BILINGUE: ESPAÑOL - ENGLISH
por Samuel Farber - 6 de Febrero 2023
[La que sigue es la parte dedicada a Cuba de un artículo mas extenso, escrito por nuestro amigo cubano Samuel Farber y publicado en La Joven Cuba (revista cubana de la oposición de izquierda) el 6 de Febrero de 2023 (r.m.)]
La situación que atraviesa Cuba es sumamente difícil, y sería atrevido, y hasta imprudente, predecir su futuro. Lo que sí se hace posible, es analizar las maneras en que puede evolucionar si nos basamos en una serie de indicios que sugieren dónde estamos parados y hacia qué rumbo posiblemente vamos, para poder desarrollar una perspectiva y acción políticas más certeras y efectivas
[…]
En Cuba el liderazgo político parece estar inclinado, pero a un grado muy limitado, a adoptar aspectos del modelo sino-vietnamita. Tanto la vieja guardia de los líderes históricos —cuyos exponentes máximos ya se encuentran en su décima década de vida—, como la nueva guardia nacida tras 1959, se han mostrado renuentes a las reformas económicas que reducirían el poder económico del estado.
Esto lo demuestran las concesiones hechas a regañadientes a cuentapropistas urbanos y usufructuarios rurales; concesiones que han sido menos generosas que las aprobadas en Vietnam y China a esos mismos sectores. Aun así —quizás debido a presiones generadas por las repetidas crisis económicas desde el colapso del bloque soviético—, el gobierno cubano adoptó en el año 2021 medidas como la legalización de pequeñas y medianas empresas privadas (PYMES), que pueden emplear hasta cien trabajadores y potencialmente abren la economía a la empresa capitalista a grados sin precedentes.
Si bien los líderes cubanos son herederos de una revolución autóctona que en gran parte les ha permitido sobrevivir en el poder por muchas décadas, su renuencia a adoptar reformas económicas refleja el temor a perder el inmenso control económico y político que poseen bajo el sistema unipartidista, notablemente policíaco y carcelario, con cientos de presos políticos, que incluye a los muchos sentenciados por las protestas del 11-12 de julio de 2021.
Al mismo tiempo el gobierno tiene razón —desde su punto de vista—, para temerle al poder político y económico del creciente número de cubanos en el sur de la Florida. En lo que constituye una importante contradicción del régimen, ese mismo gobierno ha estimulado la emigración, dado su evidente acuerdo con Nicaragua para que los cubanos puedan entrar libremente en ese país.
A su vez, depende en grado apreciable de la emigración para reducir, por un lado, la presión que tiene encima por la crisis económica, y por otro, se beneficia por la entrada de dólares enviados por los emigrados a sus familias, usados no solamente para sostener un gran número de cubanos, sino también para renovar residencias en mal estado y aun para crear pequeñas empresas en Cuba.
Vale notar en este contexto la diferencia entre Cuba y China. En el caso del país asiático, el gobierno ha podido contar con el apoyo político y económico de sectores amplios de sus emigrados, especialmente en el sureste asiático (entre otros: Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas). En los países mencionados, el gobierno chino en varias ocasiones actuó como protector de sus minorías (que incluían a comerciantes e industriales) contra las agresiones de mayorías étnicas que resentían el poder económico de personas de origen chino. Hay que señalar que muchos capitalistas emigrados chinos han invertido cuantiosas sumas en su país de origen.
Otro factor que ha afectado la política económica del régimen cubano, sobre todo bajo Raúl Castro, es el temor a que la introducción de cambios mayores en la economía provoque escisiones en la cúpula gobernante, tanto por razones ideológicas y políticas como por haberle pisado el callo a intereses creados dentro de las esferas gubernamentales.
Los líderes han tomado en serio las consecuencias de las divisiones que hundieron a los amigos del gobierno cubano, como el golpe de estado contra el argelino Ben Bella en 1965; el derrocamiento del gobierno de Granada en 1983 (con el asesinato de su principal dirigente, Maurice Bishop); lo mismo que las divisiones que dañaron a varios movimientos de guerrilla en América Latina, por ejemplo, en Guatemala.
Quizás aún más importante en términos geopolíticos fue el conflicto que tuvo lugar en Angola en 1977, entre el liderazgo oficial del MPLA y la facción disidente dentro de ese partido, encabezada por el líder Nito Alves en 1977. El gobierno cubano intervino, tanto política como militarmente, para apoyar a su aliado contra Alves, poniendo en duda su supuesto compromiso de no intervenir en los asuntos internos de Angola y del MPLA.
Sea en el caso de Argelia, Angola, Granada, o Guatemala, el gobierno cubano ha confrontado este tipo de divisiones varias veces y seguirá haciendo todo lo posible para evitar tal peligro en Cuba, lo que incluye medidas represivas de todo tipo que refuerzan el carácter monolítico del sistema.
De hecho, las facciones que dividieron a países y movimientos cercanos al gobierno cubano reforzaron la alergia de Fidel Castro a lo que siempre consideró, aún antes de tomar el poder, faccionalismos divisionistas, lo cual constituye un obstáculo muy serio a la democratización. En su definición clásica de una situación revolucionaria, V.I. Lenin señaló que una de sus características es la división dentro de la clase gobernante; precisamente el tipo de división que se ha evitado a toda costa en Cuba.
A la luz de estas dificultades, actuales y potenciales, no es de sorprender que, en términos generales, el gobierno prefiera abrirse al capitalismo internacional a través de GAESA, la gigante empresa de negocios originada en las fuerzas armadas, en vez de dejar paso abierto a un sector de la empresa privada no controlada directamente por el régimen. Aun así, como vimos anteriormente, las presiones creadas por las repetidas crisis han forzado al gobierno a permitir la apertura de medianas empresas capitalistas, incluidas en la categoría de PYMES.
No obstante, el hecho de que ocurra un cambio económico a favor del sector no estatal de la economía no necesariamente implica una democratización del país. Eso no quiere decir que los gobernantes cubanos no estarían dispuestos, bajo ciertas circunstancias, a simular la introducción de reformas democráticas, como ha hecho Vladimir Putin en la Federación Rusa con su desacreditada pseudodemocracia electoral.
En el caso cubano, tal pretensión pudiera ser necesaria para tratar, probablemente de manera infructuosa, que el Congreso estadounidense derogue la Ley Helms-Burton, que establece la indispensabilidad de «elecciones libres» para que cese el bloqueo. Siguiendo el ejemplo de China, el Partido Comunista Cubano (PCC) mantendría su monopolio para presidir y controlar cualquier proceso de cambio desde arriba. O sea, que ni siquiera podemos esperar que dicho sistema introduzca el tan anhelado «estado de derecho en Cuba».
El hecho de que un partido único siga dictando «orientaciones» a la gran mayoría de instituciones cubanas, es incompatible con un estado de derecho. En la ausencia de una verdadera democratización, ¿sería posible lograr que el sistema judicial, la policía, las fuerzas armadas, y el mismo Ministerio del Interior estuvieran exentos de recibir «orientaciones» del partido único? Por supuesto, la imposibilidad de dicha meta no quiere decir que no debamos seguir demandando, como mínimo, que sean las leyes democráticamente adoptadas e implementadas, más un poder judicial independiente del régimen, que rijan en el país, y no la arbitrariedad y el poder sin límites de los líderes del PCC.
ENGLISH
The future of Cuba. Alternatives
by Samuel Farber – February 6, 2023
[This article is a translation from its Spanish language original version published in La Joven Cuba, the principal critical left-wing blog in the island, on February 6, 2023 (by New Politics).]
Cuba is going through such a difficult situation that it would be foolhardy and even imprudent to predict its future. Nevertheless, it is possible to analyze the various ways in which it might evolve by basing ourselves on a series of indicators that can help us understand where things stand and in what direction they may possibly be moving, which would allow us to formulate a clearer and effective program for political action.
[…]
In Cuba, the political leadership seems to be inclined, although to a very limited degree, to adopt aspects of the Sino-Vietnamese model. The old guard of historic leaders—whose highest representatives are already in their nineties—as well as the new guard born after 1959 have been reluctant to adopt the economic reforms that would limit the economic power of the state. That explains the concessions they grudgingly made to the urban self-employed and to the people with usufruct rights to the land in rural areas. Nevertheless, perhaps as a result of the pressures generated by the repeated economic crises since the collapse of the Soviet Bloc, the Cuban government adopted in 2021 measures such as the legalization of small and medium private enterprises (PYMES) that can legally employ up to 100 workers, that potentially opens the island’s economy to capitalist enterprise to an unprecedented degree.
Even though the Cuban leaders are the inheritors of a home-grown revolution that to a great extent has allowed them to survive in power for many decades, their reluctance to adopt economic reforms reflect their fear of losing the immense economic and political control that they possess under the markedly repressive one-party state system with well over 500 political prisoners, including the hundreds of people sentenced to prison as a result of the protests of July 11, 2021.
At the same time, the government is right—from its point of view—to fear the economic and political power of the growing number of Cubans in southern Florida. In what constitutes an important contradiction of the regime, the Cuban government has been paradoxically spurring on that emigration, as shown by its evident agreement with Nicaragua to allow Cubans free entry into that country (from which they can undertake a long, expensive, and often dangerous journey to the US border). This is due to the substantial dependence of the Cuban government on emigration as a means of reducing the pressures it faces because of the economic crisis, and also as the source of the benefits it derives from the dollar remittances sent by the Cuban emigres to their families, which are used not only to support a great number of Cubans, but also to renovate dwellings in poor condition, and even to start small enterprises in the island.
In that context it is worth highlighting how differently Cuba and China have related to their respective emigrant populations. Beijing has been able to count on the political and economic support of large sectors of its emigres, especially in southeast Asia (Indonesia, Vietnam, Malaya, and the Philippines, among other countries in that region). In these countries, the Chinese government has acted as protector of the Chinese immigrant minorities living there—merchants and industrialists included—against the aggressions of the ethnic majorities of those countries, who resent the economic power of the immigrants of Chinese origin and their descendants. It should also be noted that many rich Chinese emigres have invested large sums of money in their country of origin.
Another factor that has affected Cuban economic policies, especially under Raúl Castro, is the fear that the introduction of major economic changes may provoke schisms inside the ruling class, be it for ideological and political reasons or for stepping on the toes of vested interests within the top echelons of the regime. Cuba’s leaders take very seriously the lesson they learned regarding the consequences of the divisions that sunk their political friends abroad, like the coup d’etat against the Algerian leader Ben Bella in 1965; the overthrow of the Grenadian government in 1983 (with the murder of its principal leader, Maurice Bishop); and the discord that plagued various guerrilla movements in Latin America, like in Guatemala. Cuba’s concern about the dangers of internal divisions was great enough in the case of Angola that in 1977 it violated its commitment not to intervene in the country’s internal affairs in order to politically and militarily support the official leadership of the ruling MPLA against a dissident faction headed by Nito Alves.
Be it in the case of Algeria, Angola, Grenada, or Guatemala, the Cuban government has confronted these types of divisions on various occasions and will do everything possible to avoid that danger in Cuba, including resorting to all kinds of repressive measures to reinforce the monolithic character of the ruling system. In fact, the factional disputes that divided movements in countries friendly to the Cuban regime reinforced Fidel Castro’s allergy to anything he considered, even before taking power, as divisionism and factionalism, a position that has been a very serious obstacle to democratization. In his classic definition of a revolutionary situation, V. I. Lenin pointed at the divisions within the ruling class as one of its main traits. That is precisely the type of division that the Cuban leadership has been avoiding by every possible means.
Considering all these existing and potential difficulties, it is not surprising that, in general terms, the Cuban government would prefer to open the island to international capitalism through GAESA—the Armed Forces’ giant business enterprise—instead of opening the door to private enterprise not directly controlled by the regime. Although, as previously mentioned, the pressures created by repeated crises have forced the government to allow the opening of medium-size capitalist enterprises included in the PYMES category.
Yet, the adoption of policies that favor the non-state sector of the economy does not necessarily imply that the political system is being democratized. This does not mean that the Cuban rulers would not move, under certain circumstances, to simulate the introduction of democratic reforms, like Vladimir Putin has done with his discredited electoral pseudo democratic reforms in the Russian Federation. In the Cuban case, such a pretense could be necessary to try, probably unsuccessfully, to get the U.S. Congress to abolish the Helms-Burton Act, which stipulates the indispensability of “free elections” to bring the U.S. economic blockade to an end.
But whether the government would simulate a non-existing democratization or not, it would in fact follow the example of a country like China. That means that the Cuban Communist Party (PCC) would maintain its political monopoly to preside over and control from above any process of change. This means that we cannot even hope for such a system to introduce the much-desired rule of law in Cuba. The fact that the ruling PCC—the only legal party—continues to dictate its “orientations” to the great majority of Cuban institutions is incompatible with the rule of law. In the absence of a real democratization, it is inconceivable that the judicial system, the police, the armed forces, and even the Interior Ministry would be exempt from obeying the “orientations” of the one political party in power. That does not mean, however, that we should stop demanding that our country be governed by a system of laws democratically adopted and an independent judiciary, rather than follow the dictates of the ruling party.
Samuel Farber was born and raised in Cuba and has written numerous books and articles dealing with that country. He has also written about U.S. politics, the Russian Revolution, and other topics. He is a retired professor from CUNY (City University of New York) and resides in that city.