GUATEMALA: LAS MAFIAS AL PODER, por Marcelo Colussi

Guatemala está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial (compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.

El manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De todos modos, el “hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”¹ alguna vez, no copió en un examen ni se “echó una canita al aire”?

Lo cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.

En esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de estructuras paramilitares non sanctas se mantuvieron.

Esas formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.² O: “Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”.³ Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.

El Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, de la ONU, constituye una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y aborrecida clase política actual.

DANDO CUENTA (AGOSTO 2017), por Hugo Blanco

El mes pasado mi principal trabajo fue la presentación de mi libro Nosotros los Indios en el sur del país: Juliaca, Puno, Ayaviri, Cusco y Abancay.

Agradezco principalmente la amabilidad del Programa Democracia y Transformación Global, dirigido por el compañero Raphael Hoetmer, por su programación, sus contactos y su gentileza al prestarme los libros.

En Puno me hospedó por muchos días una amable compañera.

En ese departamento me emocionó el recordar la vez anterior en que residí por largo tiempo en el local de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, cuando siendo Secretario de Organización de la Confederación Campesina del Perú (CCP), a solicitud mía me destacaron a ese departamento a colaborar en la lucha llevada por el campesinado comunero para reformar la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, quien había juntado varias haciendas para formar gigantescas cooperativas que no eran tales, sino organismos en que el campesinado debía trabajar para los burócratas (Presidente, Gerente, etc.). El campesinado comunero recuperó 1 millón 250 mil hectáreas para las comunidades. La lucha era contra el gobierno de Alan García, contra “Rumimaqui”, la rama puneña de la Confederación Nacional Agraria que defendía la política de Velasco, y contra Sendero Luminoso, que nos acusaba de “engañar al campesinado diciendo que había otra forma de lucha que no era la lucha armada”. Sendero asesinó a Zenobio Warsaya, quien había sido elegido como alcalde por sus compañeros indígenas. Uno de los líderes de la recuperación de tierras en la zona norte fue Porfirio Suni: fue encarcelado por el ejército acusándolo de senderista y logramos su libertad con una campaña nacional e internacional; cuando la conseguimos, Sendero lo asesinó.

Me informan que desgraciadamente hubo retrocesos en la recuperación de tierras por las comunidades.

Antes de la guerra interna entre los gobiernos y Sendero la CCP era fuerte y tenía bases en una gran parte del país. Durante la guerra interna los gobiernos asesinaron a muchos dirigentes campesinos acusándolos de senderistas, y Sendero los asesinaba acusándolos de apoyar a los gobiernos. Eso debilitó a la CCP, que ahora tiene muy pocas bases que funcionan; me alegró saber que la Federación Departamental de Campesinos de Puno es una de ellas, cuyo Secretario General es el combativo ayavireño Justo Huallpa.

En Puno tuve la grata compañía de la dirigente indígena Nasa Vilma Almendra, a quien admiro mucho.

En Cusco fue breve mi intervención: señalé la diferencia entre las luchas de antes, en que luchamos por la tierra que estuvo en manos de los gamonales y que en La Convención conseguimos que pasara a manos de quienes las trabajaban sin pagarles ni un centavo ni dejarles un metro cuadrado. Nos costó muertos y prisiones, pidieron la pena de muerte para mí dos veces; pero logramos aplastar al latifundio de tipo feudal traído por los invasores europeos. Luego la reforma agraria fue continuada por Velasco a su manera, pagando a los latifundistas en efectivo y en bonos.

Ahora la lucha es por el agua y por la vida, debido a la voracidad de ganancia de las empresas transnacionales que atacan a la naturaleza con la minería a cielo abierto, la agro-industria y la extracción de petróleo.

En Abancay fue la mejor presentación, preparada por la sección apurimeña de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Tuvo un carácter muy indígena.

Se inició con un ritual indígena. Proyectaron parte de una intervención mía y un video sobre Mamá Angélica, que acababa de fallecer en el departamento vecino de Ayacucho. Hablaron compañeras y compañeros exponiendo partes del libro. Pude explicar las expresiones quechuas de que carece el castellano, como los dos plurales de primera persona, uno que incluye al interlocutor y otro que lo excluye.

GUATEMALA: ¿CÓMO HACER PARA IR MÁS ALLÁ DE LAS VUVUZELAS?, por Marcelo Colussi

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG © Wilder López

Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015.

En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país, la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en la calle, pero solo con vuvuzelas y entonando el himno nacional. Eso era necesario para poder implementar ese “golpe suave” en que consistió la maniobra que posibilitó sacar de la casa de gobierno al entonces binomio presidencial: Pérez Molina y Baldetti. Hoy día el escenario es otro.

La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas. Una crisis palaciega donde, una vez más, la población de a pie queda al margen. O, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen.

¿Por qué se da la crisis? Obviamente no es solo una cuestión visceral de un presidente que se siente acorralado por posibles juicios que se le avecinan; eso puede contar, pero en todo caso es un elemento más que evidencia las preocupaciones que sienten ciertos sectores, a los que representa el primer mandatario, que son su base de apoyo. Jimmy Morales, cuya figura fuera usada dos años atrás para salir de la crisis política que se había creado jugando el papel de “no corrupto”, tiene como grupo de apoyo (en su partido FCN-Nación) sectores de ultra-derecha ligados a la represión durante la guerra, quienes presentan nexos con negocios no muy santos. De ahí que ahora salen a relucir financiamientos turbios durante su campaña presidencial, donde la narcoactividad es protagonista.

La misión de la CICIG,¹ financiada y direccionada por Washington, es la persecución de hechos de corrupción. Pero ahí hay agenda oculta: se persiguen funcionarios de gobierno corruptos (la Línea 1), pero nunca se tocan –ni pareciera que se vayan a tocar en el futuro– a los verdaderos beneficiados de la corrupción: la “Línea 2” (empresariado que se sigue manejando en la más completa impunidad, no tributando impuestos, pagando salarios por debajo de lo fijado por ley –los cuales ya son de miseria–, desviando ríos y contaminando irresponsablemente el medio ambiente, entre otras preciosidades). La CICIG, como parte del proyecto de hipercontrol que desarrolla el gobierno de Estados Unidos con los países de Centroamérica, choca así con ciertos grupos de poder que se han venido formando en décadas a la sombra del Estado contrainsurgente, y que siguen actuando aún con mucha impunidad.

La crisis actual habla de ese enfrentamiento. Esa confrontación llevó al presidente a pedir la salida del comisionado Iván Velásquez. La dinámica se dio de tal manera que todo pareció reducirse a la dicotomía si Velásquez se va o se queda. O si Jimmy se va o se queda. La cuestión es más compleja.

Ante esa dinámica, y reeditando lo sucedido en el 2015, alguna población volvió a salir a la calle (mucho menos que dos años atrás) pidiendo la renuncia del mandatario. Pero ahora el plan estadounidense no parece ser sacar de en medio al presidente (como lo fue con Pérez Molina). A partir de cierta gimnasia participativa que comenzó a darse desde aquellas manifestaciones, más de alguno sintió que nuevamente la gente en la calle podía decidir los destinos del país.

VENEZUELA: UNA MANO PARA CONSTRUIR LA REPÚBLICA DE NOSOTROS, por Ruptura/Utopía Tercer Camino

Gentes de Venezuela, de América Latina y el mundo; gentes de abajo hasta ahora militantes de partidos políticos (cual sea su signo ideológico); gentes de Dios (cualquiera sea su idea de Dios); jóvenes estudiantes defensores de la libertad en las calles; trabajadores del Comité de Huelga y demás sindicatos clasistas; campesinos sin tierra y demás abandonados por los programas asistenciales del gobierno; pueblos y naciones indígenas todas; gentes humildes y simples, pero con el absoluto poder de su humanidad; hermanos y hermanas todas:

Luego de más de cien (100) días de protestas en las calles en lo que, ciertamente, es posible catalogar como un levantamiento nacional de la muchedumbre en Venezuela pues, hasta en el más apartado de los pueblos, gentes sin otra arma más que su rabia, su miseria y su hambre salieron a levantar barricadas y a enfrentar, desarmados, al Ejército del Cartel de los Soles dirigido por Maduro y Diosdado Cabello; luego de un total de 120 jóvenes entre los 16 y los 22 años asesinados a mansalva, más de un millar de presos e incontables heridos; en fin, luego de más de cien días de batalla en la que, no con votos sino con la acción directa en las calles, toda una nación se dispuso a demostrarle al Estado-gobierno que no está dispuesta a aceptar su esclavitud; pero también, a los factores de oposición de los partidos políticos tradicionales, quienes, en una especie de acuerdo tácito con el gobierno, mantienen la tensión de una polarización de fuerzas utilizando la rebelión de la muchedumbre en función de sus pequeñas aspiraciones electorales.

Al mismo tiempo la crisis económica, expresada en una incontenible inflación y desabastecimiento, ha conducido al pueblo a niveles de pobreza y hambre jamás vividos en nuestra historia; esto, luego de haber dilapidado la mayor cantidad de ingresos jamás recibidos por el Estado venezolano y en un proceso de corrupción generalizada y ejecutado con el más descarado desparpajo.

Así, acorralado por la falta de liquidez con que sustentar su continuidad en el poder y en una grosera entrega de nuestra soberanía, el gobierno de Maduro, mediante un proyecto extractivista que condena a la desaparición a no menos de ocho pueblos indígenas, ha entregado al desafuero de transnacionales mineras rusas y chinas la explotación abierta del llamado Arco Minero del Orinoco, correspondiente al territorio nunca demarcado en flagrante incumplimiento del mandato constitucional de la vigente Constitución de 1999. De hecho, los últimos acontecimientos ocurridos en una prisión del estado venezolano de Amazonas, en el que fuerzas militares dieron muerte a 37 presos, previamente maniatados y de rodillas, forman parte de la política de terrorismo de Estado aplicada por el gobierno en función de someter la rebeldía de las muchedumbres, los más pobres que hoy comen de la basura, y esto no es exageración, es la exacta situación a la que la población más pobre ha sido conducida por quienes nos mandotean.

Hoy, cuando los factores de poder en el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática se felicitan por el adelanto de elecciones a gobernadores y alcaldes, creemos que es el tiempo de la unidad verdadera de los excluidos, es decir, de todos los que en verdad aspiran a reconstruir un otro país; por ello, a pesar de la “supuesta” victoria de la mafia que nos gobierna y cree haber alcanzado su insano propósito, nosotros estamos convencidos que nos encontramos en el mejor de los momentos para impulsar la construcción de la república de Nosotros, o sea, la de los engañados, los envilecidos por décadas mediante programas sociales y las llamadas políticas públicas, planificadas y ejecutadas para detener la insurgencia de nuestros pueblos y comunidades en contra de los colonialistas de siempre.