La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible
La situación del país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que en los 12 meses a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%. Oficialmente la inflación en 2015 fue del 180%, y los salarios aumentaron un 97% (BCV). En lo que va de 2016 se establecieron aumentos salariales del 56%, y la inflación enero-abril es de 275%. El FMI pronostica que la inflación podría llegar al 700% en 2016 y el PBI caer un 8%. Según CEPAL, la caída sería del 6,9%.
La Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades nacionales, dice que el 73% de los hogares cayeron por debajo de la línea de la pobreza (en 2013 era el 31%). Fuentes privadas y de las universidades sostienen que el venezolano medio ha disminuido considerablemente el consumo de calorías y proteínas. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística han dejado de publicar datos sobre pobreza.
En algunos rubros el panorama es dramático. La carencia de medicinas alcanza al 85% y el Ministerio de Salud no publica estadísticas de mortalidad desde hace tres años. El presidente de la Federación Médica de Venezuela dice que los hospitales cuentan con solo el 4 o 5% de los medicamentos que necesitan los pacientes. Las colas para conseguir alimentos, medicinas, pañales u otros productos de primera necesidad consumen muchas horas por día a los venezolanos, y en varios casos han terminado en violencia, saqueos o intentos de saqueo. En el mercado negro el dólar se paga más de 100 veces más caro que en el mercado oficial. La corrupción vinculada al mercado externo (importaciones fraudulentas con tipo de cambio oficial para fugar divisas) es una fuente de grandes negociados para funcionarios y allegados al chavismo. A su vez, los “bachaqueros” (personas que compran los productos a precios regulados para revenderlos en el mercado negro o destinarlos al contrabando) conforman la capa de “trabajadores de la economía informal” de mayor expansión.
Lógicamente, el clima que se vive en Venezuela es de extrema tensión. Una preocupación central de la oposición burguesa, agrupada en torno a la MUD, es que la bronca social acumulada estalle y se transforme en un movimiento incontrolado. El Gobierno, por su parte, responde a la crisis acentuando el control represivo.
Durante años el chavismo se ocupó de debilitar, dividir y controlar al movimiento obrero, y reprimir a toda vanguardia o movimiento de activistas y dirigentes que llevaran adelante alguna política independiente con respecto al Estado. Listas negras, asesinato de dirigentes sindicales, despidos de obreros no afectos al chavismo, manipulación de elecciones gremiales, fueron algunos de los medios empleados. Pero ahora también limita y ataca la autonomía de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. A lo que se suma el reciente decreto que establece el estado de excepción y emergencia “para derrotar al golpe de Estado”.
Así, el Ejecutivo, apoyado fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la burocracia estatal, se coloca por encima no solo del Legislativo, sino también, y más importante, por encima de cualquier expresión de poder popular independiente que pueda incubarse al calor de la crisis.
Se trata de un avance hacia una forma de Estado más represiva, que se desarrolla a la par del ahondamiento de la crisis del capitalismo estatista y rentístico promovido por el chavismo.
Socialismo siglo XXI basado en la FANB
Durante años los apologistas de izquierda del chavismo han batido el parche con el cuento de que el proceso revolucionario venezolano tenía su pilar en las comunas populares, una supuesta democracia directa, que sería la expresión avanzada del socialismo siglo XXI. Esas comunas creaban en los barrios bibliotecas o centros sociales, o ambulatorios u otros proyectos, canalizando la iniciativa popular. Se las consideraba entonces bastiones del poder “de los de abajo”. Por supuesto, los apologistas de izquierda disimulaban el hecho de que eran controladas desde el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Protección social y por medio del financiamiento estatal.
Ahora, con la crisis, aquel discurso sobre el “poder popular” se revela como lo que es: parloteo y cartón pintado. Las comunas y el poder popular no tienen ningún poder efectivo. Más aún, a medida que la crisis se ahonda y afecta más y más el nivel de vida del pueblo, aparece con mayor claridad el resorte último del poder estatal venezolano: es la clásica “banda de hombres armados”, que están separados y por fuera de cualquier control de “los de abajo”, de los explotados y humillados. La realidad es que el chavismo se conforma como un frente de hecho entre la lumpen burguesía aliada, la alta burocracia estatal y, muy en primer lugar, la FANB y los mandos militares. Como sucede siempre que las tensiones sociales se intensifican y se agotan las maniobras de distracción y conciliación, la elevación del poder de las fuerzas armadas y represivas es la alternativa a mano de los que dominan. Los datos sobre la extensión y el poder de los militares constituyen la refutación más directa y contundente del relato “progre” sobre el “poder de las bases” en el chavismo.
Efectivamente, los militares encabezan aproximadamente un tercio de los 28 ministerios de Venezuela y gobiernan casi la mitad de sus 23 estados. Hay nada menos que 4.000 generales, entre activos y retirados. Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes beneficios.
Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de agricultura; EMILTRA, de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de comunicaciones de la FANB,; TVFANB, un canal de TV digital abierta; TECNOMAR, empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB, empresa Mixta Bolivariana; Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento.
Represión al pueblo
En forma paralela al fortalecimiento del aparato militar se ha producido un avance represivo sobre la población, principalmente los sectores más pobres y marginados (lo que sigue se basa en denuncias de Provea y Human Rights Watch, división Américas). Con el argumento de combatir a la delincuencia (en 2015 la tasa de homicidios oficial fue de 58 cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo, y estimaciones privadas la consideran más elevada), el Gobierno ha lanzado la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, OLP. Consiste básicamente en redadas y represión indiscriminada, con blanco muchas veces en las comunidades populares más empobrecidas. En estas operaciones han participado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales. Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en 2015 murieron 245 personas en operativos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Los funcionarios dicen que las muertes ocurrieron durante “enfrentamientos”, pero las organizaciones de derechos humanos encontraron que al menos en 20 casos no hubo tales enfrentamientos.
Además, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch.
Por otro lado, varias víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.
Distintos informes de prensa asimismo se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían opuesto resistencia.
También según testigos, las fuerzas de seguridad detienen indiscriminadamente: unas 14.000 personas fueron detenidos en esos operativos, pero menos de 100 fueron finalmente imputadas. En algunos casos examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes. Los testigos y otras fuentes también hablan de desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con “paramilitares”. Unos 1.700 colombianos de zonas fronterizas fueron deportados y al menos otras 22.000 personas habrían abandonado Venezuela por temor. En muchos casos, mientras las personas eran expulsadas, los militares se apropiaban de sus pertenencias y derribaban sus viviendas. Los organismos de derechos humanos dicen que con frecuencia las víctimas y sus familiares se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.
En conclusión, hay que acabar con ese relato fantástico del “poder popular en el socialismo siglo XXI venezolano”.
El poder militar venezolano en ascenso no es el producto de un “error” de “honestos compañeros revolucionarios confundidos”.
Por el contrario, es el producto inevitable de la lógica rentística del capitalismo burocrático estatal, ahora en descomposición cuando se acabó la bonanza de los altos precios del petróleo.
La conclusión central para los socialistas es que el “poder popular” no se construye en base a subvenciones del Estado burgués, manejado por milicos advenedizos y burócratas arribistas, en alianza con la lumpen burguesía enriquecida de la noche a la mañana.
Y no hay “táctica entrista” ni “apoyo crítico táctico” que cambie la naturaleza social de semejante entramado, y menos que desarme la fuerza de ese poder burocrático militar. Solo por la vía de la lucha de clases los explotados podrán cambiar esta situación.
Para eso, el primer paso es caracterizar a los burócratas y milicos como lo que son, y no como lo que quisiera que fueran los “marxistas nacionales” y similares.
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