente vinculadas con el despojo de tierras
campesinas, raíz misma de la guerra?
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víctimas
de la estrategia paramilitar |
¿Cabe esperar que se debata un
cambio en el modelo depredador del medio ambiente y de la población, al menos en
cuestiones relativas al TLC, soberanía alimentaria, semillas, reforma agraria,
cese de las arremetidas de despojo contra el campesinado que perpetra la
herramienta paramilitar cuya connivencia con el ejército está más que
demostrada? ¿Cabe esperar una verdadera reforma agraria o al contrario seguirá
la planificación de masivos desplazamientos forzados de poblaciones con la
finalidad de acrecentar las macro-explotaciones multinacionales?
¿Cabe
esperar un efectivo desmonte de la estrategia paramilitar o seguirá la farsa
del rebautizo y las falsas ‘desmovilizaciones’? ¿Cabe esperar justicia
para los crímenes de estado o al contrario seguirán las leyes de impunidad para
las fuerzas militares y paramilitares al servicio del gran capital?
¿Cabe
esperar el fin de los encarcelamientos políticos y la liberación de miles de
presos políticos, así como el cese de la desaparición forzada?¿O estamos acaso
ante otra astucia gubernamental para ganar tiempo, desmovilizar la lucha social,
y asestarle duros golpes a la oposición?
_______________
[3]
'Destrucción Masiva. Geopolítica del Hambre' , Ziegler, 2012 “El hambre no es una
fatalidad, es un asesinato" Ex relator especial de Naciones
Unidas para el Derecho a la Alimentación y actual miembro del comité Consultivo
de DDHH: "el hambre es pura violencia estructural". 10 multinacionales
controlan el 85 por ciento del comercio alimentario del mundo. http://no-mas-hambre.blogspot.com.es/2012/05/el-hambre-como-tragedia.html “Cada cinco segundos, un niño de
menos de diez años muere de hambre. 57.000 personas mueren de hambre cada día
(…) la agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías
diarias 12.000 millones de personas. Somos 7.000 millones(…) Un niño que muere
de hambre es un niño asesinado. En las barriadas periféricas, en Lima, Sao
Paulo, Manila… donde viven 1.600 millones de personas en estado de extrema
pobreza, las madres deben comprar con muy poco dinero la alimentación. Debido a
la especulación alimentaria que hizo explotar los precios de los alimentos, el
maíz aumentó un 63%, la tonelada de arroz de Filipinas un 94%, y la tonelada de
trigo ha duplicado su precio. La consecuencia son los beneficios astronómicos de
los hedge funds que han migrado de los mercados financieros, tras las inmensas
pérdidas de los años 2008 y 2009, a las bolsas de materias primas, especulando
descaradamente y legalmente con el maíz, el trigo, el aceite de palma.”
http://www.lavanguardia.com/libros/20120527/54300351384/jean-ziegler-hambre-espana-generacion-debiles.html
[5] 8 millones
de indigentes y 20 millones de pobres. El estudio de MESEP, Pobreza y
Desigualdad 2009, contabilizó ocho millones de colombianos en la indigencia y 20
millones de pobres. En las zonas rurales, de cada 100 hogares 65 son
considerados pobres y 33 viven en la indigencia.
[6] La nueva perla del Gobierno Nacional: en Colombia
aquel trabajador que gane $190.000 al mes, ya no es pobre por arte de magia en
la nueva medición de la pobreza. El Colectivo de Economía de la Universidad
Nacional, se propone recoger las voces de aquellos afectados directamente por
esta medida. Nuevo Umbral de Pobreza en Colombia: http://www.youtube.com/watch?v=b5dd5fzkJyM
Crece polémica
por fórmula para medir la pobreza en Colombia, septiembre 14 de 2011
‘Con la
vieja metodología, el ingreso máximo para ser considerado pobre era 281.384
pesos mensuales; para ser considerado indigente, era de 120.588
pesos’, ahora, por
arte de magia de la nueva medición los que ganan menos de 281.384 ya no son
considerados pobres, solo quien gana menos de 187.079 mensuales es hoy considerado
pobre. ‘Con la nueva medición el
gobierno reduce la cifras oficiales: Los 16,4 millones de colombianos
clasificados como pobres tuvieron el año pasado (2011)un ingreso individual
máximo mensual de 187.079 pesos, cifra que se reduce a 83.581 pesos para los 5,4
millones considerados indigentes. Las líneas de pobreza se redujeron en
aproximadamente la tercera parte con respecto a las arrojadas en el 2009 con la
metodología previa.’ Las nuevas cifras excluyen a
millones de colombianos del registro, invisibilizan sus carencias: ‘Señalan
que el año pasado la pobreza cubrió al 37,2 por ciento de los colombianos y la
pobreza extrema, al 12,2 por ciento’,obviamente cifras muy inferiores a las
mediciones con la metodología anterior.
2012 Pobreza en
Colombia: Cifras y realidades. Cambiar la medición de la pobreza para eliminar
la pobreza de las estadísticas, mientras crece en la realidad. Otro 'Falso
positivo' del Santismo para mostrar buen gobierno mientras empobrece al país con
la entrega de los recursos a las multinacionales y continúa el exterminio
sindical.¿Combatir la pobreza. o esconderla? El cambio de metodologías para la
medición de pobreza no soluciona la realidad de los colombianos. http://www.youtube.com/watch?v=7SaExPWWEjA
[11] Santos y
pago de recompensa por asesinato de Iván Ríos
[12]Perdón para
las Víctimas no para los victimarios, indignación de familiares de
víctimas
Entrevista a
Rafael Barrios, abogado de las víctimas del holocausto del Palacio de
Justicia
[14]El conejo
de Juan Manuel Santos; Otra ley de impunidad para
paramilitares y sus financistas
Gobierno
brinda impunidad para su herramienta paramilitar: indulta más de 25.000
paramilitares con LEY 1424
Ley
1424: El Gobierno
decreta una vergonzosa Ley de impunidad, que favorece a más de 25.000
paramilitares
[16]‘falsos
positivos’: son asesinatos de civiles perpetrados por el ejército, cuyos
cadáveres son presentados como “guerrilleros abatidos en combate” en
montajes militares. Estos asesinatos son denominados en la jerga
militar ‘falsos positivos’, porque los militares reportan
como‘positivo’ al cadáver del opositor insurgente. Se implementa la
guerra sucia y sicológica contra la población colombiana: a través de la
exhibición incesante de cadáveres en los medios masivos, en condiciones
degradantes (en bolsas negras, alineados en el piso al pie de las botas). La
directiva 029 impulsa a los militares a la presentación de los cadáveres a
través de un mecanismo de recompensa por cadáver. Degradando la humanidad del
opositor, y con la permanente exhibición de cadáveres se busca la ‘disuasión
por el terror’: hay al menos 3.345 casos documentados de
estos asesinatos de civiles a manos de militares; en la actualidad se siguen
produciendo estos crímenes de estado. Más de 3.000
civiles fueron asesinados por la Fuerza Pública entre 2002 y 2008. Informe
sobre los falsos positivos: La guerra se mide en litros de
sangre, FIDH y
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 31-05-2012 http://www.rebelion.org/docs/150547.pdf
“Entre 2002 y
2008, las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo a gran escala en
todo el territorio nacional siguiendo un patrón específico de acción. Las
víctimas fueron en su mayoría personas campesinas (…) sacadas a la fuerza de sus
casas por el Ejército, incluso teniendo como testigo a los familiares. Siempre
que se acercaron a las bases militares a preguntar por la víctima, el Ejército
se negó a entregar información sobre su paradero. No obstante, el cuerpo de la
persona solía aparecer posteriormente reportado como guerrillero muerto en
combate, sin documentos de identidad y a menudo, en un municipio distinto.(…) La
manera coordinada en que actuaron las fuerzas militares en los casos de falsos
positivos, denota el carácter deliberado de los crímenes cometidos (…) De
acuerdo con los datos de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales
del Observatorio de la CCEEU, se estima que entre 2002 y 2008, se
cometieron 3.345 ejecuciones extrajudiciales, siguiendo este patrón.
Muchos de estos cuerpos continúan enterrados como N.N. en diferentes cementerios
del país, y en la práctica, se encuentran desaparecidos para sus
familiares.”
Sistema de
recompensas. La directiva
de la discordia
[22] Ex-General Mora Rangel acusado del
asesinato de Jaime Garzón
"En
Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan
en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y
selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un
genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” Informe CUT, 2011: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921
Encuentro
Nacional del Departamento De Derechos Humanos de la CUT I Semestre de
2012:
Workers
Uniting rechaza asesinatos a sindicalistas colombianos
[29] A raíz de la visita de la Misión
Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices
secretas que dejó consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia
contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas
(1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de
Contrainsurgencia que comienzan a formar parte de la Biblioteca del Ejército
y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando
como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la
concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la
define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2)
debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los
movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
Brig. Gen.
William P. Yarborough, "U.S. Special Warfare Center," in U.S. Department of the
Army, Office of the Chief of Information, Special Warfare U.S. Army: An Army
Specialty (Washington, D.C., 1963), p. 61. A Psychological Operations Course
covering all aspects of psychological warfare was also offered at Fort Bragg, in
consonance with the center’s Psychological Warfare origins. .Headquarters, U.S.
Army Special Warfare School, Subject: Visit to Colombia, South America, by a
Team from Special Warfare Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 February 1962.
Kennedy Library, Box 319, National Security Files, Special Group; Fort Bragg
Team; Visit to Colombia; 3/62. Also Carroilton Press, Declassified Documents
Reference Series (1976:154D), and McClintock, The American Connection, vol. 1,
State Terror and Popular Resistance in El Salvador, pp. 23-24. 26. "Secret
Supplement, Colombian Survey Report."
[37] “Pedro Julio
García Mendoza tenía 76 años, una pena de 68 meses. Llevaba cuatro años preso y
desde inicios de su encierro manifestó que requería con urgencia una
intervención quirúrgica para extraer un tumor en la próstata (…)dicha
intervención quirúrgica nunca se efectuó. Padecía una prostatitis que por falta
de asistencia médica adecuada y oportuna le generó un cáncer” http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=778:fcspp
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