En Guatemala históricamente la gran masa de la población vive mal, muy mal. El 53% está por debajo de la línea de pobreza. A eso se le suma una cantidad de problemas igualmente complejos que hacen de la vida cotidiana casi un suplicio: racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, impunidad.
Terminó una guerra interna de 36 años y nada ha cambiado. Los problemas mencionados siguen intactos. El retorno de esta precaria democracia hace ya casi 30 años, después de haber despertado algunas esperanzas, se muestra hoy día como otro fiasco más. Se suceden las elecciones cada cuatro años, y todo sigue igual. ¡O peor!
Las esperanzas que se podían tener algunos años atrás, terminada la larga guerra con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya se han disipado. Hoy la situación general del país es una olla de presión lista para estallar en cualquier momento. Sucede, sin embargo, que no hay dirección para tanto malestar. Las fuerzas de la izquierda están diezmadas, fragmentadas, y la protesta popular es básicamente reactiva (las movilizaciones contra las industrias mineras y energéticas en lo fundamental). De todos modos, si bien no hay organización política que pueda direccionar tanto malestar, a la clase dirigente le preocupa ese mar de fondo, por cierto muy turbulento.
Históricamente los “dueños” del país han sido unas cuantas grandes familias oligárquicas –en algunos casos herederas de blasones de la época colonial– y la omnipotente “embajada” (la embassy de los Estados Unidos, se entiende), tomadora de las decisiones finales en muchos casos. A ello se les ha acercado en estos últimos años una nueva burguesía advenediza surgida del Estado contrainsurgente de la guerra interna, y que sigue enquistada en estructuras estatales, como la recientemente descubierta en la SAT –Superintendencia de Administración Tributaria, a cargo de una enorme y multimillonaria red de evasión fiscal–. Manejando negocios no muy santos (narcoeconomía, crimen organizado, contrabando), estos sectores emergentes ya tienen un peso económico nada desdeñable. Se calcula que no menos de un 10% del PBI está dado por esta economía “caliente”.
El hecho de detentar ese no pequeño poderío económico y manejar los hilos del aparato de Estado, pone a este sector de “nuevos ricos” en una situación de competencia con la oligarquía tradicional. Sin dudas, como clase social, todos comparten la misma intención: lucrar. Mucho del dinero “mal habido” se lava en los circuitos “honorables” de la economía oficial. Y ahí tenemos una increíble profusión de centros comerciales y edificios de lujo que reciclan esos capitales mafiosos. En definitiva: ¿hay algún capital que no lo sea? Trabajando honradamente ¿alguien consiguió hacerse millonario alguna vez?
Lo cierto es que, aunque pueda haber beneficios mutuos, también hay choques. Eso es lo que está sucediendo ahora. Esta nueva clase de enriquecidos a la sombra del Estado contrainsurgente –lo de la SAT es el modelo por excelencia– muestra que la corrupción es endémica al sistema. No sólo los ahora detenidos son corruptos: también las “honorables” empresas que estafan al fisco. Una vez más: trabajando honradamente ¿alguien consiguió hacerse millonario alguna vez?
Pero hoy día la corrupción tocó niveles que podrían hacer estallar esa olla a presión. Invitar a comer «mojarras del lago “reciclado”»1 (entre otros tantos excesos, similares a ostentosas mansiones o caballos de carrera) es una irritante provocación altanera que invita a desencadenar el temido estallido. De ahí que los históricos factores de poder (CACIF –la unión de todas las cámaras empresariales– y embajada), nada tontos, entrevieron el peligro en ciernes. La respuesta inmediata: lucha frontal contra la corrupción y obligada permanencia de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano de Naciones Unidas).
Sin dudas que la lucha contra esa abominable lacra que es la corrupción es una buena noticia. Pero ¡cuidado!: la situación estructural del país no va a cambiar sólo encarcelando a algún “corrupto” (como esos mismos factores de poder ya hicieron, por ejemplo, con el otrora presidente Alfonso Portillo –que lejos de ser un socialista, con un planteo populista osó querer cobrarles impuestos a estos empresarios históricos–).
Bienvenida la concentración anti-corrupción del pasado 25 de abril, con 30.000 personas movilizadas, pero eso debería ser sólo el inicio de un proceso de transformación. ¿Por qué la mansión de la vicepresidente Roxana Baldetti es “corrupta” y la de los herederos de los encomenderos no?
Material aparecido originalmente en la revista digital de Guatemala Plaza Pública, 4 de mayo de 2015.
1 Expresión que usara la vicepresidente Roxana Baldetti en respuesta a una denuncia hecha a través de la prensa consistente en una multimillonaria estafa, donde se pretendía “limpiar” el contaminado lago de Amatitlán con una supuesta fórmula química (por cierto inexistente) de una misteriosa empresa israelí.
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