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| © Benjamin Schwab |
Alzar la voz contra la industria minera tal como se está haciendo en Guatemala hoy día no es un capricho: ¡es una medida imprescindible en favor de la salud de la población y en defensa del medio ambiente!
La minería es vital para las sociedades; el desarrollo humano hace uso creciente de metales y diversos minerales. Desde la aparición del cobre hace 9,000 años hasta los elementos hoy conocidos como estratégicos (coltán, niobio, torio –futuro sustituto del petróleo–), la historia de la humanidad va de la mano de la investigación minera.
¿Qué es lo cuestionable entonces? La forma en que se hace la explotación, el descuido y desprecio de las poblaciones, la búsqueda de lucro empresarial a cualquier costo. El caso de la mina Marlin, en Guatemala, lo evidencia de modo patético.
La empresa minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp Inc., es propietaria del proyecto minero Marlin. Inició exploraciones en territorio maya-mam y maya-sipakapense en 1996 (municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos), con una licencia del Ministerio de Energía y Minas. En 2003 el Ministerio de Ambiente aprobó el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social” presentado por la empresa. Dos meses después, Energía y Minas otorgó licencia a la minera para explotar oro y plata. Ambas resoluciones carecen de validez, pues no se realizó una consulta ciudadana para consensuar el proyecto en cuestión, tal como lo estipula el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, que también es ley guatemalteca, y que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones. La mina Marlin comenzó operaciones, saltando estas regulaciones legales, en 2005.
En Sipakapa, el pueblo maya-sipakapense realizó una consulta popular en 2005, donde el 99% de la población dijo no a la actividad minera en su territorio, sabiendo de los severos daños medioambientales y sanitarios que la misma podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta, de lo que ya existe copiosa información. El resultado del plebiscito fue ignorado por el gobierno y la empresa.
La explotación minera implica la desaparición de 142 hectáreas de bosques y suelos en los primeros dos años de operaciones, y una eliminación de cobertura boscosa de 289 hectáreas al final de las actividades. La operación genera 170 barriles de desechos mensuales (una tercera parte son desechos orgánicos), con una estimación total de 23 a 27 millones de toneladas de residuos al final del proyecto.
Los desechos generarán una escombrera con 38 millones de toneladas de basura. Dicha área se extenderá en 157 hectáreas, y el depósito de lodos en 150 hectáreas, existiendo una alta probabilidad de liberación de aguas ácidas del material depositado en la escombrera en época de lluvias, así como de ocurrencia de derrames con consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para las poblaciones, el entorno y las especies acuáticas.
La empresa perfora 60 pozos de 7 metros de profundidad para detonaciones diarias. Producto de las detonaciones se han ocasionado daños en viviendas ubicadas en sus inmediaciones. Desde el inicio de operaciones, las poblaciones de las aldeas locales han padecido una creciente escasez hídrica. En la población maya-mam de San Miguel Ixtahuacán se han secado 6 pozos.
Parte de los deshechos de la mina van a parar a los ríos Cuilco y Tzalá y sus afluentes, que son las principales fuentes de agua de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen los problemas de salud. Existen altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico. Todo ello ocasiona diversas afecciones dermatológicas, gástricas, neurológicas, y en muchas ocasiones: cáncer.
Más allá de pomposas declaraciones de gobierno y empresa, la realidad es cruel. Denuncias de afectación en la salud en la población de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán por el consumo de aguas contaminadas surgieron desde casi los inicios de las operaciones de la mina. Dichas denuncias se basaban en: a) problemas de salud por trabajar en la mina; y b) problemas de salud provocados por la supuesta contaminación de las fuentes de agua, o escasez debido a la secada de los ríos. Pero dichas denuncias siempre fueron desvirtuadas por la empresa y por el Estado.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades del pueblo indígena maya. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación de la mina Marlin, e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión adoptara una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. Pero en 2011, contrariando la voluntad popular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente por presiones recibidas de parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado. Por lo pronto, suprimió la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud.
La mina Marlin extrae minerales a partir de 2003, pero desde 2012 solo trabaja su subsuelo. Tiempo atrás su director informó que la mina iría cerrando paulatinamente para finalizar operaciones en 2016. Sin embargo, en 2014, solicitó una prórroga y nuevo subsuelo para trabajar. Por ley, una mina en Guatemala dispone como máximo de 20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo por un lapso de 25 años. La estrategia de Montana para continuar al menos dos años más fue restar un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro kilómetro cuadrado con potencial en su subsuelo, que no forma parte de su área de explotación. La maniobra le permitió seguir operando. Y el Estado aprobó la jugarreta.
La autorización fue firmada a principios de enero de 2016; Montana fue notificada de la autorización el 11 de enero de 2016, tres días antes de que concluyera el mandato del presidente provisional Alejandro Maldonado. Un mes después, el proyecto siguió adelante bajo la presidencia del nuevo mandatario Jimmy Morales. Finalmente, por las presiones populares, la mina cerró en mayo de 2017.
Durante más de 11 años de operación ganó Q. 32 millones (más de 4 millones de dólares), mientras que el Estado recibió como regalías Q. 705.29 millones (unos 96 millones de dólares). Aunque cesaron las operaciones, los trabajos de recuperación ambiental y desmantelamiento de la infraestructura se extenderán hasta el 2020. Son necesarios: tratamiento de agua a largo plazo, recuperación de la roca estéril, reforestación, control de erosión y remoción de instalaciones, equipo y desechos de la mina. Sin embargo no hay un plan real de recuperación por parte de la empresa. La misma pagó una fianza de Q. 8 millones para cubrir la recuperación del área, aunque según cálculos de expertos se necesitarían Q. 389 millones (casi 53 millones de dólares).
La mina se va, las dádivas que deja de regalía son absurdas, y quedan las enfermedades y la deforestación. Como dijera Atahualpa Yupanqui: “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. ¿Hasta cuándo?
Material aparecido originalmente en la revista digital de Guatemala Plaza Pública, 30 de octubre de 2017.
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