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Bernal Díaz del Castillo (Siglo XVI)
“Los derechos establecidos, tanto en las
leyes nacionales como en los convenios internacionales de la OIT, son
sistemáticamente incumplidos en las fincas, incluso con la complicidad estatal.”
CODECA (2013)
Guatemala
fue el primer país de Latinoamérica en tener una organización estatal de
defensa de los derechos humanos, un ombudsman.
Ello no significó, sin embargo, que la situación de los mismos mejorara
sustancialmente en estos años: fue, fundamentalmente, algo cosmético. Ahora el
país acaba de ser el primero del mundo en sentenciar a un ex jefe de Estado por
delito de genocidio. ¿Qué cambiará con ello?
Resulta
aventurado decir qué vendrá en el corto plazo. Lo cierto es que luego de la
condena al general Ríos Montt la sociedad en su conjunto se tensa, se pone al
rojo vivo. Quizá sin habérselo propuesto expresamente, este juicio coloca sobre
la mesa verdades de las que se habla poco, o nada. En estos momentos, sin dudas
con algo de sesgo, todo pareciera girar en torno a si hubo o no hubo genocidio.
Así planteadas las cosas, de esta forma tendenciosamente simplificada, la
cuestión se reduce a si el militar de marras está “bien” condenado, o no. Pero
la situación es mucho más compleja.
Aquello
por lo que se juzga y condena a José Efraín Ríos Montt es la expresión
–sangrienta, terrorífica– de una historia que ya lleva más de cinco siglos. El
genocidio ocurrido en la década de los 80 del siglo pasado (o si prefiere decirse:
las masacres, el exterminio de aldeas completas de campesinos indígenas pobres
e históricamente excluidos) fue la expresión de una lucha de clases histórica
que tuvo como protagonistas a una oligarquía inamovible y una masa de
desposeídos, constituida básicamente por indígenas mayas, que fue donde activó
fundamentalmente el movimiento armado.
Dicho
de otra manera: la guerra que enlutó al país alcanzando sus picos de mayor
crueldad durante la presidencia de facto de Ríos Montt fue la patentización de
una historia de profundas asimetrías socioeconómicas que arrancan con la
conquista española y se continúan sin mayores cambios hasta el presente. Tal
como lo expresa la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en sus
Conclusiones (CEH, 1998:7): “Si bien en
el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el Ejército y la
insurgencia, la investigación realizada por la CEH ha puesto en evidencia la
responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos
políticos, y los diversos sectores de la sociedad civil”. Dicho de otro
modo: esa oligarquía histórica conformada con los primeros españoles que, como lo
citado en el primer epígrafe, vinieron a estas tierras lisa y llanamente a
enriquecerse (a costa de los pueblos originarios, por supuesto), queda definida
con precisión por Vinicio Sic cuando habla de “empresaurios”: “Eufemismo empleado para designar a aquella
clase dirigente de la economía que medró en medio de los privilegios y
protecciones que le ofrecía una dictadura, un gobierno militar o un títere
presidencial, que hubo o existe en Guatemala. Grandes abusadores, incapacitados
para toda innovación o modernidad, codiciosos del beneficio inmediato,
destructores incansables del medio ambiente. (…) Rechazan toda reforma del Estado que atente contra su statu quo. (…) Jamás reconocen la existencia del pueblo
maya; es más, lo sometieron a trabajos forzados en sus fincas e impulsaron su
exterminio, aniquilándolo y robándole sus tierras y ahora su patrimonio natural”.
Es decir: lo que denuncia el segundo epígrafe.
Hoy día Guatemala es una economía próspera. De hecho,
la duodécima en volumen en Latinoamérica, con un crecimiento interanual
sostenido del orden del 3%. Los tradicionales grupos de poder –herederos de esa
historia de despojo que inicia en el siglo XVI, siempre ligados a la
agroexportación, hoy diversificados también con nuevos negocios– siguen
manteniendo inalterables sus privilegios. Cuarto exportador mundial de azúcar
(con 55 millones de quintales anuales), primera potencia regional en exportación
de etanol (con 265 millones de litros anuales), gran productor mundial de palma
africana (destinada al etanol), además de paraíso para la inversión
minero-extractiva de capitales transnacionales y para el lavado de la
narcoeconomía, en Guatemala hay mucha riqueza, sin dudas… pero la canasta básica
es 4,970.26 quetzales (637 dólares estadounidenses), mientras el salario mínimo
llega apenas a 2,421.75 quetzales (US$ 310). De acuerdo a informes de Naciones
Unidas, el 51% de la población está por debajo del límite de pobreza. Pero lo
más terrible es que, según datos de una reciente investigación publicada por el
Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– (“Situación Laboral de
Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala”) –de donde proviene el segundo
epígrafe– el 90% de trabajadores rurales recibe un salario inferior al mínimo
establecido por ley. Dato interesante que aporta este estudio: en 609 fincas
agrícolas (de las alrededor de 3,000 registradas a nivel nacional) el 91% de
jornaleros/as es de origen indígena, muchos de ellos con escasa educación
formal o abiertamente analfabetas. El Estado históricamente jugó el papel de
legitimador de esa situación (así como a veces también lo hizo la jerarquía de
la Iglesia católica).
¿Qué
pasó cuando se intentó modificar eso? Se reprimió brutalmente. El Estado
guatemalteco, defendiendo a capa y espada esa historia de despojo para que nada
se modifique un milímetro, salió a proteger a los “empresaurios”. Eso, lisa y
llanamente, fue lo que hizo el general Ríos Montt durante su presidencia como
comandante del ejército. O más aún: todo el conflicto armado de 36 años fue la
expresión de ello, enmarcado en la Guerra Fría que dominó la escena
internacional durante buena parte del siglo pasado. El general ahora condenado
no es el “malo de la película”: cumplió su tarea histórica, la que el
Estado-finca de Guatemala tiene reservada para quien empuñe sus armas.
¿Fue
genocidio? Extremadas las cosas, eso no es lo fundamental. Si se decide que no
lo fue, tal como ahora lo exige la derecha, los “empresaurios” y todas sus
redes, ¿entonces no pasó nada en el país? ¿Ríos Montt debería salir de prisión
y habría que dar vuelta la página? Lo que esta sentencia marca es un cambio en
la historia política: es un golpe a la impunidad consuetudinaria. Pero más allá
de la actual condena, el genocidio continúa. El genocidio cotidiano contra la
población indígena no se detiene, aunque hoy día ya no se realicen campañas
militares de “tierra arrasada”. Continúa con las inversiones mineras y la
agroproducción destinada al mercado internacional, con las condiciones de vida
paupérrimas, con la sobre-explotación.
¿Qué cambia esta sentencia
entonces? Da esperanzas. Como dijo Paulo Freire: “Rebelarse ante los atropellos lleva implícito el cambio”.
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