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El pasado 29 de abril el Congreso del Perú publicó la Ley de Reconstrucción con Cambios (RCC), una iniciativa personal del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La ley 30556 abre la puerta a casos masivos de corrupción en nombre de la reconstrucción del país. Empresas españolas como Ferrovial, Repsol, Sacyr, Telefónica utilizarán el desastre como negocio. El Plan de reconstrucción del gobierno –avalado por sectores defensores de la privatización de los recursos públicos– pierde la oportunidad de hacer las cosas distintas: prima el enfoque de negocios para privatizar aprovechando la devaluación de tierras.
El fenómeno de “El Niño costero”, que recalentó el mar del Perú y de Ecuador y generó fuertes lluvias, deja desde diciembre 113 muertos, 42 heridos, 18 desaparecidos, más de un millón de afectados y cerca de 180.000 personas sin techo, según informes oficiales. La crisis meteorológica afectó a 20 departamentos de los 25 que tiene el país, especialmente los de la costa norte, y dañó más de 250.000 viviendas y cerca de 5.800 kilómetros de carretera. La reconstrucción costará 6.400 millones de dólares.
Las cifras son un caramelo goloso para las grandes empresas y no sólo las ligadas a la construcción y sector inmobiliario, sino para los bancos, seguros y fondos privados de pensiones entre otras.
El pasado 18 de abril, PPK explicó que el proceso de reconstrucción brindará incentivos a la empresa privada para que participe activamente.
Para conseguir su objetivo, PPK pactó con el grupo parlamentario Fuerza Popular (FP), representante de las peores prácticas mafiosas, corruptas y heredera de la dictadura fujimorista. La consecuencia ha sido el nombramiento de Pablo de la Flor como Director Ejecutivo de la Autoridad para la RCC. De la Flor fue ministro de Turismo con Fujimori. También estuvo ligado al Banco de Crédito de Perú, propiedad del poderoso banquero Dionisio Romero, uno de los magnates peruanos, la primera institución financiera del país, que estuvo implicado –junto a Montesinos, asesor de Fujimori– en dos denuncias por presuntos delitos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, así como por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.
UN EX FUJIMORISTA GESTIONARÁ LOS DINEROS
Pablo de la Flor, que gestionará “líneas de crédito contingentes” hasta por 3.700 millones de dólares, según le permite la ley aprobada por los fujimoristas y PPK, fue vice presidente de la empresa minera Antamina –controlada por las firmas BHP Billiton Ltd y Glencore Xstrata– en el departamento de Áncash. Comuneros de Cajacay denunciaron a la minera porque la población tenía en la sangre niveles altos de cobre, plomo y arsénico. La empresa del actual directivo nombrado por PPK fue también denunciada por un derrame compuesto de 30 minerales que ocasionó más de 300 personas afectadas, entre ellas seis niños. En el 2014 los trabajadores protagonizaron una huelga indefinida exigiendo sus derechos laborales. Antamina es uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo. En el curriculum de Pablo de la Flor se dice que dirigió el equipo negociador del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y es –o a sido– economista del First National Bank of Chicago. Por su trayectoria, sus preferencias están bastante claras.
Según periodistas que han seguido de cerca el trámite parlamentario de la ley 30556, lo que se ha aprobado es “gravísimo: se ha entregado toda la reconstrucción a manos privadas y, como verás, casi sin control para que hagan lo que les venga en gana e incluso con la posibilidad de quedarse con tierras y amenazando tierras de campesinos y pueblos indígenas. ¡Lo más brutal imaginable!”.
Efectivamente. Para el congresista del Frente Amplio (FA) Marco Arana, la Ley de Reconstrucción con Cambios (LRCC) permite que se robe el dinero público que debía de haber servido a la prevención de desastres. “Es una respuesta sin reordenamiento territorial, sin planificación. No se garantiza que las obras terminen bien ni tampoco se garantiza que el dinero que se invierta no vaya a parar a manos de ladrones. Se introduce una nueva fórmula: obras por terrenos, con lo cual las riberas de los ríos con alto valor ecosistémico y paisajístico pueden acabar en manos de empresas privadas”. La ley del Gobierno garantiza que las tierras de campesinos e indígenas pueden ser dispuestas para su reubicación bajo la modalidad de préstamos por un año o expropiación pura y dura.
El FA propuso el “ordenamiento territorial y cambio climático con protección de las fuentes productoras de aguas. Incrementar fondos para todas las obras que se necesita en viviendas, infraestructuras, productiva y vial cobrando impuestos a las grandes empresas que se burlan de la SUNAT (entidad recaudadora de impuestos), entre ellas Telefónica, Lan Perú…”.
LAS EMPRESAS ACTUARÁN SIN CONTROL ALGUNO
La ley garantiza la participación de la empresa privada sin que la Controlaría General de la República emita un informe previo para la supervisión. No se obliga al Director del Plan del Gobierno a que comparezca ante el Congreso para rendir cuentas. En las tareas de reconstrucción no se garantiza la protección del patrimonio cultural o arqueológico ni ambiental.
Al dejar el proceso de rehabilitación de las zonas afectadas en manos de la iniciativa privada, sin control alguno, el gobierno y su aliado fujimorista plantean, en los hechos, que las causas que generaron el desorden que forjó la vulnerabilidad extrema de las zonas afectadas se repita.
No se ha aceptado que las obras tengan en cuenta la opinión técnica de los colegios de arquitectos y de ingenieros, y que no sean de aprobación automática. Esto es gravísimo. Al aplicarse la estrategia de alianza público-privada para la ejecución de obras, y que estas carezcan de todo control, ocurrirá que el empresario –como es normal en su caso– elabore sus proyecciones de costo y beneficio y opte por reducir costos a cuenta de las obras por realizar. Ello sin que nadie le pueda decir nada. E incluso, porque así lo manda la norma aprobada, sin posibilidad de sanción alguna.
No se trata solo de reconstruir sino de rediseñar la organización de la vida en el territorio de manera sostenible, destacan los sectores críticos. La ley aprobada es privatista y centralista al extremo. Parte del principio de que hay que favorecer al gran capital. Y todo sin control real. No solo no es ético beneficiarse de la desgracia de las personas sino que, como ya hemos señalado, en términos prácticos todo ello no conduce a los mejores resultados, y abre las puertas a actos de corrupción.
El presidente de la AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional en las que están, como “Empresas activas”, Ferrovial, Repsol, Sacyr, Telefónica… entre otras), Gonzalo Prialé, aplaudió entusiasmado la iniciativa de hacer negocio con el desastre. Asimismo, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) –que aglutina a empresas de los sectores del cemento, seguros, constructoras, inmobiliarias, ASBANC, bancos de Perú, fondos privados de pensiones… entre otros– expresó su total respaldo a la ley que permite que las empresas privadas se lucren con la reconstrucción del país.
9 de mayo 2017
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