A LA ARGENTINA SE LE HA PERDIDO UN SUBMARINO Y NO SABEN QUIÉN LO TIENE…, por Nechi Dorado

El submarino argentino ARA San Juan (S-42) fondeado

A partir de la desaparición del submarino de bandera argentina ARA San Juan, distintas versiones se han lanzado ante el mutismo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, léase gobierno y un séquito que parece más ocupado en aplicar ajustes que afectan al pueblo y dentro de éste a los sectores más vulnerables: jubilados, empleados, obreros, pequeñas industrias, educación, salud.

En medio del desastre que estamos viviendo –padeciendo sería más objetivo– contando con la aceptación de adeptos hasta de la clase más desposeída, suceden cosas invisibilizadas para los votantes PRO [Propuesta Republicana (n.d.r.)] y similares.

El medio informativo KontraInfo hace un minucioso análisis sobre este hecho luctuoso para muchos que deja al descubierto la ineptitud para resolver problemas de extrema sensibilidad.

Por ejemplo, en nota del periodista Daniel do Campo Spada se opina que existe la posibilidad de un ataque misilístico contra el submarino ARA San Juan, provocado “por error” (encomillado mío) por una nave gringa, en el marco de operaciones secretas en el Atlántico Sur de las que formarían parte EE.UU. y Gran Bretaña.

Por ser una misión realizada a ocultas, se reviste de un gran manto de mentira y como tal, más temprano que tarde saldrían a luz los hechos, si fuera cierto que la mentira tiene pata corta y si existiera voluntad política real como para dejar de mentir alguna vez.

Existe la versión que indicaría que Macri habría pactado con Obama en 2016 la realización de maniobras conjuntas a espaldas del Congreso Nacional, que no autorizó las mismas.

Si es así cabe preguntarse si un gobierno que actúa contra la decisión del Congreso puede enmarcarse dentro de los márgenes de la “democracia”, intuyo en esto una desprolijidad más preocupante que todo lo que viene sucediendo en la política nacional.

Como Operación Cormorán se conocieron las maniobras que dejan como saldo la probable muerte de 44 marinos de carrera, no improvisados. Digo probable porque mientras unos aseguran el trágico final de los presentes en la maniobra a espaldas del Congreso y del pueblo, otros dicen que no. Como siempre será el pueblo el último en enterarse de lo que se cocina entre gallos y madrugadas.

Sugestiva y subrepticiamente, con gran calma por otra parte, extraña la tranquilidad del espectro político y hasta del militar, dado que prestamente los EE.UU. estarían, hace unos días, en la zona de catástrofe con una celeridad impactante. Casi como si supieran que algo habría de suceder, aparecieron en escena raudamente.

Otras versiones circulantes hacen referencia a una operación de prensa que justificaría la compra de material bélico, mientras a los argentinos nos encajan unos ajustes que erizan la piel, anticipo de lo que vendrá en los próximos días, que sería una reforma laboral que podríamos enmarcar en lo obsceno. Sería bueno preguntarnos qué lobbys se beneficiarían con esa compra de pertrechos.

Según informa la agencia que no es para nada improvisada, hacia finales de octubre comenzaban las maniobras militares en las que se lanzarían hacia el área continental misiles Rapier. La pregunta es: ¿lanzaron acciones bélicas en aguas argentinas? ¿Pudiera ser que el submarino haya sido dañado sea por Gran Bretaña como por EE.UU.?

Se presupuso que no, que los misiles Rapier son tierra-aire y de corto alcance –lo que imposibilitaría la avería–, pero el submarino ARA San Juan estaba en misión secreta en aguas de exclusión y en la zona donde estaban los británicos.

El misterio de los posicionamientos impidió la comunicación con la base para evitar detectar el lugar dónde operaban, pero no se entiende qué motivó la privatización de la comunicación vía satelital con una empresa extranjera, aunque no deja de llamar la atención del mundo ya que se han movilizado las marinas de todos los países y “casualmente” permitieron que converjan en la zona mientras se realizan ejercicios militares en el lugar.

Lo extraño, entre tanta extrañez, es la falta de celeridad para intentar el rescate, así como las versiones encontradas entre los partes de la Armada y el Ministerio de Defensa, una descoordinación inexplicable en un hecho de características de extrema gravedad. Las familias no están informadas, según aseguran fuentes de noticias al minuto, de la situación que padecen o padecieron sus familiares, y esto de por sí se suma a los hechos de extrema gravedad que preocupan a un sector de la población nacional y llama la atención en el exterior.

Otro detalle no menor lo marcaría un problema en el sistema de baterías, hecho que fue negado en principio aunque luego la Marina salió a reconocer que sí lo hubo. Vaya a saber quién dice la verdad.

Entre mentiras, especulaciones, noticias que dicen y desdicen los medios que llamo (des) informativos es más que evidente que vuelven a mentir, tal su costumbre.

Se habló de un incendio en un tanque, se dijo que el submarino continuó navegando, se dijo que al haber fallas en las comunicaciones el submarino debía haber emergido pero no lo hizo.

Dimes y diretes que nos recuerdan el tratamiento infame que se ha brindado por parte de la prensa nacional respecto al asesinato del joven Santiago Maldonado, cuando hasta se especuló con afirmaciones “los motivos de su muerte”, tratando de embarrar la cancha en un caso tan espeluznante sucedido en medio de una brutal represión al Pueblo Mapuche, históricamente despojado pero nunca de su dignidad.

La desinformación preocupa demasiado, éticamente no se debería jugar con la sensibilidad de las familias de los 44 marinos que hoy nadie sabe en qué se situación real se encuentran.

GUATEMALA: ¿POR QUÉ LA MINERÍA ES CUESTIONABLE? EL CASO DE LA MINA MARLIN, por Marcelo Colussi

© Benjamin Schwab

Alzar la voz contra la industria minera tal como se está haciendo en Guatemala hoy día no es un capricho: ¡es una medida imprescindible en favor de la salud de la población y en defensa del medio ambiente!

La minería es vital para las sociedades; el desarrollo humano hace uso creciente de metales y diversos minerales. Desde la aparición del cobre hace 9,000 años hasta los elementos hoy conocidos como estratégicos (coltán, niobio, torio –futuro sustituto del petróleo–), la historia de la humanidad va de la mano de la investigación minera.

¿Qué es lo cuestionable entonces? La forma en que se hace la explotación, el descuido y desprecio de las poblaciones, la búsqueda de lucro empresarial a cualquier costo. El caso de la mina Marlin, en Guatemala, lo evidencia de modo patético.

La empresa minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp Inc., es propietaria del proyecto minero Marlin. Inició exploraciones en territorio maya-mam y maya-sipakapense en 1996 (municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos), con una licencia del Ministerio de Energía y Minas. En 2003 el Ministerio de Ambiente aprobó el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social” presentado por la empresa. Dos meses después, Energía y Minas otorgó licencia a la minera para explotar oro y plata. Ambas resoluciones carecen de validez, pues no se realizó una consulta ciudadana para consensuar el proyecto en cuestión, tal como lo estipula el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, que también es ley guatemalteca, y que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones. La mina Marlin comenzó operaciones, saltando estas regulaciones legales, en 2005.

En Sipakapa, el pueblo maya-sipakapense realizó una consulta popular en 2005, donde el 99% de la población dijo no a la actividad minera en su territorio, sabiendo de los severos daños medioambientales y sanitarios que la misma podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta, de lo que ya existe copiosa información. El resultado del plebiscito fue ignorado por el gobierno y la empresa.

La explotación minera implica la desaparición de 142 hectáreas de bosques y suelos en los primeros dos años de operaciones, y una eliminación de cobertura boscosa de 289 hectáreas al final de las actividades. La operación genera 170 barriles de desechos mensuales (una tercera parte son desechos orgánicos), con una estimación total de 23 a 27 millones de toneladas de residuos al final del proyecto.

Los desechos generarán una escombrera con 38 millones de toneladas de basura. Dicha área se extenderá en 157 hectáreas, y el depósito de lodos en 150 hectáreas, existiendo una alta probabilidad de liberación de aguas ácidas del material depositado en la escombrera en época de lluvias, así como de ocurrencia de derrames con consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para las poblaciones, el entorno y las especies acuáticas.

La empresa perfora 60 pozos de 7 metros de profundidad para detonaciones diarias. Producto de las detonaciones se han ocasionado daños en viviendas ubicadas en sus inmediaciones. Desde el inicio de operaciones, las poblaciones de las aldeas locales han padecido una creciente escasez hídrica. En la población maya-mam de San Miguel Ixtahuacán se han secado 6 pozos.

Parte de los deshechos de la mina van a parar a los ríos Cuilco y Tzalá y sus afluentes, que son las principales fuentes de agua de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen los problemas de salud. Existen altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico. Todo ello ocasiona diversas afecciones dermatológicas, gástricas, neurológicas, y en muchas ocasiones: cáncer.

Más allá de pomposas declaraciones de gobierno y empresa, la realidad es cruel. Denuncias de afectación en la salud en la población de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán por el consumo de aguas contaminadas surgieron desde casi los inicios de las operaciones de la mina. Dichas denuncias se basaban en: a) problemas de salud por trabajar en la mina; y b) problemas de salud provocados por la supuesta contaminación de las fuentes de agua, o escasez debido a la secada de los ríos. Pero dichas denuncias siempre fueron desvirtuadas por la empresa y por el Estado.

En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades del pueblo indígena maya. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación de la mina Marlin, e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión adoptara una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. Pero en 2011, contrariando la voluntad popular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente por presiones recibidas de parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado. Por lo pronto, suprimió la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud.

La mina Marlin extrae minerales a partir de 2003, pero desde 2012 solo trabaja su subsuelo. Tiempo atrás su director informó que la mina iría cerrando paulatinamente para finalizar operaciones en 2016. Sin embargo, en 2014, solicitó una prórroga y nuevo subsuelo para trabajar. Por ley, una mina en Guatemala dispone como máximo de 20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo por un lapso de 25 años. La estrategia de Montana para continuar al menos dos años más fue restar un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro kilómetro cuadrado con potencial en su subsuelo, que no forma parte de su área de explotación. La maniobra le permitió seguir operando. Y el Estado aprobó la jugarreta.

La autorización fue firmada a principios de enero de 2016; Montana fue notificada de la autorización el 11 de enero de 2016, tres días antes de que concluyera el mandato del presidente provisional Alejandro Maldonado. Un mes después, el proyecto siguió adelante bajo la presidencia del nuevo mandatario Jimmy Morales. Finalmente, por las presiones populares, la mina cerró en mayo de 2017.

A WAIT-AND-SEE CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, by Andrea Vento (GIGA – Self-organised Geography Teachers Group)

IN DUE LINGUE (Inglese, Italiano)
IN TWO LANGUAGES (English, Italian)

© World Meteorological Organization

The great hopes for a historical understanding to contain global warming, caused by the proclamations of world leaders prior to the recent UN Climate Change Conference, have evaporated.

The ‘climate’ of confidence surrounding the conference – held in Bonn from November 6 to 17, officially known as the 23rd session of the Conference of the Parties (COP23) and presided over by Fiji – soon disappeared into thin air as environmental experts looked at what had been achieved.

Criticism has centred on the failure to establish a “compliance control committee” and a “sanctioning mechanism” against countries which do not respect the commitments they have entered into.

In practice, these are legally non-binding agreements, implementation of which is linked only to the environmental sensitivity and political determination of the various governments, but which are often however heavily influenced by enormous economic interests, primarily those of the multinationals in the energy and automotive industries.

The Bonn Conference, which many believed should have accelerated action and set more stringent rules on measures to combat climate change, ended without any major decision, so that a kind “supplementary session” will take place at the Paris summit in December.

This was a partially announced failure which was confirmed by the absence of the most important world leaders (except Angela Merkel and Emmanuel Macron) and the great international media circus, which largely deserted the event.

However, despite their low profile, four decisions were worthy of note:

• approval of a Gender Action Plan (certainly appreciable, but which does not contain significant relevance for climatic problems);

• recognition of the role of “indigenous peoples” (officially considered a resource, not an obstacle) in combating climate change, conserving biodiversity and protecting the environment;

• activation of the Thematic Working Group – TWG – on Agriculture, Food Security and Land Use (after six years of evanescent negotiations, it was recognised at COP23 that climate change aggravates the food insecurity of the most fragile populations and that, at the same time, today’s “agro-industrial” agricultural practices account for about 21% of total greenhouse gas emissions, necessitating a radical rethinking of the agribusiness sector);

• sanctions for “exceeding” by local entities – regions, cities, municipalities, indigenous communities, etc. – on the official representations of States (the case of California is emblematic: despite Trump ignoring the Paris Agreement, in Bonn its governor Jerry Brown announced that he would honour the commitments made).

For all the rest we are at a complete impasse.

In real terms, no significant decisions were made regarding the following:

• a compensation mechanism for loss and damage;

• funding of compensation measures designed to induce developing countries to reduce emissions;

• transparency of the funding to be granted for implementation of mitigation and adaptation measures.

Responsibility for failure is mainly due to the national selfishness of the most industrialised countries, which, although they claim to want to move forward regardless of Trump’s positions, have distinguished themselves by their absence or “vague” declarations. Take German Chancellor Merkel, for example, who first said that “climate change is an issue determining our destiny as mankind – it will determine the wellbeing of all of us”, before carefully changing tack: “it is not easy” to meet the commitments to end coal-fired power stations due to “social and job issues”, de facto postponing the decarbonisation of energy in her country to an unspecified date.

According to Merkel, doing so now would lead to an increase in the cost of energy.

The failure of the work of the climate conference is summarised in the concluding document, which explicitly calls on UN Secretary-General António Guterres to take care that Member States actually put in practice what has been decided.

The present state of the atmosphere

While the ritual comedy of wait-and-see and inconsistency took to the stage in Germany, reports on the subject published by various research institutes were photographing an alarming evolution of both the chemical composition of the atmosphere and global weather and climate conditions.

According to the climate report issued at the beginning of November by the World Meteorological Organization (WMO), the concentration of CO2 (the main greenhouse gas) in the atmosphere has now stabilised at well over four hundred parts per million – rising, in fact, from the 400 recorded in 2015 to 403.3 at the end of the following year.

This represents a structural overrun of the safety threshold set at 350, beyond which the possibilities of reduction become extremely complex.

Indeed, even if we were able to completely eliminate pollutant emissions today, the concentration of CO2 in the atmosphere would continue to increase for a few decades – because of the inertia of the phenomenon –, making it difficult to return to under this threshold.

This particularity, typical of complex systems, has been confirmed by the annual report of the Netherlands Environmental Assessment Agency (NEAA), which shows that in 2016 – for the third consecutive year – global CO2 emissions remained unchanged, but this has not, however, served to contain the increase of concentration in the atmosphere.